Pareciera que los tlaxcaltecas están llegando a su límite y que cada vez están más convencidos de tomar la justicia en sus manos.
Ante la ola delictiva que se encuentra imparable, los ciudadanos y las ciudadanas están decididos a frenar los raptos de menores de edad, los robos, los actos de acoso y otros delitos más que sencillamente las fuerzas de seguridad no quieren ver o no quieren intervenir, salvo para rescatar a los probables infractores de la ley.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Perea Marrufo, capitán de la Marina nacido en la Ciudad de México pero exportado del municipio de Othón P. Blanco de Quintana Roo donde se encargaba de la policía y del tránsito, empezó a descubrir el Tlaxcala bronco que había permanecido aletargado, pero que por lo últimos acontecimientos registrados la semana pasada empieza a despertar.
Y créame que ese rostro o comportamiento no le conviene ni lo debe provocar más no sólo el ineficiente Perea Marrufo, sino el morelense que se encarga de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, porque sólo falta un exceso o un error de la policía estatal a la hora de salvar a presuntos criminales que han enfrentado la posibilidad de ser linchados para que estalle un verdadero conflicto.
La semana pasada fue trágica para Tlaxcala. Inició el martes con la ejecución de un presunto abusador sexual de una menor que raptó a una niña de 10 años en la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, perteneciente al municipio de Nativitas.
Unas horas después hubo otro intento de linchamiento en Zacatelco, donde los elementos de seguridad pudieron rescatar a tiempo a un presunto acosador de mujeres que fue retenido por vecinos de la Octava Cerrada de la 2 de Condesa Poniente, en la Segunda Sección del municipio de Zacatelco.
El viernes por la noche, habitantes del barrio de Tlaltepango del municipio de San Pablo del Monte, estuvieron a punto de quitarle la vida a varias personas que viajaban en una camioneta y que fueron acusadas de intentar secuestrar a una niña.
La llegada oportuna de elementos del Ejército Mexicano evitó la tragedia, pero la turba decidió quemar la unidad automotora de los presuntos secuestradores que fueron entregados a elementos de la policía estatal y municipal.
La tarde noche del sábado se reportó otro suceso en la comunidad de San Buenaventura del municipio de Papalotla. Los vecinos lograron detener a un sujeto que intentó robarse una motocicleta, razón por la cual fue retenido y amarrado a un poste, donde empezó a ser agredido por los ciudadanos molestos por la inseguridad que prevalece en la región.
Ante el riesgo de que el detenido pudiera ser golpeado de más, los elementos de la policía estatal lanzaron gases y procedieron a golpear a los inconformes para rescatar al presunto delincuente, lo cual consiguieron pero se ganaron el repudio de los habitantes que en protesta decidieron cerrar por varias horas la circulación vial de la carretera federal Puebla-Zacatelco.
Y por si no fuera suficiente, en la madrugada de ayer domingo, habitantes de San Sebastián Xolalpan, del municipio de San Pablo del Monte, sorprendieron a un individuo cuando intentaba sustraer la batería de un vehículo estacionado en la vía pública.
Los vecinos se organizaron y lo retuvieron, lo cual fue aprovechado para darle una golpiza. La intervención de la policía municipal evitó una tragedia.
Los últimos acontecimientos revelan que algo no está funcionando en la entidad y que el malestar de los tlaxcaltecas por temas de inseguridad está escalando a un punto peligroso que pronto podría salirse de control.
Sólo falta que los elementos de Alberto Perea se excedan o atenten contra la vida de una persona inocente o detenga a alguien que participe en los intentos de linchamiento para que la inconformidad se desborde y se recrudezca la violencia.
Es evidente que algo está mal en la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, pues desde la salida de Luis Vargas González de la Dirección de Gobernación los conflictos en los municipios de la entidad se han agudizado y se han disparado los intentos de linchamiento, como si ya nadie hiciera trabajos de inteligencia y de prevención de problemas y de diálogo.
De las personas retenidas y a punto de ser linchadas no se sabe nada, es decir, no se conoce si las autoridades les abrieron una investigación por los supuestos delitos que cometieron y respecto a la persona ejecutada en Nativitas, hasta ahora la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala sigue viendo a quién culpar, pero en lo personal dudo que haya detenidos porque hacerlo implicará generar un conflicto que el gobierno tratará de evitar por todos los medios.
El malestar ciudadano es una realidad y nadie lo podrá negar.
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