Terminó marzo y comenzó abril sin sobresaltos o cambios en el ámbito político electoral y en la administración estatal, pero con la salvedad de que la cuenta regresiva para dejar el poder avanza.

 

 

Faltan escasos cinco meses para que fenezca el quinto año del gobierno lorenista y arranque en septiembre los últimos doce meses de la actual gestión estatal que deberá a pensar en el proceso de entrega recepción, el cual puede ser de trámite o una etapa complicada, dependiendo de quién vaya a ser el próximo mandatario o mandataria de Tlaxcala.

 

De los 23 funcionarios y funcionarias que integran el gabinete legal de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, sólo cuatro o cinco tendrán alguna posibilidad de mantenerse vigentes y el resto prácticamente desaparecerá del radar y del quehacer político del estado, no sólo porque su trabajo ha sido gris, opaco y con resultados cuestionables, sino porque ninguno construyó una imagen de ser un colaborador eficiente, activo y con logros tangibles.

 

Si el delfín del lorenismo, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, fuera bendecido con la candidatura de Morena al gobierno del estado, difícilmente trabajaría con los actuales funcionarios estatales o pensaría en una probable ratificación, debido a que muy pocos se han alineado al cien por ciento a su proyecto o han operado para fortalecer las aspiraciones del hijo de ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya.

 

Los lorenistas que tienen alguna posibilidad real de mantenerse vigentes anote al secretario particular del Despacho de la Gobernadora, Gelacio Montiel Fuentes, al Consejero Jurídico, Rubén Terán Águila y al secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, David Guerrero Tapia, quienes hoy en día cuentan con la confianza y el aval de su jefa.

 

El resto podrá ir preparando su salida y sus maletas, sobre todo aquellos que vinieron de otras entidades como el secretario de Gobierno, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, el poblano Javier Marroquín Calderón, el responsable de la Secretaría de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, así como el encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el marino Alberto Martín Perea Marrufo.

 

También ponga en esa lista a los funcionarios foráneos Pedro Aquino Alvarado, secretario del Medio Ambiente, Iván García Juárez, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Tlaxcala y a Jeremy Martín Rocha Domínguez, responsable de la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala.

 

El tiempo del lorenismo se agota. En septiembre de este año Lorena Cuéllar dará su último grito de Independencia como gobernadora y también organizará a finales de octubre y la primera quincena de noviembre la última feria de Tlaxcala dentro de su periodo gubernamental.

 

Para esas fechas ya se sabrá el nombre del candidato o la candidata de Morena a la gubernatura. Si es Alfonso Sánchez todo será fiesta y alegría, pero si la nominación recae en la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, habrá tensión y muy poco que celebrar.

 

El cierre de la actual administración será complicado y más cuando sigan pasando las semanas y los meses, pues más allá de quién sea designado como candidato o candidata al gobierno, los tlaxcaltecas al parecer siguen mostrando su decepción por la gestión de Cuéllar que, según diferentes encuestas, sigue obteniendo bajos niveles de respaldo ciudadano al grado que su aprobación ronda los 40 puntos porcentuales.

 

Lo preocupante, es que los niveles de aprobación y de conocimiento de los funcionarios lorenistas andan por los suelos, de ahí que lo anterior explica por qué muy pocos de ellos tiene la posibilidad de seguir vigente en la vida pública.

 

Sino aprovecharon el tiempo, difícilmente podrán cambiar la percepción negativa que tienen los tlaxcaltecas sobre ellos, pues ya ha quedado demostrado que por más exposición mediática que tengan a través de conferencias de prensa su imagen sigue siendo mala.

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