Hoy existe una nueva casta divina en el Poder Judicial.
Se trata de los cinco inmaculados miembros del Órgano de Administración Judicial que son sencillamente son inaccesibles, incapaces de mezclarse con los mundanos magistrados, jueces y personal que labora en el Poder Judicial de Tlaxcala, porque pareciera que corren el riesgo de manchar su limpio plumaje.
Son los intachables defensores de la honestidad y la pulcritud que se han olvidado su pasado y su origen, al grado que algunos hasta ya no recuerdan sus tiempos de gigolos pero que pronto se los recordaremos. Son los que ahora no tienen tiempo para atender a nadie y menos para discutir y analizar el presupuesto, las necesidades y proyectos del Poder Judicial que en teoría se desarrollarán en el 2026.
Encabezados por el galán Sergio Pérez George, quien representa a la perfección al personaje cómico de televisión que creo Héctor Suarez y que es conocido como “El No Hay”, mismo que hizo todo lo posible por encontrarle un puesto a su Dulcinea y presumir que después de ser un simple chalán en la campaña, hoy es un hombre “poderoso” que ejecuta las órdenes de su verdaderos jefes, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la titular de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, se niegan a escuchar y atender a los magistrados y jueces.
No se sabe si a iniciativa propia o por una instrucción, Pérez George evita a todo costa recibir a las magistradas presidentas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala (TDJT), Fanny Margarita Amador Montes y Violeta Fernández Vázquez, respectivamente, quienes han solicitado audiencias para conocer detalles de los presupuestos y de las acciones que se emprenderán el siguiente año.
Ambas ya declararon a los medios de comunicación que no tienen ningún conocimiento del presupuesto del próximo ejercicio fiscal ni tampoco tuvieron la oportunidad de exponer sus necesidades y proyectos, porque sencillamente nadie les otorgó esa posibilidad, de ahí que sus ideas y planteamientos han dejado de ser relevantes.
En corto y con diferentes interlocutores, Fanny Margarita Amador no deja de quejarse del maltrato que recibe por parte de los integrantes del Órgano de Administración Judicial y de su engreído presidente Pérez George, quien en prácticamente 45 días que lleva en funciones le ha cerrado las puertas, le ha impedido plantear sus requerimientos de personal y le han recortado sus ingresos al desaparecer de manera arbitraria el nivel 19 que antes cobraba el presidente del TSJE.
La elaboración del proyecto de presupuesto del siguiente año es un misterio. Nadie sabe quién lo elaboró ni qué criterios se utilizaron, sobre todo porque los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial tuvieron escasos días para empaparse de los requerimientos económicos y seguramente cometieron algunos errores que saldrán a relucir muy pronto.
El Poder Judicial se encuentra hablando coloquialmente en una pausa administrativa, pues aunque no lo crea nadie toma decisiones y los nuevos empleados que llegaron más por recomendación que por capacidad no pueden con los cargos porque no saben cómo hacer las cosas y los trámites.
Ahí está el caso de la directora de Recursos Materiales Tribunal Superior de Justicia del Estado, Andy Pérez Pérez, que desconoce el tema de las licitaciones y tampoco sabe cómo manejar esa importante área, pero como la mandaron del Despacho de la Gobernadora entonces hay que darle la oportunidad de que aprenda, experimente y cometa muchos errores, sobre todos sí éstos justifican la asignación directa de contratos.
También recientemente movieron al director Jurídico del Poder Judicial, Rogelio Hernández Felipe, quien fue sustituido por Marcela Sánchez García, una abogada ampliamente recomendada por la poderosa fiscal Ernestina Carro.
Además, los nuevos funcionarios que han sido designados en los últimos días en el TSJE están lejos de cobrar el nivel de director que supuestamente deberían recibir, ya que en realidad percibirán el salario de un jefe de departamento, porque la consigna del Órgano de Administración Judicial es ahorrar, ahorrar y ahorrar porque se aproxima el “Año de Hidalgo”.
La cerrazón y soberbia que impera en los integrantes de ese órgano que se sienten poderosos e intocables e inmaculados, seguramente los llevará a cometer errores que tarde o temprano entorpecerán las actividades y trabajo de magistrados y jueces, los cuales se harán evidentes en las siguientes semanas y meses.
Lo anterior se deduce porque no es posible que quieran administrar más de 500 millones de pesos sin preguntar a los responsables de garantizar que exista en Tlaxcala una correcta impartición de justicia.
Así las cosas en el Poder Judicial.
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