Su origen es ese priismo parásito de más de 70 años.
En la geografía política de México, Tlaxcala ha sido históricamente subestimada por su tamaño. Sin embargo, en sus apenas 4,000 kilómetros cuadrados se gesta uno de los fenómenos de involución democrática más perfectos y perversos de México: la consolidación de una monarquía disfrazada de democracia.
La democracia a la tlaxcalteca es una realidad: un sistema de sucesión hereditaria que haría palidecer a las casas reales de la Europa medieval. Los apellidos Cisneros y Sánchez no son solo nombres en una boleta; son las escrituras de propiedad de un estado entero, articuladas hoy bajo la figura omnipotente y saqueadora del Clan Cuéllar-Sánchez.
Sin duda, el pecado original es el priismo, desde Ruiz Cortines en el país hasta la “Transformación” de clóset en el Tlaxcala actual.
La genealogía del poder en Tlaxcala no comienza con un voto, sino con una venia del centro y un pacto de sangre. Joaquín Cisneros Molina, el patriarca en la sombra, no solo fue gobernador (1957-1963), sino que después fungió como secretario privado de Gustavo Díaz Ordaz, arquitecto de la matanza de Tlatelolco. Aquí se sella el ADN de la familia Cuéllar Cisneros: un autoritarismo rancio, forjado en la época más oscura del presidencialismo mexicano, donde la lealtad al jefe supremo y el control social valían más que la dignidad humana.
Este origen es el molde genético del clan. Setenta años después, esa misma estirpe ha demostrado una capacidad camaleónica para sobrevivir a las transiciones. Habitaron el PRI cuando era el partido único, se mudaron al PRD cuando la marea cambió y hoy se envuelven en el manto de Morena con la misma naturalidad con la que un parásito cambia de huésped para seguir succionando la sangre del erario.
En el clan no hay convicción ideológica; hay una pulsión biológica por el presupuesto público. Se dicen “transformadores” mientras sus métodos de control son los mismos que usaban sus abuelos desde los años cincuenta.
El Clan Cuéllar-Sánchez García es una fusión de dos linajes para el saqueo, que pensábamos eran como el agua y el aceite.
Es imperativo comprender por qué la opinión pública y los analistas han acuñado el término “Clan Cuéllar-Sánchez”. No se trata de una simple coincidencia de apellidos en la nómina, sino de una alianza estratégica —matrimonial y patrimonial— que ha blindado las puertas del Palacio de Gobierno con un candado familiar. La unión de los linajes Cisneros, Cuéllar y Sánchez ha creado un ecosistema donde el poder no se delega: se hereda por derecho de alcoba y de sangre.
Se le denomina Clan Cuéllar-Sánchez porque han logrado lo que ningún otro grupo político: fusionar el control del Ejecutivo estatal con el del municipio más importante del estado, la capital, cerrando un círculo de protección absoluta e impunidad mutua.
Esta “alianza” funciona como un holding empresarial de la corrupción, donde el activo principal es la miseria de los tlaxcaltecas a cambio del saqueo. La distinción entre lo público y lo familiar se ha borrado por completo; hoy el Gobierno del Estado es la oficina de relaciones públicas de una sola familia.
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros siente que ya tiene un heredero. Primero secuestró la capital y ahora quiere el estado.
El ascenso de Lorena Cuéllar Cisneros a la gubernatura (2021-2027) no representó la llegada de la justicia social, sino el retorno triunfal de una de las dueñas de la hacienda. También fue alcaldesa de la capital (2008-2010). Es nieta de dos gobernadores (Cisneros Molina y Crisanto Cuéllar Abaroa) y personifica la culminación de un proyecto de casta.
Bajo su mandato, la división de poderes en Tlaxcala ha pasado a ser una sugerencia decorativa, un teatro de sombras donde los legisladores son meros empleados de la familia.
Lorena es sobrina de Joaquín Cisneros Fernández, hijo del ex gobernador, quien fue presidente municipal de la capital en dos ocasiones —1980-1982 y 1992-1994—, aunque usted no lo crea. Un junior político, frustrado aspirante a gobernador, con una larga cola de corrupción y fraudes, sin dejar de mencionar su alcoholismo recurrente.
Por cierto, haciendo una pausa, la enfermedad del alcoholismo y “otras cosas” también se presentan en la otra parte del clan, los Sánchez. Ya nos ocuparemos de ello en próximas entregas.
La gravedad del asunto alcanza niveles de cinismo con la figura de Alfonso Sánchez García, actual presidente municipal de la capital. Su padre, Alfonso Sánchez Anaya (gobernador de 1999-2005), es sobrino del ex gobernador fallecido Emilio Sánchez Piedras (1975-1981). Su esposa es María del Carmen Ramírez, madrastra de Alfonso Jr.; así, Ponchito representa la tercera generación de príncipes que reclaman su herencia.
