El Delfín de la gobernadora está herido de muerte.
El truco de «ganar tiempo» en la política no es una buena decisión, si es lo que está pensando el Delfín.
Por qué una investigación pendiente, ordenada por el Tribunal Electoral, no es una absolución.
En política hay una vieja práctica que suele repetirse cuando las evidencias en contra comienzan a acumularse: ganar tiempo. No importa si se trata de propaganda anticipada, promoción personalizada o campañas disfrazadas de actividades institucionales; cuando las denuncias llegan a los tribunales, la estrategia consiste en refugiarse detrás de los procedimientos, las impugnaciones y las investigaciones interminables para seguir haciendo exactamente aquello que se cuestiona.
Eso parece estar ocurriendo en Tlaxcala.
La reciente resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala relacionada con las denuncias contra el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García y la dirigente estatal de Morena, Marcela González Castillo, deja una lección elemental que algunos actores políticos parecen empeñados en ignorar: que una investigación pendiente no equivale a una absolución.
En términos jurídico-electorales, una medida cautelar no es una sanción ni una declaración de culpabilidad. Es una determinación preventiva que busca evitar que una conducta presuntamente ilegal siga produciendo efectos mientras se investiga y resuelve el fondo del asunto.
Sin embargo, en los hechos, pareciera que ciertos grupos han decidido interpretar las resoluciones judiciales como una especie de permiso temporal. Primero, para simular que ya se están borrando las bardas (que no son unas cuantas, sino miles) y, segundo, para seguir inundando los espacios públicos con propaganda, impresos y estrategias de posicionamiento político que, desde hace meses, generan sospechas sobre una posible promoción anticipada de proyectos personales y electorales.
La lógica resulta tan simple como peligrosa: mientras nadie me sancione, sigo avanzando y violando la ley.
Pero existe, además, un elemento que merece especial atención. La explicación ofrecida públicamente por Alfonso Sánchez García respecto de la propaganda que promueve su imagen resulta, cuando menos, difícil de sostener frente a la magnitud del fenómeno observado.
Los tlaxcaltecas han visto bardas pintadas, espectaculares colocados en diversos puntos, propaganda impresa distribuida por brigadas supuestamente «espontáneas» (todos sabemos que son burócratas estatales y municipales), calcomanías y ejercicios demoscópicos que recurrentemente lo colocan en posiciones favorables. Y ni qué decir de sus «tamalizas» de acarreados por los forzados alcaldes de Morena.
Frente a ello, la versión de que desconoce quién financia, organiza o impulsa estas acciones genera más preguntas que respuestas.
Porque no se trata de una barda aislada ni de una acción individual. Se trata de una estrategia de posicionamiento visible, constante, sistemática y financiada con millones de pesos. Pretender que nadie sabe quién la coordina o financia desafía la lógica más elemental. Si realmente desconoce quién utiliza su nombre, su imagen y su proyección política para desplegar una campaña de esta magnitud, entonces las preguntas son todavía más preocupantes: ¿dónde están las denuncias que dijo que presentaría?, ¿o quién está operando en su beneficio sin rendir cuentas a nadie?
La ciudadanía merece una explicación seria, verificable y documentada, no respuestas ambiguas, evasivas, mentirosas y cínicas.
Y si las investigaciones continúan avanzando, inevitablemente llegará el momento de responder una pregunta fundamental: ¿de dónde provienen los recursos que han permitido sostener esta estrategia de promoción política?
La respuesta no puede quedar en el terreno de las especulaciones ni de las declaraciones mediáticas. Corresponde a las autoridades determinar el origen de los fondos y verificar si existe o no un cumplimiento de la normatividad electoral, fiscal y administrativa.
Lo que no resulta aceptable en una democracia es que una campaña de posicionamiento a gran escala aparezca ante la opinión pública sin responsables claramente identificados y sin transparencia respecto de su financiamiento.
Aquí lo hemos dicho: solo hay de tres sopas para el origen de los recursos millonarios que se han usado para la campaña del «Delfín» de Lorena Cuéllar: del presupuesto estatal y del municipio de Tlaxcala de Xicohténcatl; del presupuesto de Morena Tlaxcala desviado para un solo aspirante —lo cual sería verdaderamente escandaloso— o del crimen organizado.
El Tribunal no declaró inocente a nadie, ni a Alfonso ni a la senadora Ana Lilia. Tampoco exoneró conductas, y mucho menos afirmó que las denuncias carezcan de sustento. Lo que hizo fue algo todavía más grave para quienes pretendían cerrar el expediente: exhibir que la investigación interna de Morena fue deficiente, incompleta y carente de exhaustividad. Por ello se dictaron las medidas cautelares.
No hay que dejar de lado la orden del Tribunal para que las instancias correspondientes de Morena Nacional vuelvan a investigar y resuelvan correctamente las denuncias contra Alfonso Sánchez y Marcela González.
Por ello, traducido al lenguaje ciudadano, el mensaje fue contundente: no analizaron todo, no valoraron todas las pruebas y no respondieron a todos los señalamientos.
Más preocupante resulta lo relacionado con la propaganda denunciada mediante bardas, lonas y espectaculares.
El Tribunal tuvo que corregir al desprestigiado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones porque ni siquiera se había pronunciado de manera clara sobre la solicitud de medidas cautelares. Es decir, la autoridad administrativa dejó sin respuesta una petición fundamental: determinar si la propaganda debía permanecer o ser retirada mientras se resuelve el fondo del asunto.
En materia electoral, el tiempo es poder.
Cada día que una imagen permanece en un espectacular, cada semana que una barda continúa visible y cada mes que una campaña de posicionamiento sigue operando representa una ventaja política acumulada que difícilmente puede revertirse después.
Por eso existen las medidas cautelares: no para castigar, sino para evitar que el daño continúe mientras se investiga.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta.
Si los involucrados están convencidos de que no existe ninguna irregularidad, ¿por qué tienen la necesidad de ocupar bardas, espectaculares y espacios de promoción permanente mucho antes de los tiempos electorales?
La confianza en la legalidad se demuestra con hechos, no con comunicados ni inundando las redes sociales con mentiras y encuestas fantasmas.
Porque investigar no es encubrir.
Y reponer una investigación tampoco significa cerrar los ojos ante lo evidente.
En la democracia, la justicia puede tardar.
Lo que no debería tardar es la rendición de cuentas.
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