Por fin en San Pablo Apetatitlán se decidió por un alto a los abusos y a la pululante corrupción que prevalecía en una de las áreas del ayuntamiento que dice gobernar Azaín Ávalos Marbán, cuando en realidad el poder lo ejerce su esposa Paola Flores Parra. Ayer fue despedida la jueza municipal Verónica Hernández Pérez.
Durante la mañana del lunes se confirmó el despido de esa funcionaria que controló por varios años el cobro de multas y de otros servicios propios del juzgado municipal, mismos que implicaban jugosas ganancias para ella y los alcaldes en funciones.
El reinado de Verónica Hernández comenzó en la administración pasada que encabezó el hoy líder estatal del PAN, Ángelo Gutiérrez Hernández, quienes habrían convertido el Juzgado Municipal de Apetatitlán en un gran negocio, tanto que a la jueza le sobraba dinero para invertir en el proyecto político de Azaín Ávalos que en los comicios del año pasado contendió por la alcaldía con el respaldo del partido de la familia Ortiz conocido como el PAC.
Las multas que se cobraban a los automovilistas o dueños de motocicletas eran exageradas y lo mínimo que aceptaban eran 3 mil 500 pesos por cada infracción. Por lo que correspondía a las constancias de posesión, éstas también representaban costos importantes para los interesados en obtener ese documento.
Lo que se sabe es que Verónica Hernández tuvo diferencias con Azaín Ávalos por el supuesto reparto de las ganancias generadas por su oficina. Adicionalmente a ese pleito se sumó el rechazo que los presidentes de comunidad de San Matías Tepetomatitlán y de Belén Atzitzimititlan, Roberto León Muñoz y Estanislao Xolocotzi Ramos, respectivamente, sostenían con la jueza que siempre los despreció.
La sociedad terminó ayer lunes cuando la ex jueza empezó el proceso de entrega recepción. Ahora sólo falta adivinar qué tiempo pasará para que Hernández Pérez suelte la lengua y trasciendan los negocios que el alcalde y sus familiares hacen al amparo del poder y de la presidencia municipal de San Pablo Apetatitlán.
No importa la evaluación si no los votos de los diputados
A unas horas de que se dieran a conocer los resultados de las evaluaciones a los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y su Consejo Consultivo, el diputado Jaciel González Herrera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Estado, reveló que lo verdaderamente importante será el voto de los legisladores.
De acuerdo con una entrevista que concedió el legislador al reportero de la Jornada de Oriente, Juan Luis Cruz Pérez, éste aseguró que las evaluaciones no son vinculantes ni determinantes, porque lo que influye es la decisión que cada diputado asume el día en que el caso se presente ante el pleno.
En pocas palabras, lo que realmente importa es la decisión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, pues una vez que escoge a la persona opera para que su voluntad se haga realidad a través de la “diputada 26”, Marcela González Castillo.
Y como las evaluaciones ya fueron desvalorizadas, ahora habrá que esperar quienes son los que llegan a la final para que a más tardar el 28 de mayo los diputados “elijan” al nuevo o la nueva representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Jackeline Ordóñez Brasdefer, actual presidenta del organismo autónomo, es una de las favoritas a repetir en el cargo, aunque hay quienes dicen que el presidente del moribundo Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Arturo de Casa Vega, podría ser el beneficiado si su impulsora Marcela González logra convencer a la mandataria de que esa propuesta es más útil al gobierno de la cuarta transformación.
Se busca Secretario de Infraestructura
Dicen que el rumor de la salida de Diego Corona Cremean, titular de la Secretaría de Infraestructura, se convirtió en una realidad y que desde ayer asumió la responsabilidad como encargado de despacho Eduardo Hernández Tapia, quien se venía desempeñando como Director de Obras Públicas.
Nadie sabe los motivos o las razones por las cuales el funcionario de origen jalisciense y con antecedentes panistas dejó su responsabilidad tras permanecer como el jefe de la dependencia por un año y siete meses, pues en noviembre del 2023 ocupó el lugar que dejó el hoy alcalde capitalino Alfonso Sánchez García.
Al interior de la administración lorenista se da como un hecho la salida de Diego Corona, sin embargo hasta ahora el gobierno del estado no ha confirmado esa baja.
Se desconoce si con esa salida empezará la limpia de funcionarios foráneos al interior del gobierno de Tlaxcala o si se trató de una decisión personal de Diego Corona que no se adaptó al trabajo de los tlaxcaltecas.
Pronto lo sabremos.
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