Tres de los hombres más corruptos del viejo PRI se reunieron en Tlaxcala para “celebrar” sus fechorías, en algo parecido a “Servirse del pueblo para vivir”.
En un acto que roza lo grotesco y lo imprudente, el pasado 8 de enero de 2026, Joaquín Cisneros Fernández presentó su libro de memorias “Vivir y Servir”, un texto que, lejos de ser un balance honesto de su trayectoria, se convierte en un autoelogio selectivo y un vituperio que omite convenientemente los capítulos más oscuros de su vida política y personal.
Lo más indignante no fue el contenido del volumen, predecible por hacerse la víctima del PRI en 1998, sino el espectáculo que lo acompañó: flanqueado por dos figuras emblemáticas de la corrupción priista de los años 70, Augusto Gómez Villanueva y Alfredo Ríos Camarena, símbolos vivos del abuso de poder, el desfalco y la impunidad.
Esta reunión de ninguna manera ha sido casual: los tres personajes piensan que los mexicanos no tenemos memoria y que todas sus fechorías ya se han olvidado. Los tres fueron protagonistas centrales del escandaloso fraude del Fideicomiso Bahía de Banderas, Nayarit (FIBBA), durante el sexenio de Luis Echeverría, un caso que representó uno de los mayores saqueos al erario público de la época.
Augusto Gómez Villanueva, considerado uno de los hombres más poderosos durante el “echeverrismo”, vio su nombre manchado por su cercanía con Ríos Camarena y por su gestión en el sector agrario.
Estuvo vinculado directamente con el desfalco en Nayarit. En 1977, Gómez Villanueva era el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Bahía de Banderas. Cuando estalló el escándalo de Ríos Camarena, las investigaciones lo señalaron por presunta complicidad o negligencia en el uso de los fondos.
Como se acostumbra en la política mexicana, el “castigo” de Gómez Villanueva fue el exilio dorado: ante la presión política y las acusaciones de corrupción en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el entonces presidente José López Portillo decidió “alejarlo” para evitar un escándalo mayor. Pidió licencia como diputado y fue enviado como embajador a Italia. López Portillo escribió en sus memorias que su situación en México era “insostenible”.
A Gómez Villanueva, también siendo titular de la Reforma Agraria, se le acusó de utilizar la Secretaría para favorecer a grupos políticos afines y de reprimir movimientos campesinos independientes, consolidando el control corporativo del PRI sobre el campo.
Alfredo Ríos Camarena es, de los tres, quien enfrentó las consecuencias legales más severas y fue el protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio de Luis Echeverría: el Fraude del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). Como director del fideicomiso (creado para el desarrollo turístico en Nayarit), fue acusado de un desfalco millonario.
La prensa de la época documentó que Ríos Camarena utilizó recursos públicos para adquirir acciones de una empresa privada llamada “Nuevo Vallarta”, en la cual él mismo y otros funcionarios tenían intereses, entre ellos Joaquín Cisneros Fernández.
Se dio a la fuga fuera de México tras detectarse un desvío de aproximadamente 530 millones de pesos (una cifra astronómica para 1977), pero fue detenido por el FBI en Miami y extraditado a México. Pasó cerca de tres años en prisión (1977-1980). A pesar de su historial, tras salir de la cárcel intentó rehabilitar su imagen e incluso regresó al debate público como analista y académico, pero nunca lo logró.
De Joaquín Cisneros Fernández, quizá uno de los personajes más criticados en Tlaxcala por representar lo peor del “nepotismo dinástico” del PRI, se podría escribir otro libro sobre lo que no dijo en su libro “Vivir y Servir”, que en términos más precisos debió llamarse “Servirse del pueblo para vivir”.
Joaquín ocupó diversos cargos en la administración pública en su vida, pero nos enfocamos solo cuando durante la gestión de Gómez Villanueva en la Secretaría de la Reforma Agraria, la prensa de la época lo señaló por diversas irregularidades en la entrega de títulos de propiedad y el manejo de fideicomisos turísticos ejidales.
