Habrá cambios o ajustes en el gabinete legal y ampliado de la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros.
Es una pregunta que últimamente se viene escuchando en los corrillos políticos, donde los rumores de la salida de algunos funcionarios estatales son insistentes, pero éstos no tienen lógica ni sustento.
El rumor que viene sonando con fuerza y que se replica en las mesas de café, columnas y en las pláticas de oficina, es el cambio del actual secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, a quien se le achacan varios errores como el escándalo generado por la compra de las diez lujosas camionetas blindadas, el abucheo y mal trato que recibió la mandataria Cuéllar en el municipio Atlzayanca, cuyos habitantes reprochaban la falta de ayuda de las autoridades estatales para combatir un incendio forestal.
Lo anterior y otros conflictos como la protesta de los transportistas del sur y del centro del estado y la falta de atención a diferentes problemas sociales han generado un desgaste del funcionario morelense, quien también empieza a ser señalado de encabezar a un grupo de servidores públicos foráneos que han llegado a hacer negocios bajo el amparo de algunas dependencias estatales como la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente, según denuncias de dueños de aserraderos, de centros de verificación vehicular y de empresarios del ramo inmobiliario dispuestos en invertir en conjuntos habitacionales o salones de fiesta.
El culpable de que el morelense se afianzara en el gabinete estatal junto con su séquito de funcionarios de otras entidades es de Sergio González Hernández, el ex secretario de Gobierno que renunció a su cargo para, según él, convertirse en senador y después en mandatario estatal, lo cual no pasó ni pasará pese a las reuniones que aún organiza para pedir que los lorenistas lo impulsen como aspirante de Morena a la gubernatura en lugar del alcalde capitalino Alfonso Sánchez Anaya.
Simplemente no hizo caso a la recomendación de la gobernadora Cuéllar de permanecer con ella y continuar en el gabinete. Su salida obligó a modificar la constitución y a eliminar las limitaciones jurídicas que impedían la designación del morelense Luis Antonio Ramírez, un joven de la confianza de la mandataria.
Se pensó en él porque no trataría de competir con el delfín del lorenismo para la sucesión y porque se supone que trabajaría al 100 por ciento para el proyecto de la mandataria tlaxcalteca.
Al principio todo marchó conforme a lo planeado, pero después el poder y la cercanía con Lorena Cuéllar hizo que el morelense perdiera el piso y comenzara a cometer errores, como jugar en contra del aspirante lorenista a la gubernatura, porque en la actualidad el titular de la Segob apoya a la secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y no a Alfonso Sánchez.
También se dice que se movió por su cuenta y sostuvo un encuentro en lo oscurito con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, la adversaria número uno de Lorena Cuéllar, hecho que habría generado una gran molestia en la mandataria tlaxcalteca.
Pero a pesar de esos errores y comportamientos, dudo que la gobernadora morenista esté pensando en un cambio en la Secretaría de Gobierno, porque el costo político que tuvo que pagar por cambiar la constitución de Tlaxcala fue elevado y le provocó perder varios puntos de aprobación ciudadana de sus gobernados que nunca vieron bien esa designación.
Luis Antonio Ramírez se mantendrá y seguramente terminará en el cargo hasta que venza el periodo de la actual administración, lo que no quiere decir que esa situación involucre a su séquito de funcionarios foráneos.
Un caso similar es el de Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor de Gobierno, quien antes de asumir el cargo y siendo diputado local reformó la ley para otorgarse más facultades y poder en la dependencia que controla desde hace tres años y casi nueve meses.
Su intención en convertirse en diputado en las elecciones del 2027 y tener fuero para evitar problemas por las compras y contratos que ha validado y otorgado, sin embargo aunque ha dejado entrever a su jefa que le gustaría separarse de su puesto para dedicarse a trabajar por su aspiración, lo real es que el poblano se mantendrá como Oficial Mayor y concluirá como funcionario hasta que fenezca el periodo de la administración lorenista.
La posibilidad de cambios y ajustes en las siguientes semanas o meses es remota, incluso porque de acuerdo con algunos estudios de opinión es reducido el número de funcionarios que podría aspirar a un cargo de elección popular en el 2027, ya que la mayoría no sólo resulta ser un desconocido, sino que tampoco goza del respaldo ciudadano para ser candidato.
Una aclaración
El líder del PAN, Ángelo Gutiérrez Hernández, nos aclaró que la jueza municipal de San Pabloa Apetatitlán, Verónica Hernández Pérez, sí colaboró en el ayuntamiento que encabeza, pero que la funcionaria sólo duró en esa responsabilidad un año y medio, de ahí que no laboró los tres años como aquí lo asegure.
Hasta aquí la precisión.
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