Con la aprobación de la reforma que lleva la elección de los integrantes del Poder Judicial hasta junio del 2028, prácticamente se verá en ese año si el próximo gobernador o gobernadora de Tlaxcala seguirá manteniendo el control absoluto de los magistrados y jueces, tal y como lo tiene hoy en día la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.
El haber corrido un año la mencionada elección, el lorenismo perdió la oportunidad de garantizar no sólo el control del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sino de prolongar su poder e influencia al tener bajo su mando a los magistrados y jueces, quienes prácticamente la mayoría le debería su cargo a la gobernadora Cuéllar.
En los comicios del 2025, el grupo de la mandataria Lorena Cuéllar ganó las cuatro posiciones que se pusieron en disputa del pleno del Poder Judicial de Tlaxcala, Fanny Margarita Amador Montes, Mildred Murbartián Aguilar, Enrique Acoltzi Conde y Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz fueron los magistrados electos.
A ellos se sumó el palomeo de la mayoría de los 23 jueces que participaron en ese proceso en la entidad.
Para la siguiente elección se espera sustituir o tal vez garantizar la permanencia en el cargo de las magistradas Anel Bañuelos Meneses, Marisol Barba Pérez y la hoy ex priista Mary Cruz Cortés Ornelas.
Todas concluyen su proceso para el periodo que fueron designadas en el 2028. Anel Bañuelos y Mary Cruz Cortés dejarían su responsabilidad en diciembre de ese año, mientras que Marisol Barba tendrá que abandonar el pleno el 11 de abril del 2028.
Su futuro y probable participación en los comicios del 2028 es incierto, porque Anel Bañuelos podría ser designada notaria pública y adelantar su salida del Poder Judicial, pues es la única mujer que aparece en la lista de aspirantes a convertirse en fedataria junto con Max Hernández Pulido y Marco Tulio Munive Temoltzin , titulares del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Movilidad y Transporte, respectivamente.
Las otras dos magistradas tendrían que esperar que ciertas circunstancias políticas se den para saber que les depara el destino.
Si el alcalde capitalino, el delfín Alfonso Sánchez García, obtiene la candidatura de Morena al gobierno del estado, tiene alguna posibilidad de ser respaldadas para participar en la elección del Poder Judicial del 2028, pero si la nominación la logra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien representa los intereses de otro grupo contrario al de la mandataria Cuéllar, lo más seguro es que sus posibilidades desaparezcan y se hable de otros perfiles.
La decisión de llevar hasta el 2028 la mentada elección afecta, aunque no se reconozca, los intereses y planes del lorenismo que busca la continuidad a través de Sánchez García, quien si bien tiene el respaldo de la estructura y de la misma gobernadora, la realidad es que aún no se reciben señales claras de que será el candidato morenista a la gubernatura.
Y me explico, si Alfonso Sánchez ya tuviera la candidatura en la bolsa como lo sostiene su séquito, entonces para qué aprobar una reforma que adelantó los tiempos legales para la recepción de los Informes Individuales de Cuentas Públicas, misma que fue aprobada el pasado jueves en la última sesión ordinaria del Segundo Periodo correspondiente al Segundo Año Legislativo.
La intención, en pocas palabras, es que los estados contables de la actual administración estatal sean revisados y avalados por la Legislatura en funciones y evitar que ese proceso recaiga en los próximos diputados locales que pueden llegar sin ningún compromiso hacia Lorena Cuéllar.
El poder del lorenismo tendrá un fin y por lo que se observa este no tiene garantizado su continuidad.
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