El consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González, está convertido en todo un clon de “la Chimoltrufia” porque es bueno para tratar de censurar y obstaculizar a los periodistas y a los medios de comunicación, pero pésimo y malísimo para aplicar la ley y garantizar la imparcialidad, la equidad, la certeza y la legalidad del proceso electoral extraordinario.
Resulta que según ese experto metido a árbitro electoral, el proceso para elegir el próximo 1 de junio a jueces y magistrados tlaxcaltecas es diferente a otros y por lo tanto se aplican otros criterios, pero lo malo es que ni precisa ni aclara por qué hoy los aspirantes a esos cargos no están obligados a separarse de sus puestos ni por qué otros integrantes del Poder Judicial que, en breve estarán en campaña, pueden promoverse sin ninguna restricción a 13 días de que inicien las actividades proselitistas que por ley deben realizar.
En una declaración que realizó a diferentes medios de comunicación, el “Chimultrufio” Emmanuel Ávila sostuvo que la reforma Constitucional al Poder Judicial que se aprobó y sirvió de pretexto para realizar el proceso electoral local extraordinario, no determinó si las y los aspirantes que se encuentren en cargos públicos están obligados a solicitar licencia, puesto que dicha condición sólo aplicaría únicamente a quienes ostenten la titularidad o reciban el sueldo equivalente de alguna secretaría del gabinete estatal.
Si bien hay funcionarios estatales de diferentes dependencias y áreas del gobierno estatal que aparecen como candidatos a jueces o magistrados, lo cierto es que también existen magistrados en funciones y otros integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tlaxcala que perciben un salario igual o superior al de un secretario del gabinete de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, razón por la cual estarían obligados a pedir licencia al menos durante el mes que realizarán campaña.
En ese supuesto están varios magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal de Justicia Administrativa que según la información oficial ganan hasta en algunos casos cerca de 200 mil pesos mensuales, cantidad que también reciben algunos integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y que quieren convertirse en magistrados.
Si lo anterior no rompe la equidad que debería cuidar y garantizar la autoridad electoral tlaxcalteca, entonces no sé qué otro ejemplo podría evidenciar que los consejeros del ITE encabezados por el incompetente Emmanuel Ávila sólo simulan un proceso que está lejos de dar certeza y garantizar una contienda imparcial, justa y legal.
Una simulación más, es que mientras a los reporteros tlaxcaltecas se les condiciona la forma en que deberán hacer su trabajo en las próximas campañas de los aspirantes y las aspirantes a jueces y magistrados al grado de estar obligados a entrevistar a todos los candidatos y no sólo a unos cuántos, el ITE no ve los actos anticipados de promoción que realizan algunas de las candidatas como es el caso de la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, quien publicó en el periódico El Sol de Tlaxcala un artículo para hablar, según ella, de las bondades de la elección extraordinaria y la importancia que tendrá la participen los ciudadanos.
Aquí los dos últimos párrafos de su artículo titulado “La reforma judicial y sus nuevas oportunidades”:
“Las nuevas oportunidades de esta reforma no se deben agotar en la forma en que se designan jueces y magistrados, sino en cómo se garantiza una justicia más eficaz, más humana y más cercana. En este contexto, es crucial incentivar a la población tlaxcalteca a participar activamente en el proceso electoral del poder judicial. Esa es la aspiración que compartimos quienes creemos en el derecho como una herramienta de paz y de equidad”.
“Es derecho de todas y de todos contar con jueces y magistrados con amplios conocimientos y experiencia en el derecho, pero sobre todo con vocación de servicio y visión humanista, hoy el poder de elegirlos está en la ciudadanía”.
Está más que clara su adelantada promoción y su intención de decir que ella forma parte de los magistrados con experiencia y con una comprobada vocación de servicio.
Quizá si fuera otro proceso electoral, su acto anticipado sería sancionado, pero como éste es diferente y el ITE sólo está para simular, nadie ve ninguna irregularidad.
Vaya farsa la que estamos viendo.
Y es tan desaseado el proceso electoral que la juez en funciones, la panista Claudia Pérez Rodríguez, renunció anoche a su candidatura a Juez en materia Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
Aunque argumentó que su dimisión es por asuntos personales, algunos piensan que la ex candidata a la presidencia municipal del PAN en Tlaxcala optó por abandonar la contienda al no existir condiciones para que se lleven a cabo unos comicios limpios, transparentes y legales.
Así las cosas.
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