En un estado con tantas necesidades y problemas, resulta ofensivo saber la cantidad de dinero público que se tirará para organizar unas elecciones extraordinarias para elegir magistrados y jueces en Tlaxcala.
Resulta que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones destinará 40 millones de pesos para imprimir más de 7 millones de boletas que serán utilizadas el próximo 1 de junio para los mencionados comicios.
Lo anterior resulta absurdo y ofensivo, porque de acuerdo con estimaciones y proyecciones que han realizado empresas especializadas en pronosticar la participación ciudadana en las próximas elecciones, se calcula que de más de un millón de personas que están en posibilidades de sufragar, sólo acudirán a las mesas receptoras de votos 200 mil o máximo 250 mil electores.
El desperdicio será monumental y el despilfarro de dinero público también, porque si los tlaxcaltecas no han mostrado el mínimo interés por la elección de jueces y magistrados para la entidad, menos le interesa el proceso federal que también se organiza para que sean votados los aspirantes a ministros, magistrados y jueces federales.
La elección extraordinaria es un fracaso y un ejercicio que está lejos de ser un ejemplo democrático.
Las quejas sobre el desarrollo del proceso a nivel federal son la constante y en Tlaxcala ya se empezó a evidenciar la inconformidad de ciertos aspirantes, como la jueza Claudia Pérez Rodríguez, quien había sido suspendida, pero que logró a través un amparo que obtuvo, la suspensión provisional de ese acto.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala envió al Congreso local la suspensión, lo que Claudia Pérez aprovechó para denunciar violencia política en su contra y una clara violación a la ley.
El mencionado Consejo no sólo suspendió a la ex diputada federal, sino a otras dos juezas tlaxcaltecas más, de ahí que se descarta que tal decisión busque perjudicar específicamente a la panista Pérez Rodríguez.
Y ya que hablamos de panistas, me dicen que el gobierno lorenista sigue abriendo las puertas a sus ex adversarios políticos. Por ejemplo, el ex alcalde de Apizaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, mejor conocido como “El Cubas”, ya trabaja en la actual administración bajo las órdenes del ex priista Noé Rodríguez Roldán, quien se desempeña como coordinador de Planeación e Inversión.
El ex edil de la ciudad rielera se tuvo que conformar con un cargo de segundo o tercer nivel luego que en la pasada administración estatal se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico.
Otro ex panista que también se incorporó a la nómina estatal fue Vicente Hernández Roldán, ex presidente municipal de Calpulalpan. Ahora es flamante Director de la Unidad de Capacitación del Icatlax en el plantel de Chiautempan.
Los cambios y la llegada de más ex priistas y ex panistas a la administración no están siendo bien vistos por los lorenistas que al igual que los morenistas se sienten desplazados por políticos que fueron adversarios, pero que por una extraña razón hoy se les está permitiendo incorporarse a la nómina oficial.
Se dice que la intención es sumar a más grupos políticos al proyecto lorenista para que en la inminente sucesión se sumen al aspirante o a la aspirante que tenga la bendición de la mandataria tlaxcalteca.
Veremos si esa estrategia les da resultados, porque hasta ahora la senadora Ana Lilia Rivera Rivera sigue encabezando las preferencias electorales para convertirse en la candidata de Morena al gobierno de Tlaxcala.
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