¿De dónde viene el dinero de la campaña anticipada?

Solo hay tres posibilidades: del erario público, de “patrocinadores y benefactores anónimos” o, de la delincuencia organizada. En los tres casos, estarían violando las leyes.

 

 

De dónde viene el dinero, esa es la pregunta que hoy incomoda al poder en Tlaxcala. No basta la negación de la realidad ni que los responsables de este chiquero digan que no saben nada.

 

No es un ataque partidista ni una consigna sin sustento: es una exigencia ciudadana elemental frente a un despliegue propagandístico que, por su dimensión y descaro, parece más propio de una campaña constitucional a la gubernatura en curso.

 

Las bardas hablan. Los espectaculares gritan. Impresos y calcomanías circulan por cientos de miles. Las redes sociales repiten el mismo mensaje una y otra vez. Encuestas fantasmas son replicadas sin pudor. Actos anticipados de campaña por todo el estado de Tlaxcala se presentan como “convivencias sociales”. Los desplegados ocupan páginas completas. Las entrevistas “casualmente” se multiplican en medios locales y nacionales.

 

Y en el centro de esa operación se encuentra Alfonso Sánchez García, señalado como el delfín político impulsado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para asegurar la sucesión bajo las siglas de Morena en 2027.

 

Sin embargo, cuando la evidencia visual y cuantificable resulta abrumadora, la respuesta oficial ha sido la negación. La mandataria, a través de su vocero, ha deslindado responsabilidades. El propio Alfonso Sánchez rechaza estar detrás de una campaña anticipada. Y su esposa Marcela González Castillo, actual dirigente estatal de Morena, también niega cualquier operación coordinada.

 

La tríada política asegura que no hay campaña, que no hay promoción irregular, que todo es espontáneo, orgánico, ciudadano.

 

Pero la realidad material no se esfuma con declaraciones.

 

Los números, aún bajo estimaciones conservadoras, retratan una maquinaria multimillonaria que no surge de la nada ni se financia con buena voluntad.

 

Estamos hablando de por lo menos 500 mil folletos y pasquines a color tamaño carta. A un costo promedio de 3 pesos por unidad, representan 1.5 millones de pesos. A eso se suman 125 mil calcomanías, equivalentes a medio millón adicional.

 

Las calles exhiben al menos 5 mil bardas pintadas en los 60 municipios del estado. Con un costo estimado de 3 mil pesos por barda —entre pintura, mano de obra y permisos— el gasto alcanza 15 millones de pesos.

 

La presencia aérea no es menor: 100 espectaculares estratégicamente ubicados. Si cada uno cuesta alrededor de 25 mil pesos mensuales y han permanecido tres meses, hablamos de 7.5 millones de pesos. Además, se contabilizan 2 mil 500 lonas, con un costo aproximado de 1.5 millones.

 

La operación territorial incluye brigadas permanentes, con transporte, combustible, alimentos y uniformes. En tres meses, ese aparato podría representar al menos 10 millones de pesos.

 

A ello se suman alrededor de 100 convivencias sociales para 300 personas cada una —eventos que funcionan como mítines encubiertos— con un costo estimado de 100 mil pesos por evento. Resultado: 10 millones de pesos.

 

En el ámbito digital, la narrativa se multiplica mediante campañas segmentadas, producción audiovisual profesional y presuntas granjas de bots que inflan tendencias y atacan críticos. Más el pago de encuestadoras patito, la estimación mínima: 5 millones de pesos.

 

Pero la estrategia no se limita al territorio estatal. Incluye impresos de pasquines disfrazados de periódicos y desplegados en prensa simulando cobertura de información, con páginas completas exaltando supuestos logros. En este gasto, la cifra podría ascender a 10 millones de pesos.

 

Y como remate, el pago de entrevistas “a modo” en medios nacionales y plataformas digitales, la suma puede ser de 12 millones de pesos adicionales. El pago al operador panista contratado desde Palacio de Gobierno, aquel identificado con Moreno Valle, de no menos de 10 millones de pesos.