Aprovechando su cargo en la Secretaría de la Reforma Agraria y con la poderosa influencia de su padre (el exgobernador Joaquín Cisneros Molina, muy cercano al presidente Gustavo Díaz Ordaz durante la matanza del 68 de Tlatelolco), participó en el manejo irregular del mismo fideicomiso de Bahía de Banderas al lado de Alfredo Ríos Camarena.
Cuando el escándalo estalló, lejos de enfrentar consecuencias judiciales como sus cómplices, fue “sacado del país” (dicen que a España) durante años, para que el caso “se enfriara”, una maniobra clásica de protección del viejo régimen priista.
En “Vivir para servir”, Joaquín tampoco explica por qué personalmente pidió que se detuviera la investigación judicial del asesinato, durante el gobierno de Sánchez Anaya, de su hermana Margarita Cisneros (madre de la actual gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros), que perdió la vida en circunstancias nunca aclaradas y que sucedió en momentos en que la familia Cisneros estaba en disputa por la inmensa herencia familiar, de la que él fungía como albacea.
Tampoco dijo en su libro que, más allá de que hubiesen tenido responsabilidad en su derrota de 1998, José Antonio Álvarez Lima y Beatriz Paredes Rangel no tenían una buena relación con él y nunca estuvieron de acuerdo en su candidatura por conocerlo perfectamente, entre otras cosas, por su abusivo y fraudulento manejo de la Feria de Tlaxcala, la cual organizó durante muchos años sin rendirle cuentas a nadie de las ganancias anuales del evento.
Mucho menos refirió en sus memorias que lo que realmente le hizo perder la elección del 98 a Joaquín Cisneros, fue que se hicieron públicas informaciones de su pasado turbio en su vida personal: el “despojo” que hizo del patrimonio económico y de bienes inmuebles a su primera esposa y el fraude de Bahía de Banderas en el que estuvo involucrado.
Información que, en plena campaña, publicaron a nivel nacional el periodista Pedro Ferriz de Con y el periódico *Síntesis* en su edición de Tlaxcala.
Y otro de los “temas” que tampoco toca Joaquín Cisneros en el libro es que el “alcoholismo” del que padecía en la campaña a gobernador fue ampliamente expuesto y documentado: llegaba “borracho” a los actos de campaña o simplemente se quedaba dormido en el presídium. De eso hay fotografías y testimonios.
En fin, ¿para qué despertar muertos como estos tres personajes tan “emblemáticos” de la corrupción en los “tiempos de gloria” del PRI: Gómez Villanueva, Ríos Camarena y Joaquín Cisneros.
Y mucho menos prudente que Joaquín, a sus 84 años, salga ahora, por los intereses políticos y de futura protección ante la justicia de su sobrina Lorena Cuéllar, a apoyar a su “delfín” Alfonso Sánchez García, hijo del hombre que lo derrotó en el 98 y al que maldijo y juró hundir alguna vez en su vida. Que vueltas da la vida, los intereses en política (sobre todo los económicos), valen más que las convicciones.
Joaquín, al tocar con su mano corrupta a un aspirante de Morena, es la peor señal política para Tlaxcala, no lo merece. Joaquín Cisneros Fernández representa lo más podrido de la “vieja guardia” priista: nepotismo, desvíos, impunidad y cinismo.
Tlaxcala ha sufrido décadas de cacicazgos familiares, donde persisten heridas que nunca cerrarán y revivir a estos “muertos políticos” no es nostalgia ni reflexión histórica: es una afrenta a la memoria colectiva y un intento descarado de legitimar lo ilegítimo.
Joaquín Cisneros Fernández regresa —o pretende regresar— a la escena pública no para pedir perdón ni aclarar cuentas por su oscuro pasado y el de su familia, sino para victimizarse y recibir el aplauso de cínicos ex priístas vestidos de guinda bienestar.
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