Los diputados y las diputadas locales se habrán hecho el harakiri al aprobar sin ninguna objeción la reforma constitucional en materia electoral impulsada desde el ámbito federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
O será que ellos traen un plan “B” o una estrategia estudiada, analizada y consensuada entre ellos para mantener sus privilegios económicos con el visto bueno de la gobernadora, porque al dar ayer su aval a la mencionada reforma prácticamente aceptaron dejar de manejar y disponer entre 220 o 250 millones de pesos para el siguiente ejercicio fiscal.
La cantidad no es menor, porque obviamente sus ingresos se verán disminuidos y su labor legislativa no será tan fácil al no contar con recursos públicos que les permita entregar ayudas sociales o apoyos a tlaxcaltecas que suelen acudir todos los días a las diferentes oficinas del Palacio Legislativo.
De acuerdo con la reforma aprobada, será a partir del 2027 cuando los congresos estatales deberán ajustar sus presupuestos y garantizar que éstos no superará el 0.70 por ciento del total del gasto anual de su respectiva entidad, medida que busca frenar lo que durante años ha sido señalado como un gasto elevado en los diputados locales.
En el presente año el costo del Congreso del Estado en Tlaxcala representa el 1.6 por ciento del presupuesto de la entidad que gobierna la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, algo así como 500 millones de pesos, cifra que para el siguiente ejercicio fiscal deberá reducirse en más 50 por ciento, lo que obviamente alienta las especulaciones sobre qué partidas se ajustarán o desaparecerán porque ya no dispondrán de recursos públicos suficientes.
Difícilmente los diputados seguirán manejando los cien mil pesos mensuales que reciben en la actualidad para “ayudas sociales” y los elevados gastos que cuesta mantener el comedor del Congreso. Muy probablemente se acabarán los abultados bonos que se autorizaban en diciembre o por la conclusión de su periodo como legisladores.
Será interesante ver, analizar y escuchar los ajustes que efectuarán para el siguiente año, sobre todo porque al avalar sin ningún problema la mencionada reforma, suponemos que ya tienen definidos los pasos que llevarán a cabo para apretarse el cinturón y reflejar la austeridad en el proyecto de presupuesto de egresos que tendrán que presentar en noviembre.
A los legisladores les quedan siete meses para planear y realizar los cambios que requieran para aprobar a la baja el presupuesto del Congreso del Estado, situación que seguramente la padecerá el próximo gobernador o gobernadora, porque salvo que los próximos diputados sean fieles al nuevo jefe o jefa política de la entidad no habrá problemas para controlar el Poder Legislativo, pero si éstos son ajenos a ese grupo o independientes la operación de los representantes populares será muy complicada.
La sumisión de los actuales legisladores morenistas y sus aliados es muy similar a la obediencia priista que prevaleció por décadas, la misma que se impuso cuando el ex partidazo ejercía su hegemonía absoluta en el país y hacía lo que se le antojaba.
Una decisión que busca ahorrar dinero sin atender y conocer las circunstancias políticas de cada estado me parece un error que lejos de generar beneficios a Morena le provocará problemas.
Sólo es cuestión de tiempo para ver cómo esa reforma atenta con la gobernabilidad, el equilibrio de poderes y la estabilidad en los congresos estatales.
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