A dos meses de cumplir cuatro años y de empezar el penúltimo año de gobierno, la administración lorenista sigue cargando el tema de la inseguridad, el cual se ha convertido en un lastre que sigue minando la imagen y credibilidad de las autoridades.
Lo hemos dicha una y otra vez, la percepción de que en Tlaxcala el problema de la inseguridad está desbordado es real, porque en el imaginario colectivo de los tlaxcaltecas prevalece esa idea, pese a los discursos oficiales y las posturas poco creíbles de las autoridades presumiendo la baja en la incidencia delictiva y que destacamos por ser uno de los estados más seguros del país.
En la entidad hay de todo, como botica, es decir, no solo hay ejecutados, secuestros, levantones, abandono de cadáveres, comandos armados asaltando casas y negocios y robando transportes de pasajeros y de carga, así como automóviles y motocicletas.
Ahora, se debe agregar la presencia de fosas clandestinas donde se depositan cuerpos humanos, sin que se tenga claro por qué fueron asesinadas y por qué nadie reportó la desaparición de tres personas, mismas que al parecer fueron ubicadas por casualidad y por que las fuertes lluvias registradas en el municipio de Nativitas ayudaron a exponer los cadáveres.
El problema que quizá más perjudica al gobierno estatal es que la información para abordar ciertos delitos de alto impacto no fluye o simplemente las autoridades encargadas de los casos optan por guardar silencio, provocando rumores y alentando el malestar social.
Por ejemplo, de los tres cuerpos localizados en Nativitas, se sabe que los hombres fallecidos son oriundos del vecino municipio poblano de San Martín Texmelucan, donde al menos existía una ficha de búsqueda de dos de ellos.
También, se ha filtrado que los varones presuntamente tenían relación con actividades ilícitas como el huachicol y probablemente con el narcomenudeo, de ahí que la disputa entre bandas delictivas que se registra en Puebla está contaminando a Tlaxcala.
Los cadáveres no pertenecen a ciudadanos tlaxcaltecas, pero como los criminales siguen utilizando a Tlaxcala como un tiradero de cuerpos, la aparición de una fosa clandestina termina por golpear y dañar la imagen y el trabajo de la administración lorenista.
Y de paso deja mal parado al secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Perea Marrufo, quien debería explicar a detalle las razones por las cuales el blindaje y los operativos para impedir que delincuentes de otras entidades se internen en nuestro estado para dejar cadáveres o realizar atracos que dejan mal paradas a las autoridades.
El mejor ejemplo de lo anterior es el asalto que un trío de maleantes llevó a cabo la mañana del martes en la tienda Sam’s Club Tlaxcala, quienes utilizando la misma técnica que emplean en Puebla se llevaron teléfonos celulares para después darse a la fuga sin ser capturados por la ineficiente policía municipal de Apetatitlán o de los elementos de la Policía Estatal.
Los hechos que suceden obviamente refuerzan la percepción de inseguridad. Lo malo es que el gobierno no informa ni da detalles que puedan minimizar los efectos negativos, como podría señalar que los delincuentes provienen de Puebla y que éstos suelen esconderse en vecindades del vecino municipio, las cuales al parecer estarían plenamente identificadas.
Es momento que las autoridades relacionadas con la seguridad se pongan las pilas y ayuden a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a cargar con el problema, porque a lo largo de los último casi cuatro años ella ha enfrentado sola esa crisis que por lo que se observa no está dispuesta a dar una tregua.
Ayuntamientos bajo la lupa del OFS
Qué información conocerá y tendrá la gobernadora Cuéllar para anunciar que los 60 municipios de la entidad serán sometidos a auditorías en los siguientes meses.
Será que los primeros informes del Órgano de Fiscalización Superior que incluye la revisión de los primeros meses de las actuales administraciones municipales arrojan anomalías y presuntos actos de corrupción.
La sospecha de que hay administraciones de ciertos alcaldes con quebrantos importantes correspondientes al último semestre del 2024 es real, de ahí que el gobierno estatal buscará redoblar la vigilancia a los presidentes municipales a fin de evitar escándalos como pasó hace unos meses que derivó la detención de uno y la apertura de varias carpetas de investigación contra otros por presuntos actos de corrupción que pronto podrían judicializarse.
La verdad es que más de un presidente municipal se debe preocupar.
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