Tal y como se tenía previsto, la fiscalización del año 2025 resultó laxa y sin graves complicaciones para los 107 entes que son sujetos a revisión por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
De acuerdo con una nota del periodista Juan Luis Cruz Pérez que publicó el periódico La Jornada de Oriente, son 15 entes fiscalizables los que se encaminan a que sus estados financieros no sean avalados por los diputados locales. El monto del probable daño patrimonial supera los 42 millones de pesos.
Destacan doce ayuntamientos, dos comisiones de Agua Potable municipales y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Curiosamente y mágicamente ninguna dependencia estatal enfrentó observaciones, tal y como pasó en la revisión del 2024.
Son 48 presidentes municipales de la entidad que están felices y relajados de que el yugo del OFS haya desaparecido, sobre todo porque les da un respiro para cerrar sus administraciones con fuerza y sin tantas presiones contables y administrativas.
Los alcaldes y alcaldesas que enfrentarán problemas por presuntos quebrantos a las finanzas de sus ayuntamientos, por decirlo de alguna manera, serán los de Huamantla, Zitlaltépec, Atltzayanca, San Lucas Tecopilco, Santa Cruz Tlaxcala, Yauhquemehcan, San Pablo del Monte, Santa Cruz Quilehtla, Xaltocan, Españita, Lázaro Cárdenas y Atlangatepec.
A los anteriores entes habrá que sumar a las comisiones de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Apizaco y de Chiautempan y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, específicamente a la gestión que llevaron a cabo los ex magistrados que dejaron su cargo en agosto del 2025.
Los montos que fueron observados por los auditores del OFS van de los 500 mil pesos hasta casi los 6 millones de pesos, situación que no ha generado un gran escándalo y revuelo mediático, si tomamos en cuenta que en anteriores ejercicios de fiscalización, revisión y aprobación de cuentas públicas se han detectado quebrantos millonarios, pues tan solo un ente acumulaba más de 30 millones de pesos de anomalías.
La labor del Órgano de Fiscalización Superior es detectar irregularidades en el gasto de los recursos públicas, para después documentarlas y llevar a cabo los procedimientos para recuperar los fondos e iniciar los recursos legales para castigar esas conductas, mismos que por alguna extraña razón cuando llegan a la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala no avanzan y van directo al archivo, donde se desempolvan en caso de que sea necesario.
Prueba de ello es que escasamente han prosperado diez denuncias contra igual número de ex presidentes municipales, pues hasta donde se sabe cinco (Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez de Calpulalpan, Héctor Domínguez Rugerio de Chiautempan, Eymard Grande Rodríguez de Papalotla y Marco Antonio Pluma Meléndez de Tlaltelulco, éste es el único que permanece en la cárcel) han enfrentado un proceso penal y sólo uno (Hildeberto Pérez Álvarez), ha sido encontrado culpable y obligado con una sentencia a cumplir seis meses de prisión y a regresar a las arcas del ayuntamiento de Zacatelco más de dos millones de pesos.
Aunque se niegue, el Tlaxcala hay una justicia selectiva, porque mientras por un lado se ha intentado meter al penal (un juez liberó una orden de aprehensión) al ex presidente municipal capitalino, Jorge Corichi Fragoso, por presuntos desvíos de recursos públicos, a otros ex ediles como el de Chiautempan y el de San Pablo del Monte, Gustavo Jiménez Romero y Raúl Tomás Juárez Contreras “El Pollo”, respectivamente, nadie los molesta y ni se ve que estén ocupados o preocupados por justificar sus presuntos quebrantos.
Y si no me cree que la justicia es selectiva, entonces que alguien explique las razones por las cuales no se integran o se desechan las 251 denuncias vigentes promovidas por el OFS ante presuntas irregularidades en la aplicación de recursos públicos ejercidos por alcaldes, ex ediles, ex funcionarios estatales y servidores públicos de organismos autónomos y entidades descentralizadas.
Será que nadie quiere integrar los expedientes, será que éstas pueden ser utilizadas para presionar y obtener apoyos políticos o para concretar alguna venganza, será que los montos de los presuntos desvíos son insignificantes o será que en Tlaxcala es un mito que se combate y se castiga la corrupción.
Usted saque sus conclusiones.
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