Empoderados pero desubicados y con una inexplicable sed de venganza, así es como arribaron los integrantes del recién creado Órgano de Administración Judicial de Tlaxcala (OAJT), los lorenistas que recibieron su beca para concluir la administración gubernamental, haciendo y deshaciendo del presupuesto del Poder Judicial.
Y es que, al parecer, nadie les brindó una pequeña orientación a estos nuevos funcionarios baluartes de los manoseados principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar, que lo único que han hecho hasta el momento, es creerse la idea de que ellos pueden disponer de todo en este Poder, pero en lo que no se han puesto a pensar, es que muy poco les durará el gusto cuando el grueso de los trabajadores comience a resentir las consecuencias de sus vengativas decisiones.
Encabezados por el presidente del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez George, el mismo que presume haber sido el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, donde lo único que logró fue engordar sus bolsillos con su oneroso salario sin que se vieran resultados para acabar con la fuerte corrupción que prevalece en la mayoría de las dependencias estatales, ahora este personaje convertido en un títere ha comenzado a hacer de las suyas en el Poder Judicial por instrucciones de su titiritera.
Para llevar a cabo esa labor es apoyado por la nueva “hija de la élite” de Tlaxcala, Yalina Domínguez Carro, quien es la consentida de la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán y que fue “elegida” como Secretaria Ejecutiva del mencionado órgano y es tan poderosa e influyente que dicen que es de las privilegiadas que trae escolta conformada por agentes de la Policía de Investigación.
Resulta que, entre las primeras acciones y medidas ilegales y absurdas, fue disminuir el salario de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Fanny Margarita Amador Monte, pues consideraron que no cuentan con mayor obligación que ser la representante del Poder Judicial para acudir a los actos protocolarios del Poder Ejecutivo, de ahí que su remuneración estaría siendo excesiva al rebasar los 200 mil pesos mensuales.
Algo similar ocurrió con la cuestionada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Violeta Fernández Vázquez, quien a pesar de que el único interés que tuvo al asumir su cargo fue exigir un salario con nivel 19, el cual ya se congeló, tuvo que quedarse con las ganas, pues tendrá que conformarse con ganar exactamente lo mismo que el resto de los magistrados (alrededor de 150 mil pesos mensuales).
Contradictoriamente, después de esa decisión que se ha impuesto con total sigilo por parte de quienes se hacen llamar los impolutos administradores del Poder Judicial, se habla que las percepciones que se han asignado son más que generosas, ya que de acuerdo con la información que se ha filtrado, el blandengue y sumiso presidente del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez busca ser el único que obtenga el ansiado nivel 19 que, junto con sus bonos y prestaciones, podría acceder a la nada despreciable cantidad de más de 200 mil pesos.
Hasta el momento, dicho personaje se ha negado a revelar a cuánto ascenderán las percepciones tanto de él como de los integrantes del OAJT.
Para garantizar sus ingresos, otra de las medidas que han anunciado a todos los trabajadores, es la disminución (se dice que del 40 por ciento) de todos los bonos de productividad que reciben directivos y empleados que, debido a sus funciones, cubren horarios laborales de hasta 12 horas diarias que no se comparan con las ocho horas que “laboran” los nuevos administradores, quienes además son consentidos con botana para que sus convivencias que las hacen pasar por reuniones de trabajo sean más amenas.
También hubo recorte en la dotación de gasolina que se asigna a los magistrados y jueces, porque a los nuevos administradores les pareció que recibían mucho combustible.
Lo que no han tomado en cuenta Pérez George y compañía, es el principio de que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de ninguna persona, es decir, que una ley no puede aplicarse a hechos o situaciones que ocurrieron antes de su entrada en vigor si esta aplicación causa un daño o desventaja a una persona.
Se trata del principio de irretroactividad, establecido en el Artículo 14 de la Constitución Mexicana, el cual protege la seguridad jurídica y asegura que las personas no sean perjudicadas por normas que no estaban vigentes cuando realizaron un acto.
Por lo que habrá que estar muy atentos a lo que sucede en las próximas semanas, pues hasta el momento, al interior del Poder Judicial de Tlaxcala, se vive un ambiente hostil generado por los nuevos administradores, los cuales, de entrada se han dado a la tarea de asignarse los mejores automóviles.
Están alterando el presupuesto de egresos que previamente fue autorizado y están llevando a cabo recortes que lo único que están generando es molestia y rechazo.
Además, el mentado órgano se ha convertido en un cuello de botella para las actividades y trabajo del Poder Judicial, porque todo se encuentra detenido no sólo por la incapacidad de la Secretaria Ejecutiva, Yalina Domínguez, sino porque la que realmente toma las decisiones no tienen prisa porque está ocupada viendo la efectividad de la Fiscalía General de Justicia del Estado y presumiendo sus nuevas oficinas.
Los cambios legales y de operación del Poder Judicial son una vacilada y pronto le daré más detalles de las tonterías y abusos que se están cometiendo.
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