A los diputados y a las diputadas locales les quedan menos de 25 días para sacar varios pendientes que si bien, algunos asuntos parecen de mero trámite, otros no porque tiene que ver con la gobernabilidad del Poder Judicial y con la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno estatal y municipales.

 

 

De acuerdo con la versión del diputado Bladimir Zainos Flores, presidente de la otrora poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización, será el próximo jueves cuando inicie la dictaminación de las cuentas públicas de 108 entes, por lo que en tres semanas se sabrá cuántas fueron avaladas y cuántas reprobadas.

 

Anteriormente, cuando los legisladores y legisladoras tlaxcaltecas contaban con mayor autonomía e independencia ese proceso resulta llamativo e interesante, pero en la actualidad esa labor poco a poco ha perdido interés y seriedad porque de un plumazo las observaciones contables son solventadas y porque aunque los estados financieros sean reprobados no pasa nada, salvo que exista la intención de castigar o reprender a algún presidente municipal como le pasó al ahora ex edil de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, quien enfrentó la justicia el año pasado.

 

La intención de los diputados y las diputadas es revisar y dictaminar las cuentas públicas de 108 entes fiscalizables en siete u ocho sesiones, es decir, someter en cada una de las asambleas que lleven a cabo entre 13 y 14 expedientes que previamente ya fueron palomeados por quién verdaderamente ejerce el poder en Tlaxcala y que sólo los representantes populares se limitan a recibir la línea, a seguir la instrucción o a cumplir la orden que les dieron para emitir su voto.

 

Lo anterior es muy fácil de comprobar, porque en diferentes decisiones que en teoría deben asumir cada uno de los diputados, éstos cuando son abordados por alguien que está relacionado con un tema de nombramiento o designación suelen preguntarle al interesado si ya habló con la gobernadora Cuéllar o si su caso ya lo trató con la dirigente de Morena, Marcela González Castillo, porque de lo contrario optan por dar evasivas y decir que están analizando la forma en que emitirán su voto.

 

Lo anterior es una de las razones por las cuales los legisladores tlaxcaltecas aún no han aprobada la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y el órgano administrativo desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala”, el cual asumirá las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP).

 

También tienen pendiente el aval de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que por el momento no existe certeza sobre las funciones y la estructura del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

 

A 25 días de que entren en funciones los nuevos magistrados que resultaron electos en las pasadas elecciones de integrantes del Poder Judicial, no se tiene preciso si la magistrada Fanny Margarita Amador Montes que obtuvo la mayor votación asumirá a partir de septiembre la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que actualmente ocupa Anel Bañuelos Meneses o si ésta última concluirá su periodo para el que resultó electa y que vence en febrero del 2027.

 

Tampoco se ha aclarado si el Órgano de Administración Judicial tendrá un presidente o si esa posición la desempeñará la representante legal en turno del TSJE, como sucede en estos momentos con el Consejo de la Judicatura, órgano que desaparecerá el próximo 31 de agosto.

 

Como se podrá dar cuenta se trata de temas relevantes e importantes, sin embargo los diputados y las diputadas locales no le están dando el valor que tienen esos cambios legales en el Poder Judicial de Tlaxcala, pues es obvio que el personaje que controle el gasto, la contratación de personal y las compras tendrá una mayor influencia en el tribunal, lo cual ha generado y despertado ciertas ambiciones porque hay varias propuestas para cambiar la Ley Orgánica sin que hasta ahora haya un consenso sobre las modificaciones.

 

Así las cosas.

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