Muchas dudas y suspicacias se están empezando a escuchar en torno a los informes de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2025, pues existe y crece la percepción que los informes contables serán benévolos para los presidentes municipales y las dependencias estatales, bajo la excusa que no se pudo ejercer una fiscalización más amplia y profunda debido a que los recursos federales quedaron excluidos.
El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) simplemente dejó de revisar la aplicación y uso de los fondos federales. Lo anterior tras varios procedimientos sancionadores que derivaron en procesos penales y en controversias jurisdiccionales que quedaron sin efectos jurídicos una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la revisión carecía de sustento legal.
La mayoría de los presidentes municipales hoy cuentan con el manto protector del gobierno lorenista, del OFS y de la dirigente estatal de Morena, Marcela González Castillo, quien sabe perfectamente quiénes sí ayudaron a consolidar el proyecto político electoral de su esposo, el delfín Alfonso Sánchez García, para tratar que se convierta en candidato a la gubernatura.
Sin embargo, la líder del partido guinda también tiene claro quiénes se rebelaron o simularon apoyo, mismos que en caso de ser necesario serán castigados con la reprobación de su cuenta pública en el pleno del Congreso del Estado.
El monto total del probable daño patrimonial del 2025 que incluirá las cantidades de los 108 expedientes de los entes fiscalizables de Tlaxcala que fueron sujetos a revisión por el OFS, difícilmente superará lo contabilizado en el 2024, donde de acuerdo con la información oficial la cifra de anomalías financieras superó los 391 millones de pesos.
Inicialmente, las observaciones del 2024 habían alcanzado un monto de más de mil millones de pesos, sin embargo la cantidad disminuyó una vez que una parte importante de las irregularidades administrativas y financieras fueron solventadas o porque se logró el reintegro de los recursos públicos observados.
Se dice que en Tlaxcala la fiscalización de los fondos públicos se ha vuelto laxa y que para suerte de los presidentes municipales, de los titulares de las dependencias estatales y de los organismos autónomos, es que se adelantó la sucesión y muchos funcionarios fueron persuadidos u obligados a trabajar en el posicionamiento de Alfonso Sánchez, hoy ex alcalde capitalino, por lo que obviamente serán tratados bien y como amigos en sus cuentas públicas, máxime cuando hay evidencias de que algunos recursos del erario de un buen número de ayuntamientos fueron a parar a la campaña del delfín.
Para muchos resulta muy raro que hasta ahora el OFS no haya logrado firmar un convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fin de fiscalizar los recursos federales que reciben y ejercen los 60 ayuntamientos de la entidad, cuando se observa que otros entes como el del vecino estado de Puebla ya pactó un acuerdo de esa naturaleza.
Unos refieren que existió una sugerencia para dejar fuera a la ASF en las revisiones contables, pero otros aseguran que el organismo federal se ha negado a firmar un convenio porque no tiene confianza en el trabajo que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.
En dos semanas más sabremos qué tan rigurosa fue la fiscalización del 2025 o si ésta se relajó para no meter en problemas a los aliados del lorenismo.
Seguramente habrá ayuntamientos que enfrentarán problemas y señalamientos de corrupción, sin embargo es probable que las cuentas públicas de los entes fiscalizables que forman parte de la administración estatal no tengan tantos problemas, pues desde ahora es un hecho que se trabaja para limpiar los expedientes y para ir preparando una entrega recepción del gobierno de Tlaxcala sin observaciones o complicaciones graves.
Por lo pronto es una realidad que los más felices porque no se fiscalizan los recursos federales que reciben los ayuntamientos son los presidentes municipales, quienes están aprovechando que les hayan dejado las manos libres en esos fondos.
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