Han pasado 45 días desde que los obedientes diputados y las diputadas locales aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Tlaxcala sin que los cambios surtan efectos.
La razón es muy sencilla, alguien no ha querido que los cambios legales avalados se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, situación que ha puesto la reforma en “stand by” porque está mal, porque fue apresurada y no consideró muchos aspectos como el manejo de los recursos públicos y las plazas o porque se omitieron algunos puntos importantes que la hacen inviable.
Entre los cambios que se encuentran frenados está el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asuma el mando operativo y administrativo del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) y de otras cuatro direcciones.
En pocas palabras es quitar el control del C5i al aún titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, quien también dejaría de administrar los programas como el Servicio Telefónico de Emergencia 911 y el sistema de denuncia anónima 089.
Hernández Pulido se convirtió en una pieza incómoda en el gabinete de seguridad y de coordinación, ya que siempre se ha mantenido independiente y alejado de los intereses de los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Antonio Ramírez Hernández y Alberto Martín Perea Marrufo, respectivamente.
Lo anterior habría sido una de las razones por las cuales Max Hernández no fue invitado a participar en la elaboración de la iniciativa en cuestión que, según nos cuentan, se elaboró en la Secretaría de Gobierno, proceso en el que se habla que también se involucró la Fiscalía General de Justicia en el Estado.
El problema es que los diputados y las diputadas fieles a su estilo no revisaron ni modificaron la iniciativa preferente de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la cual fue aprobada el pasado 5 de febrero, sin que hasta ayer 17 de marzo ya hubiera aparecido publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Hasta ahora, la Ley Orgánica vigente establece un esquema fragmentado, es decir, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública funge como eje técnico-administrativo del sistema de seguridad, mientras la SSC concentra las tareas operativas policiales.
Cuando entren en vigor los cambios legales se impondrá un modelo centralizado en el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se convertirá en el nodo rector de la operación policial y concentrará las labores de inteligencia, prevención, así como la tecnología y la atención ciudadana en materia de seguridad.
En pocas palabras la SSC se convertirá en juez y parte, toda vez que ya no habrá, porque no existirá, ninguna área administrativa que supervise el trabajo de las direcciones operativas.
Lo malo es que la reforma dejó varios pendientes, como las plazas federales que no podrán pasar al control administrativo y salarial de la administración estatal. Tampoco podrá disponer libremente de los fondos federales que se usan para la operación del C5i y para dotar de equipos y materiales a los policías estatales.
No pensaron que la concentración de recursos federales recae en el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y por lo tanto ese órgano deberá seguir operando como hasta ahora los fondos tal y como se convino con la federación, de ahí que el equipo y materiales que se adquieran deberán ser entregados al gobierno estatal en forma de comodato, situación que si no se cuida Tlaxcala podría dejar de recibir partidas económicas que resultan claves y fundamentales.
De acuerdo con la iniciativa aprobada, en uno de sus artículos transitorios se estableció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana contará con un plazo de 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto para que “se lleven a cabo las reformas correspondientes a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, al Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como al Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Dichas reformas deberán tener por objeto la adecuación de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conforme a lo previsto en las citadas fracciones”.
Es obvio que algo pasó y que la prisa con la que se abordó y aprobó esa reforma ya se desvaneció, porque ahora ya nadie habla del tema que supuestamente era urgente y necesario.
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