La configuración actual es una aberración de poder: la otrora enemiga a muerte de Sánchez Anaya gobierna la entidad y el hijo de su nuevo aliado administra la caja de la capital. En Tlaxcala, la política se ha convertido en la fusión de dos castas, enterradas bajo el peso de sus apellidos.
Hacen del presupuesto estatal y municipal la caja —no tan chica— del clan. El dominio del Clan Cuéllar-Sánchez no se sostiene solo con genealogía; se aceita con la rapiña presupuestal. Bajo la administración de Lorena Cuéllar, la asignación de obra pública se ha transformado en un mecanismo de pago de favores, de “moches millonarios” y de consolidación patrimonial.
El esquema es de un cinismo quirúrgico: mientras el discurso oficial presume una “transparencia” que raya en la precariedad para el pueblo, las licitaciones de gran calado suelen quedar en manos de un reducido círculo de empresas constructoras vinculadas a prestanombres de la familia o a socios estratégicos del centro del país.
El control de la capital por parte de Alfonso Sánchez García no es una casualidad electoral; es la pieza maestra para cerrar el circuito de las adjudicaciones directas. Fue titular de Infraestructura estatal y perfeccionó el modus operandi. Con Lorena en el Palacio y él en el Ayuntamiento, la vigilancia sobre el uso de recursos federales y estatales se vuelve una farsa. Tlaxcala funciona hoy como una lavandería de legitimidad, donde se inflan costos de infraestructura básica mientras los servicios de salud se caen a pedazos y la inseguridad desborda las calles.
A nivel nacional, el clan ha sabido tejer alianzas con los grupos de poder más influyentes, vendiendo la “seguridad y estabilidad” de Tlaxcala a cambio de impunidad total. Se han vuelto expertos en el intercambio de favores: Tlaxcala garantiza votos y una plaza silenciada a cambio de que la federación ignore el evidente nepotismo y las irregularidades financieras. Esta protección del centro, que pensamos pende ya de un hilo, les permite operar como un cártel político, sintiéndose intocables frente a cualquier institución de fiscalización.
Resulta asqueroso observar cómo estos personajes utilizan el discurso de “una nueva historia de bienestar y progreso” para proteger sus privilegios de casta. Alfonso Sánchez Anaya, quien saltó del PRI al PRD para ser gobernador, dejó una estela de nepotismo que hoy sus descendientes perfeccionan.
Su esposa, María del Carmen Ramírez, la “Hilary tlaxcalteca”, intentó sucederlo directamente en 2004, en un acto de desfachatez que incluso entonces causó escándalo. Hoy esa misma ambición desmedida se ha normalizado bajo el manto protector del oficialismo. Quizá con ellos siempre ha sido así.
Esta metástasis de los apellidos Cisneros y Sánchez ha silenciado las voces críticas mediante la cooptación de la prensa local, que actúa como boletín de elogios para la familia. En Tlaxcala, la oposición no existe porque los líderes de los supuestos partidos contrarios son familiares, comadres (Beatriz Paredes Rangel) o socios de la misma élite. Es un sistema cerrado, hermético, donde el ciudadano es sólo espectador de su propio despojo. Cada uno tiene sus huestes, igual de rateras y ladrones institucionales.
Tlaxcala se encuentra ante su última oportunidad histórica de romper las cadenas. Si permite que esta élite siga perpetuándose en el poder con la imposición del delfín Alfonso Sánchez García, estará condenando a los tlaxcaltecas a otros seis años de “pandemia política”, de gobernantes parásitos y saqueadores.
Seguir permitiendo que el Clan Cuéllar-Sánchez administre el estado como su rancho particular es aceptar una condición de vasallaje que humilla a las generaciones futuras. No se puede seguir siendo el laboratorio de nepotismo de una familia que ha demostrado ser incapaz de generar bienestar, pero experta en generar riqueza propia.
Siete décadas de dominio son más que suficientes para entender que esta familia no trabaja para Tlaxcala; Tlaxcala es la servidumbre que mantiene el estilo de vida de los Cisneros, los Cuéllar, los Sánchez y los González. Los demás —los Paredes, los Mena y los Ortiz— son sanguijuelas que han logrado pegarse a la ubre del clan.
La indignación debe dejar de ser un susurro en los cafés para convertirse en un grito de exigencia en las calles.
Si la ciudadanía no reacciona ante esta evidencia de secuestro político, el destino de Tlaxcala será el olvido y la miseria bajo la bota de una dinastía que no se detendrá hasta que no quede un solo peso en las arcas.
************************************************************
Post Views: 5.026