Resultan grotesco y hasta ridículo las posturas de diferentes actores políticos de Tlaxcala que se apresuran a aplaudir las propuestas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para desaparecer excesos y lujos que prevalecen en Congresos estatales y ayuntamientos del país, cuando en la entidad desde hace más de cuatro años se tomaron medidas para evitar los gastos y partidas indebidas que disponía el Poder Legislativo y los presidentes municipales y no las mencionan para nada.
Tlaxcala se adelantó a iniciativa de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que, si bien no ha podido eliminar algunas partidas de las que gozan los diputados y las diputadas, lo cierto es que si les apretó el cinturón.
Por ejemplo, en el presupuesto del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal del 2022 se eliminó el llamado “fondo moches” superior a los 500 millones de pesos, el cual era distribuido y manejado entre los 25 legisladores locales para asignar obras a los municipios de la entidad.
También se dejó de entregar los recursos “especiales” que el gobernador en turno solía repartir a cada legislador a la hora de que éstos llevaban a cabo el proceso para designar al Procurador General de Justicia del Estado, a un magistrado u otro puesto que dependiera de la votación de los diputados locales, pues de esa forma se garantizaba que fuera electo no el mejor perfil, sino el recomendado.
El proceso para desterrar esas prácticas le implicaron a la mandataria Cuéllar largas jornadas de negociación y pláticas de convencimiento. Por esa razón varios diputados a cambio de su obediencia y sumisión fueron premiados con la reelección en los comicios del 2024.
Pero a pesar de lo anterior, lo real es que también prevalece la simulación en materia de austeridad, porque si bien la actual y la pasada legislatura eliminaron la partida que al arranque de sus periodos aprobaban para darse una “ayuda” de 350 mil pesos para que cada diputado comprara un vehículo nuevo, lo cierto es que se dice que esos fondos fueron escondidos en otros rubros, pero que al final ese dinero de pueblo si lo siguen recibiendo.
Y si no obtienen los 350 mil pesos de antes, se sabe que esos fondos aunque disminuyeron para ajustarse a 270 mil pesos, hay evidencias contables de que los actuales diputados si los cobraron de manera mensual con cheques o depósitos que cada uno dispuso.
El presupuesto del Congreso del Estado sigue a la alza pese a que hace diez años se redujo de 32 a 25 el número de diputados locales y a que la mencionada partida para comprar automóviles (se daba sólo una vez cada tres años y según la información disponible implicaba un gasto de más de 11 millones de pesos) se “canceló” en el 2022 y en el 2025.
Respecto a los ayuntamientos tlaxcaltecas que serán ajenos a la reducción de regidores como lo propone la reforma de la presidenta Sheinbaum, éstos siguen operando con criterios discrecionales y en la opacidad, situación que hace deducir que existe corrupción y excesos que en raras ocasiones son sancionados.
Una prueba de lo anterior es el informe que ayer reveló el ineficiente director del organismo “Transparencia para el Pueblo”, Norberto Sánchez Briones, quien informó que al menos 33 municipios presentan calificaciones reprobatorias, con niveles de cumplimiento muy por debajo de lo establecido.
En las administraciones municipales se han detectado irregularidades en rubros fundamentales como nóminas, contratos, programas sociales y reportes financieros. En muchos casos, la información es incompleta o no ha sido actualizada, lo que impide a los ciudadanos conocer con claridad cómo se ejercen los recursos públicos.
Si los morenistas en verdad quieren que los fondos del pueblo se inviertan en obras y acciones que beneficien a los habitantes, entonces no sólo deberían poner fin a la simulación y a la opacidad que existe, sino hacer efectiva la transparencia y al mismo tiempo establecer límites a gastos superfluos como las ferias de cada municipio, en donde al parecer se canalizan fuertes sumas de dinero público para la contratación de espectáculos que sólo divierten por una horas a las personas y no dejan ningún beneficio concreto.
Esos recursos bien podrían destinarse a la contratación de más policías, a la compra de más patrullas y a la ejecución de obras básicas que se necesitan en los municipios de la entidad.
O no piensa lo mismo.
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