Grave, muy grave resulta la postura del gobierno estatal de presumir su protocolo contra linchamientos y minimizar lo ocurrido en el convulsionado municipio de San Pablo del Monte, donde una mujer de nombre Brenda Tlapaya perdió la vida tras recibir un balazo en la cabeza durante un enfrentamiento entre policías y habitantes del barrio de El Cristo.
Cuántas mujeres y hombres deben morir para que las autoridades muestren sensibilidad y empatía con un pueblo lastimado y violentado.
Me parece lamentable que el secretario de Gobierno de Tlaxcala, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, salga a presumir la actuación de la policía en los lamentables hechos registrados el pasado sábado en de San Pablo del Monte y minimice el asesinato de una mujer que, al parecer, participó en la protesta que vecinos del lugar llevaron a cabo luego del rescate que realizó la policía municipal de tres presuntos ladrones.
Los presuntos delincuentes fueron puestos a salvo porque estuvieron a punto de ser golpeados, pero una mujer del barrio El Cristo que salió junto con sus vecinos a exigir justicia y alto a la inseguridad recibió un balazo en la cabeza.
La víctima fue agredida cuando se puso en marcha el protocolo contra linchamientos en donde elementos de la policía estatal apoyados de uniformados municipales y agentes de la Guardia Nacional, utilizaron la violencia del Estado para rescatar a un elemento retenido.
A los ciudadanos y a las ciudadanas no sólo les lanzaron gases lacrimógenos, sino que les dispararon. De acuerdo con la versión de vecinos y de algunos policías municipales, habrían sido los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala a cargo del nefasto capitán de la Marina, Alberto Perea Marrufo, los que accionaron sus armas y serían los responsables de la muerte de una madre soltera que respondía al nombre de Brenda.
Pareciera que para el gobierno estatal se trató de alguna baja sin importancia porque se trataría de una “revoltosa” o una mujer humilde del pueblo. Su caso no generó mayor preocupación o inquietud. Ninguna autoridad o partido político exigió justicia o celeridad en la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala que sigue sin dar información precisa o algún resultado sobre este vergonzoso caso.
Tampoco hubo diputados o diputadas que demandaran esclarecer los hechos o propusieran la destitución del ineficiente y torpe Perea Marrufo. La legisladora morenista de San Pablo del Monte, Ana Bertha Mastranzo Corona, guardó un silencio cómplice y convenenciero que saca a relucir su pobre calidad humana al ignorar olímpicamente a sus paisanos y paisanas.
Hasta ahora los únicos que se han pronunciado sobre ese crimen para exigir justicia son el Colectivo Yaocihuatl Frente Feminista de San Pablo del Monte y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, los cuales lo hicieron a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales.
La violencia y asesinato de mujeres en manos de agresores sexuales o en exagerados operativos policiacos lamentablemente se han normalizado y al parecer a nadie le importa, lo cual resulta inaceptable.
Qué es lo que debe pasar para que el pueblo despierte y decida poner un alto a lo que estamos viviendo.
La postura y declaraciones del secretario de Gobierno son ofensivas y torpes por decir lo menos. Quién iba a imaginar que los tlaxcaltecas terminarían bajo el yugo de un morelense que ya dejó en claro que no le importa la vida de los tlaxcaltecas y menos la de una madre soltera que fue asesinada en un aparatoso operativo policiaco que llevó a cabo el gobierno del estado.
Si el pueblo ya está decepcionado de las actuales autoridades, con estos hechos y declaraciones el malestar y hartazgo se incrementará en los siguientes días, semanas y meses, porque el pueblo es sabio y no olvida.
Ojalá el caso de Brenda Tlapaya se esclarezca y se haga justicia.
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