 

Y lo que realmente suena a película de terror político, el manejo perverso de Lorena Cuéllar de cientos de millones de pesos de los programas sociales a través de los Comités que formó por toda la entidad la esposa del delfín, líder de Morena en Tlaxcala, para inducir y manipular el voto en la próxima encuesta de mayo del partido para seleccionar a la candidata o el candidato del 2027.

 

Son más de 100 millones de pesos más los que corresponden a los programas sociales, invertidos para “garantizar” el posicionamiento y popularidad” de Sánchez García.

 

Entonces, la pregunta vuelve, más fuerte, más urgente, más incómoda:

 

¿De dónde viene el dinero de la campaña ilegal y anticipada de Alfonso Sánchez García?

 

Si proviene del presupuesto estatal, estaríamos frente a un desvío de recursos públicos. Cada peso destinado a propaganda anticipada sería un peso sustraído del erario. Sería el uso del poder para fabricar continuidad política.

 

Si el dinero es privado y no ha sido reportado ni fiscalizado conforme a la ley, también estaríamos ante una irregularidad muy grave. Las reglas electorales existen para evitar que el dinero opaco capture la competencia democrática.

 

Y si —como algunos temen— el financiamiento tuviera vínculos con intereses de origen ilícito, la gravedad escalaría a niveles alarmantes. No hay pruebas públicas que lo confirmen, pero cuando se manejan cifras tan elevadas sin transparencia, la sospecha se instala inevitablemente. En el México contemporáneo, la pregunta sobre la infiltración criminal en la política no es paranoia: es una realidad documentada en distintas regiones.

 

La gobernadora niega. Su vocero desestima. El alcalde rechaza. La dirigente partidista es otra marioneta ciega. Todos aseguran que no existe una campaña anticipada. Pero el amor y el dinero no se pueden ocultar.

 

La negación oficial, lejos de disipar dudas, las profundiza. Porque no basta con decir “no somos nosotros”. La carga de la prueba, ante un despliegue de esta magnitud, exige documentos, facturas, contratos, estados financieros. Transparencia total.

 

En Tlaxcala, la percepción ya generalizada de que se intenta imponer un candidato desde el poder —con recursos cuya procedencia no se explica— erosiona la confianza ciudadana. Así se lo hicieron saber hace unos días a la presidenta Claudia Sheinbaum. El principio de piso parejo se convierte en ficción cuando uno de los aspirantes, el delfín, dispone de una maquinaria ilegal valuada en cientos de millones de pesos.

 

Más grave aún es el señalamiento de presunto uso coercitivo de servidores públicos en brigadas y actos. Son salarios pagados para una campaña y no para el servicio público. Si los empleados gubernamentales participan bajo presión o durante horarios laborales, la frontera entre Estado y campaña desaparece. El aparato público no puede transformarse en instrumento electoral de un proyecto personal.

 

Aquí no se trata de simpatías o antipatías políticas. Se trata de legalidad. Se trata de ética pública. Se trata de respeto a los tiempos y a la ciudadanía. Cualidades que no son la característica del gobierno de Cuéllar Cisneros.

 

Porque mientras la propaganda crece, el descontento con la gobernadora también. Entonces, inevitablemente, la pregunta vuelve a retumbar en cada rincón del estado:

 

¿De dónde viene el dinero de la campaña ilegal y anticipada de Alfonso Sánchez García?

 

Si todo es legal, que no parece, que se aclare. Si todo es transparente, que se publique quién pone la lana y quién la está administrando.

 

Si todo es espontáneo, que se explique cómo se financia una operación millonaria de la que ni la gobernadora ni su elegido dicen no saber absolutamente nada.

 

La negación ya no basta. La ciudadanía merece respuestas. Porque cuando el poder invierte millones en posicionar a su heredero político mientras niega estar haciéndolo, la sospecha deja de ser una hipótesis y se convierte en una exigencia de rendición de cuentas. Tienen que responder ante la ley y las autoridades electorales y penales.

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