Después de varios meses de diferencias y actitudes rebeldes de la mayoría de los notarios, ayer se confirmó que el nuevo presidente del Colegio de Notarios del Estado de Tlaxcala es el priista José Aarón Pérez Carro.
En enero, la mayoría de los fedatarios tlaxcaltecas decidió renovar la dirigencia del mencionado colegio que estaba en manos de Martín Macías Pérez y designó a Selene Cabrera García, movimiento que al parecer no fue del agrado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien encargó frenar el asunto al secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.
Fue así que en febrero pasado, el morelense Luis Antonio Ramírez y otros funcionarios como la directora de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, Dora Delia Hernández Roldán, el encargado de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tlaxcala, Neri Toshiro León Sauza y el representante del SAT sostuvieron una reunión con los notarios donde les dejaron ver que su proceder no había sido el correcto y que éste debería corregirse y devolver la representación del colegio a Martín Macías, lo cual se hizo a fin de evitar una confrontación.
Y tuvieron que pasar dos meses para que se realizara la renovación de la presidencia del Colegio de Notarios del Estado de Tlaxcala. La semana pasada fue cuando se decidió designar al ex secretario de Gobierno, José Aarón Pérez como nuevo representante de los fedatarios de la entidad, pese a que siempre se había mantenido al margen de sus compañeros, junto con Antonio Flores Sánchez, que recibió la patente al mismo tiempo que el priista.
Algo sucedió en los últimos meses que Pérez Carro fue utilizado por el gobierno lorenista para algunas tareas importantes, como dar fe y encargarse de la tómbola que empleó el comité para evaluar y elegir a los candidatos y las candidatas que podrían participar en la elección extraordinaria del 1 de junio para elegir jueces y magistrados de la entidad, la cual salió a modo de las actuales autoridades.
Dicen que la cercanía de Luis Antonio Ramírez y José Aarón Pérez no es casualidad, de ahí que la llegada del ex secretario de Gobierno a la presidencia de los notarios tendría la intención de facilitar y operar no sólo la designación del morelense como futuro fedatario, sino de otros dos funcionarios lorenistas que ya pidieron ser recompensados por sus servicios al terminar la actual administración.
Junto con Ramírez Hernández trascendió que serán nombrados notarios la titular de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Sánchez Ramírez.
Sólo falta saber cuándo y en qué notaría hicieron sus prácticas por seis meses continuos , pues es un requisito que se debe cumplir y acreditar.
El proceso para designar notarios y brincar uno que otro obstáculo lo sabe muy bien José Aarón Pérez, ya que sabe muy bien cómo él y su homólogo Antonio Flores obtuvieron las patentes, por lo que hoy sus conocimientos y asesoría para que los funcionarios lorenistas sean premiados al finalizar el gobierno son fundamentales.
Aunque aún faltan muchos meses para que se confirme la entrega de nuevas notarías, lo anterior tiene altas posibilidades de que suceda y por esa razón ya hay varios interesados en revisar el proceso tan luego se haga público para verificar si se apegó a derecho o si nuevamente se hizo a un lado a la ley para premiar a los amigos y amigas del poder.
Un mes ha pasado y no hay avances en la investigación
Nadie sabe por qué la denuncia contra el primer regidor del ayuntamiento capitalino Alejandro Alonso N. no se ha podido integrar a un mes de que fue señalado y acusado de golpear a su esposa y ejercer violencia física, psicológica y patrimonial contra ella.
El caso no era tan complicado porque había evidencias, un señalamiento directo y peritajes de médicos legistas que confirmaron que la pareja del funcionario municipal fue maltratada, sin embargo es la hora que la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala no procede, situación que para la mamá de la víctima, Margarita N., resulta sospechosa porque pareciera que hay órdenes para proteger al violentador.
Lo anterior lo expuso durante la presentación de la propuesta de la Ley 3 de 3 en Tlaxcala (propone cambios legales para que ninguna persona pueda ser postulada o nombrada como funcionaria pública si cuenta con una sentencia definitiva por violencia sexual, violencia en razón de género o si es deudora alimentaria) por parte de la activista Yndira Sandoval que se llevó a cabo en el Congreso del Estado.
El caso del primer regidor capitalino ya se complicó y es obvio que la familia de la víctima no está conforme con que sólo haya dejado el cargo en el ayuntamiento, sino que quiere que se le aplique la ley al presunto agresor.
Pronto veremos si hay justicia o impunidad sobre ese asunto.
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