Muy reveladores resultaron los datos sobre la certificación de los cuerpos de seguridad tanto estatales como municipales que dio a conocer Columba Ibeth Sánchez García, directora del Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza (C3) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), porque se confirma que ese proceso tan cacareado a lo largo de 4 años y nueve meses es una vacilada.
Para que tenga una idea, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) cuenta con un estado de fuerza de 883 elementos, de los cuales 72 por ciento ha sido evaluado, arrojando que sólo 47 por ciento, algo así como 416 personas han aprobado.
El gasto total destinado a esa evaluación se estima que ha costado a la federación y al estado más de 3.8 millones de pesos, situación que resulta preocupante porque se usó casi 1.3 millones de pesos de esos recursos para llegar a la conclusión que ciertos agentes de la Policía de Investigación, peritos y ministerios públicos no son aptos para desempeñar el cargo.
Lo grave, es que no se sabe sí el personal que carece de la respectiva acreditación sigue laborando en la Fiscalía o si ya fue dado de baja, porque de mantenerse en la nómina debería ser observado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que, por ejemplo, a las pasadas administraciones municipales no les perdonó esa falta y la catalogó como presunto daño patrimonial, porque según sus criterios, se destinaron recursos públicos para pagar salarios de policías no certificados.
Por lo que respecta a la evaluación de los policías municipales ésta ha tenido avances importantes porque hay ayuntamientos que registran cifras superiores al 90 por ciento, sin embargo la mencionada funcionaria estatal confirmó que el promedio es del 80 por ciento, es decir, de los 2154 uniformados registrados, 1723 ya aprobaron los exámenes de control y confianza.
Ese trabajo ha implicado un gasto de más de 10 millones de pesos que ha salido principalmente de las arcas del gobierno federal que no ha escatimado fondos para lograr la profesionalización de los elementos de seguridad, de ahí que las fallas por no avanzar adecuadamente en la certificación deben ser responsabilidad de más de un funcionario lorenista.
Es decir no aprovechan los recursos que se disponen para tal fin. Además resulta lamentable que mantengan a personal que no cumple con los requisitos que establece la ley y que éste siga recibiendo un salario cuando de acuerdo con los criterios y lineamientos del OFS implica un daño patrimonial.
Lo extraño, es que nadie se explica las razones y los motivos por los cuales la visión de los auditores del Órgano de Fiscalización Superior pasó de ser dura e inflexible a laxa y relajada, ya que hoy en las auditorías no se hacen esas observaciones que sí se impusieron a los anteriores presidentes municipales que por esa cuestión enfrentaron serios problemas administrativos y de responsabilidades.
O será que nadie se acuerda de las declaraciones que en julio del 2024 hizo el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien aseguró que varios alcaldes podrían ser sancionados al no acreditar a sus directores de seguridad pública como lo establece el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, ya que no cuentan con certificaciones ni con su examen de control y confianza.
Por ello, señaló ese funcionario, será el Órgano de Fiscalización Superior y la Secretaría de la Función Pública de Tlaxcala, quienes determinen si hay alguna sanción administrativa, en contra de los 19 alcaldes que no cumplieron con lo antes mencionado.
Hoy de los 60 municipios, sólo en 33 opera un número igual de directores de seguridad municipal que han pasado la evaluación, lo que en términos reales quiere decir que en 27 ayuntamientos hay inconsistencias que se están solapando, pues se habla que cinco que están en funciones reprobaron, cuatro están sin evaluación y tres más se encuentran en proceso.
Y hay otros 11 que han sido examinados para una función diferente, pero que obviamente se desempeñan como directores de seguridad municipal.
Por qué se ha permitido que los actuales alcaldes operen con esas irregularidades.
Por qué no se les sanciona y se les aplican los criterios que se usaron para los ex ediles
Será que la certificación es una vacilada, porque aunque hoy los policías están evaluados y en teoría mejor preparados, la realidad es que la seguridad en el estado cada día va de mal en peor.
O usted qué opina.
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