El Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (OSF) no aceptan que los despojaron del garrote, la negociación y el portafolio lleno de artimañas para infundir miedo a los 108 entes tlaxcaltecas que son auditados y revisados en el manejo de los recursos públicos.
Hoy los dientes y la potestad de presionar, perseguir y abrir procesos penales lo tiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF), medida que si los presidentes municipales y los titulares de las dependencias estatales y organismos autónomos creen que no les afectará se equivocan, porque si de por sí era engorroso solventar observaciones y pliegos de cargo en Tlaxcala, ahora será más complicado porque lo tendrán que hacer en la Ciudad de México donde van a escasear los amigos, los padrinos y los influyentes con capacidad de persuadir a los auditores del órgano federal.
Aunque ya se informó que la ASF y el OFS firmaron un convenio de colaboración, lo cierto que la primer organismo no cederá sus funciones ni atribuciones al segundo que, a lo mejor, sí podrá llevar a cabo ciertas auditorías, pero no podrá iniciar, porque sencillamente carece de facultades, los respectivos procesos sancionadores.
Las observaciones, pliegos de cargos y los procedimientos para resarcir ciertos fondos públicos quedarán bajo la tutela de la ASF, de ahí que el Congreso del Estado y el OFS ya no tendrán elementos jurídicos para presionar políticamente a los presidentes municipales o las responsables de las dependencias en caso de que detecten presuntos desvíos del erario.
Lo anterior tiene una lógica, resulta que tanto la administración estatal como los ayuntamientos dependen financieramente de la federación, pues el 90 por ciento de los recursos que ejercen provienen del gobierno federal y sólo el resto corresponde a fondos estatales o propios.
Lo que el OFS puede fiscalizar y observar es una mínima parte de los millonarios fondos públicos que disponen las dependencias y los ayuntamientos tlaxcaltecas, situación que ha golpeado al organismo en los últimos meses ha perdido fuerza, relevancia y credibilidad.
Ante tal panorama desolador, los diputados locales quieren vender la idea de que ahora será más severa la revisión de las cuentas públicas, razón por la cual ayer aprobaron un acuerdo que busca reducir prácticamente a la mitad el margen de tolerancia del probable daño patrimonial que se daba en la aprobación de los informes financieros de los entes fiscalizables.
Para el ejercicio fiscal 2024, los diputados tlaxcaltecas otorgaban la calificación máxima de 40 puntos a los entes cuyo probable daño patrimonial representara hasta el 2.99 por ciento del gasto devengado y se consideraba como calificación baja cuando éste alcanzaba el 5 por ciento o más, pero para el ejercicio 2025 los legisladores endurecieron los parámetros.
Sin embargo, ahora la puntuación máxima únicamente se otorgará cuando el probable daño patrimonial sea de entre 0 y 1.49 por ciento del gasto ejercido. Y la calificación media corresponderá a porcentajes de entre 1.5 y 2.99 por ciento, mientras que la calificación baja se aplicará cuando el daño patrimonial alcance el 3 por ciento o más del gasto ejercido.
En pocas palabras, disque para verse más duros y severos, los diputados redujeron 50 por ciento el margen de tolerancia que hasta ahora permitía que una dependencia estatal o un ayuntamiento mantuvieran una calificación favorable aun con observaciones relacionadas con un probable daño a la hacienda pública.
En otro espacio le comenté que la fiscalización para el 2025 venía laxa y que la intención era ayudar a los alcaldes que han apoyado las aspiraciones del delfín lorenista Alfonso Sánchez García y a los titulares de las dependencias que ya se preparan para entregar la administración, sin embargo para disimular los diputados tlaxcaltecas pretenden vender que las revisiones contables serán más exhaustivas a fin de evitar críticas y señalamientos de la oposición y de críticos al gobierno y a la actual legislatura en manos de Morena.
El resto del procedimiento prácticamente se mantiene sin cambios, es decir, sigue la misma estructura en los informes, atribuciones, etapas y plazos previstos para la revisión y dictaminación de las cuentas públicas.
La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado continuará emitiendo dictámenes aprobatorios únicamente cuando el ente fiscalizable alcance 70 puntos o más, mientras que cualquier calificación inferior derivará en un dictamen no aprobatorio.
La evaluación de dicho informe se llevará a cabo con base en los informes individuales que el OFS envíe al Poder Legislativo, los cuales deberán ser entregados el 15 de julio y dictaminados antes del 31 de agosto.
La fiscalización y el endurecimiento de las reglas por parte del Congreso local es un petate del muerto que ya no asusta, ni intimida y menos genera preocupación.
Si ya no tienen dientes cómo van a morder.
O no.
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