Una de dos, o el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, ya perdió el control del gabinete, incluido en Congreso de Estado o un grupo del lorenismo ya se rebeló y ahora busca deshacerse de un aliado que al parecer dejó de ser útil para la sucesión.
Y lo anterior surge luego de la postura que ayer asumió la legisladora de Morena, Anel Martínez Pérez, quien después de negar una y otra vez la comparecencia de funcionarios estatales en complicidad con sus compañeros diputados y diputadas, ahora descubrió que en el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros hay colaboradores omisos, negligentes e irresponsables que deberían renunciar tras el siniestro ambiental registrado en un cerro del municipio de Atltzayanca.
De acuerdo con esa bisoña diputada, durante el incendio registrado la semana pasada no se perdieron 700 hectáreas, sino más de 200 mil debido a que los funcionarios lorenistas fueron descuidados y flojos para atender ese siniestro natural que comenzó el pasado 15 de abril, porque no hicieron nada para apoyar a los habitantes y a las brigadas conformadas en ese municipio, porque dieron información errónea y parcial como la difundida por Juvencio Nieto Galicia, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala y porque los colaboradores de la mandataria fueron omisos.
Desde la tribuna del Poder Legislativo, Anel Martínez pidió la renuncia de los funcionarios que fallaron y que según ella no están al nivel de la gobernadora Cuéllar.
La neo morenista no tuvo el valor para poner nombre y apellido a qué funcionarios se refería y tampoco se acordó que ella y sus compañeros de partido junto con otros legisladores aliados han obstaculizado la comparecencia de algunos miembros del gabinete que ha requerido la oposición, específicamente las diputadas del PRD, Laura Flores Lozano y Blanca Águila Lima.
Y tan alebrestada la joven política estaba que sostuvo que la irresponsabilidad y la omisión de los lorenistas serán castigadas por la sociedad, porque el pueblo sabe muy bien quiénes fueron los que fallaron en esa tragedia.
Me queda claro que el dardo envenenado de la diputada fue enviado no sólo para el fiestero Juvencio Nieto, sino para el secretario de Gobierno, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, Pedro Aquino Alvarado, titular de la Secretaría del Medio Ambiente e Iván García Juárez, responsable de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.
Si bien nadie subió a respaldar a la morenista, tampoco hubo legisladores o legisladoras que salieran a defender y respaldar a los funcionarios antes mencionados.
Pero lo que llama la atención es que el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Ever Alejandro Campech Avelar, no hizo nada para matizar la crítica de su compañera de bancada o para frenar su intervención que era obvio dañaría la imagen de la administración estatal.
Hubo un lapsus brutos en el Congreso de Estado o quién dio la orden para dejar pasar la crítica y alentar más las voces que piden y exigen un cambio en la secretaría de Gobierno.
Será que la “diputada 26”, Marcela González Castillo, líder estatal de Morena, no se enteró del asunto o sencillamente hizo que no supo nada del tema para desgastar más a Luis Antonio Ramírez y seguir alimentando la posibilidad de impulsar a Ever Alejandro Campech como sucesor del morelense.
Son preguntas, conste.
Al final, todos saben que en el Congreso del Estado existe un férreo control sobre los morenistas y aliados, pues éstos antes de subir temas, iniciativas y posturas no sólo las consultan, sino que piden permiso para que éstas puedan ser abordadas desde la tribuna, de ahí que algo o alguien falló y provocó que los funcionarios lorenistas fueran ahora crucificados en el Poder Legislativo de Tlaxcala.
Supongo que nada tendrá que ver con el hecho que Luis Antonio Ramírez es un abierto promotor de las aspiraciones de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo a nivel federal, quien está interesada en convertirse en candidata de Morena al gobierno de Tlaxcala.
Por más que lo nieguen, las pugnas y pleitos entre los lorenistas son evidentes.
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