Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resultan incómodas y molestas para unos, mientras que para otros son un buen pretexto para hacer señalamientos de probable corrupción.

Los resultados de la ASF parecieran la antítesis de los discursos de honestidad que tanto pregonan y presumen los gobiernos emanados de Morena.
Las cifras no mienten y los probables quebrantos financieros cometidos en la actual administración morenista que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros ya ronda los 900 millones de pesos (De septiembre del 2021 a diciembre del 2023), acercándose al monto acumulado de 1,237 millones de pesos que dejó el gobierno de cinco años y 8 meses del priísta Marco Antonio Mena.
Aunque parezca irónico, la gestión del hacendado gobernador Mariano González Zarur sólo acumuló 90 millones de pesos en observaciones y éstas corresponden al ejercicio fiscal del 2014, porque en los años subsecuentes (2015, 2016 y 2017) no registró ningún quebranto de acuerdo con los reportes de la ASF.
Según la información de las observaciones correspondientes al 2023, el monto con problemas encontrado en el actual gobierno de Tlaxcala ronda los 320 millones de pesos. Se refieren a revisiones de ocho auditorías, de las cuales seis arrojaron inconsistencias y dos salieron limpias.
La fiscalización de la ASF incluyó los presupuestos más representativos que recibe Tlaxcala, es decir, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. En ambos se detectaron observaciones mínimas que representan el 0.0029 por ciento y el 0.072 por ciento, respectivamente, del total transferido en 2023.
El importe revisado que la federación hizo a las arcas estatales fue de 19 mil 493 millones 970 mil 200 pesos y el presupuesto observado por la ASF representa el 1.62 por ciento.
Ahora, las autoridades tlaxcaltecas tendrán 30 días para solventar y aclarar las inconsistencias detectadas, tiempo que se deberá aprovechar muy bien para reducir el impacto negativo que genera entre los ciudadanos las noticias de presuntos quebrantos o actos de corrupción en el gobierno lorenista.
Si bien las cantidades observadas para algunos no implican grandes sumas de recursos públicos porque comparadas con el presupuesto total del estado resultan “insignificantes”, lo cierto es que para los tlaxcaltecas lo anterior es escandaloso, sobre todo porque la Auditoría Superior de la Federación detectó durante el ejercicio fiscal de 2023 anomalías como pagos excesivos de bonos y compensaciones principalmente de funcionario de medio y alto nivel, pagos a aviadores, pero lo más preocupante fueron las mañosas licitaciones efectuadas por la Oficialía Mayor de Gobierno en coordinación con las diferentes dependencias gubernamentales.
De entrada, llama la atención que ninguno salga a aclarar o explicar los motivos de las observaciones, pues después de tres años y seis meses siguen optando por la política de la avestruz, enterrar la cabeza y dejar que su jefa enfrente los cuestionamientos de los medios de comunicación.
Los funcionarios lorenistas deben comprometerse y aprovechar que están en el poder para arreglar y corregir lo que está mal, porque conforme pase el tiempo y cada vez se acerque el final de la actual administración será más complicado solventar y aclarar el destino de los recursos públicos.
No porque a los funcionarios menistas no los hayan molestado no quiere decir que los lorenistas correrán con la misma suerte o protección.
Por cierto, dicen que el ex gobernador Marco Mena deberá aclarar algunos faltantes y malos manejos financieros encontrados en la Lotería Nacional, dependencia que dejó la semana pasada y que ya fue ocupada por la poblana Olivia Salomón Vibaldo.
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