Tlaxcala: El Estado donde el crimen opera desde dentro de las cárceles y la necesidad de la urgente toma de decisiones
“No quiero amanecer muerto”. La frase de Ventura Holguín retumba no como una exageración paranoica, sino como la crónica de un asesinato anunciado en un estado que ha decidido normalizar el horror.
Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar declara en todos lados, en sus encuentros ciudadanos y en foros nacionales de encabezar la entidad “más segura del país”, las paredes de sus centros penitenciarios supuran una realidad que desmiente cada una de las cifras oficiales: en Tlaxcala, la ley no la dicta el Código Penal, sino la mafia que controla las rejas.
No se pueden olvidar las denuncias y los hechos del 2025, cuando se destapó el infierno de las extorsiones en las calles de Tlaxcala, pero con internos de las cárceles estatales.
Para entender el terror que hoy vive Holguín, es imperativo mirar hacia atrás. En agosto de 2025, el sistema penitenciario tlaxcalteca sufrió un sismo que debió haber provocado una purga total, pero que sólo terminó en cosmética institucional.
En aquel entonces, las denuncias destaparon una cloaca putrefacta: el director de los penales, Juan Antonio Martínez Guerrero, fue destituido tras revelarse que no solo permitía la extorsión, sino que presuntamente obligaba a los internos a salir de la cárcel para asaltar gasolineras y cometer homicidios por encargo.
Aquel escándalo de 2025 dejó al descubierto tarifas de sangre: cuotas de entre 2,500 y 3,500 pesos mensuales por el «derecho» a trabajar o simplemente para no ser golpeado. Se documentó el incendio de viviendas de familiares de presos como método de cobro y el acoso sexual sistemático contra las mujeres que acudían a las visitas.
Hoy, la aparición de la carpeta de investigación 604-2025 es la prueba irrefutable de que las promesas de «limpiar la casa» fueron una simulación cínica.
La gobernadora no puede ni debe guardar silencio, algo muy sucio sucede al interior de los centros penitenciarios de Tlaxcala, que requieren una cirugía mayor, auditorías operativas, administrativas y persecución de delitos en su caso.
Su administración parece haber perfeccionado el arte del silencio o simplemente la negación de todo lo que le afecta a la imagen del gobierno.
Tolerar que un recluso tenga que clamar por su vida en redes sociales porque las autoridades locales y la Fiscalía ignoran sus denuncias, podría considerarse una complicidad.
La figura del “homicidio en riña”, mencionada por Holguín, no es otra cosa que el sello burocrático para ocultar ejecuciones de estado dentro de los muros del Cereso.
Si el gobierno de Tlaxcala permite que sujetos como «El Jarocho» opere como brazos ejecutores de la dirección del penal, estamos ante un Estado en crisis. La impunidad con la que se mueven los mandos medios —muchos de ellos reciclados de la crisis del año pasado— sugiere que el botín de la extorsión escala hasta niveles donde la justicia ya no alcanza a ver.
El preso denuncia que tiene una sentencia de muerte. La vida de Ventura Holguín pende de un hilo, pero la credibilidad de las instituciones de Tlaxcala está muy desgastada.
No se puede hablar de transformación cuando los centros de reinserción funcionan presuntamente como escuelas de sicariato y cajas chicas de la política.
Si Holguín «aparece» muerto, colgado o víctima de una pelea casual, la responsabilidad histórica y penal no será de un custodio de bajo rango, sino de la administración estatal que prefirió cuidar su estadística de seguridad antes que la vida de los seres humanos bajo su custodia.
Tlaxcala no es segura; Tlaxcala está silenciada por el miedo.
La destitución del director del penal en 2025 tras las primeras denuncias de extorsión y criminalidad organizada dentro de la cárcel, no fue suficiente. La percepción de inseguridad de los tlaxcaltecas sigue creciendo y ya es muy preocupante.
Es muy importante que la gobernadora ponga especial atención en este problema y en todos los que no han sido atendidos porque sus colaboradores duermen el sueño de los justos.
El gobierno de Cuéllar Cisneros, también pende de un hilo muy delgado: la violencia en las calles, los linchamientos, las ejecuciones, las riñas, la extorsión que sufren los empresarios y peor aún ahora también los fraudes vía telefónica a una de las instituciones del sector educativo estatal, el ITIFE.
No importa que le queden un poco más de un año de su gobierno, hay que tomar decisiones, nadie va a cuestionar a la gobernadora si hace los cambios en su gabinete legal y ampliado, porque así conviene a los tlaxcaltecas, no a los grupos políticos que ven en las secretarías y dependencias, lacerantes cotos de poder.
Han sido días negros para a la administración en las últimas semanas. Aparición de presuntas narconóminas que no se pueden solo negar desde un podio; el crimen del matrimonio poblano Tello-Ruíz en territorio tlaxcalteca, ensombrecido por las dudas y las sospechas.
Una turba linchando a un individuo, ejecución de una abogado, robos y extorsiones, peleas familiares en la vía pública y protestas campesinas, son hechos que no deben ser considerados sólo como una mala racha para el gobierno de Lorena Cuéllar, es un aviso de que las cosas se pueden poner más feas.
Hacer cambios, destituir incompetentes, terminar con la plácida vida de lujos de los funcionarios de primer nivel del gobierno estatal, es urgente, cada día tiene uno menos para resolver y darle a los tlaxcaltecas resultados.
La pésima percepción de inseguridad ciudadana en Tlaxcala, no es un asunto de psicología social, es un síntoma de que la realidad en calles y comunidades está por ingresar a terapia intensiva por falta de las soluciones que todos esperamos.
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