El problema de la trata de personas en Tlaxcala es real. No se puede minimizar, porque la realidad nos revela que ese fenómeno persiste y que las acciones emprendidas por el gobierno estatal para erradicarlo están lejos de dar resultados efectivos o los esperados.
Desde la semana pasado la administración lorenista emprendió un operativo y una investigación para dizque combatir ese delito, de ahí que esa acción se haya visto más como una medida mediática que una decisión planeada que realmente tuvieran el objetivo de detener a las personas dedicadas a la explotación de mujeres con fines sexuales.
En esa acción participaron varias dependencias estatales y la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJT), mismas que determinaron suspender a nueve moteles, mismos que ahora sabemos forman parte de diferentes indagatorias que estarían relacionadas con el delito de trata de personas.
El asunto pareciera ir bien, pero no es así porque de acuerdo con las declaraciones de la fiscal de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, hasta el momento no han podido acreditar la operación de una red criminal, pues el asunto sólo involucraría a ciertas personas que actuaban de manera individual y que probablemente estarían relacionadas con algún delito.
Quizá por esa razón no hay ningún detenido y tampoco se sabe si en esa amplia investigación logró rescatar a una o varias mujeres víctimas de explotación sexual, por lo tanto no se ha explicado si está siendo o no justificada la suspensión de esos moteles localizados la mayoría de ellos sobre la vía corta Puebla Santa Ana y sus alrededores.
De acuerdo con información proporcionada, algunas mujeres entrevistadas y relacionadas con la indagatoria han aceptado que se dedican a la prostitución por voluntad propia, sin embargo también han negado que alguien las obligue a ofrecer servicios sexuales.
El operativo que seguramente no arrojará ninguna detención ni el desmantelamiento de una red de tratantes, porque según la Fiscalía no existe ninguna, lo único que provocó es que la presencia de mujeres en el tramo de San Marcos del municipio de Papalotla hasta Chiautempan disminuyera sustancialmente desde hace una semana.
Antes del operativo de las autoridades tlaxcaltecas, en un viernes era común ver en ese tramo carretero un promedio de 80 damas, pero ahora no se observan ni 15 féminas. Sí la intención era inhibir y vender la idea de que se está combatiendo la trata de personas, lamento decirles que su supuesto logro será efímero.
La razón, es simple, muchas de las mujeres que suelen trabajar en la vía corta optaron por moverse al Centro Histórico de Puebla en las calles 14, 12, 4 y 6 Oriente-Poniente, además de zonas circundantes como los alrededores del antiguo parque de Sor Juana Inés de la Cruz y la Plaza La Victoria.
Si las mujeres se fueron obligadas por alguien o por necesidad, eso lo debería aclarar e investigar la FGJT, porque existe la certeza que una vez que reabran los moteles y se relaje la presencia policiaca en la vía corta, volverán a Tlaxcala a ejercer su actividad.
Lo anterior es entendible, en Puebla por cada servicio básico cobran en promedio 250 pesos, mientras que en la vía corta reciben el doble.
En pocas palabras, es cuestión de tiempo para que volvamos al principio. Es decir, el gobierno del estado asegurando que combate a la trata con todo el peso de la ley, mientras que las organizaciones civiles y de defensa de las mujeres denunciarán que se simula y que el problema de explotación sexual de féminas persiste en Tlaxcala.
Ahora sólo falta esperar unos días para comprobarlo.
*************************************************************************