El viejo régimen tiene secuestrada la política en la entidad y esa es su verdadera tragedia.
En Tlaxcala no gobierna un partido: gobierna un régimen. Y ese régimen tiene nombre, historia y colmillos: el PRI, ese dinosaurio político que nunca se extinguió y que hoy, más voraz que nunca, se prepara para seguir en el poder mediante la herencia descarada. Aquí no hay alternancia, hay fraude histórico continuado.
Desde 1998 se montó la gran farsa. Alfonso Sánchez Anaya, priista disfrazado de perredista, inauguró la simulación moderna: convencer a la sociedad de que algo había cambiado cuando, en realidad, todo seguía igual. Fue el primer acto del engaño. Hoy, el círculo pretende cerrarse de la peor manera posible: imponiendo a su hijo, Alfonso Sánchez García, como delfín.
No es continuidad política: es dinastía, es feudalismo electoral, es la negación misma de la democracia.
Después vinieron más máscaras del mismo monstruo. Héctor Ortiz, priista reciclado en panista y protegido de Beatriz Paredes Rangel, confirmó que en Tlaxcala los partidos son simples franquicias.
Mariano González Zarur, el priista más corrupto y cínico, elevó el saqueo a doctrina. No sólo dijo que quería gobernar para hacer negocios: convirtió el gobierno en su negocio y ahora trabaja para que su hijo —el converso a Morena— sea el próximo alcalde de Apizaco.
Marco Antonio Mena Rodríguez cerró el ciclo priista formal traicionando a su partido y refugiándose en Morena, con la comodidad adicional de los lazos familiares con la actual gobernadora. Su hermano Fabricio es el cuñado incómodo de Lorena Cuéllar. En Tlaxcala, el poder no se discute: se reparte entre parientes.
Y entonces llegó Lorena Cuéllar Cisneros, vendida como símbolo de la transformación, pero formada íntegramente en el PRI: síndico, alcaldesa, diputada local priista; heredera de una tradición familiar priista; nieta de exgobernadores priistas de la peor alcurnia. Sobrina de Joaquín Cisneros, eterno aspirante tricolor, pero cuyo pasado corrupto lo persigue y lo perseguirá siempre.
La “ruptura” de Lorena con el PRI no fue valentía: fue cálculo. Morena no la cambió; ella colonizó a Morena y lo convirtió en el último refugio del dinosaurio.
Hoy, el PRI gobierna Tlaxcala sin siglas, sin pudor y sin oposición real. Y quiere quedarse. Beatriz Paredes le hace el caldo gordo a Lorena y al alcalde de la capital. La imposición de Alfonso Sánchez García a la candidatura de Morena para el 2027 sería el golpe final: la confirmación de que el estado no es una entidad federativa, sino una herencia privada administrada por las mismas familias de siempre.
Esto no es un mal gobierno más. Es una tragedia histórica. Es la cancelación del futuro. Es condenar a Tlaxcala a vivir eternamente bajo el peso de un dinosaurio que todo lo aplasta y nada construye.
Mientras ese dinosaurio siga vivo, Tlaxcala no tendrá transformación, ni esperanza, ni salida. Sólo pasado. Y del peor.
Por ello es tan delicada la intromisión del antiguo régimen en la 4T del gobierno estatal. Ahora exigen la expulsión de la líder estatal de Morena, Marcela González Castillo, esposa de Alfonso Sánchez García, el delfín de la gobernadora Cuéllar.
Los tres, de cepa priista, con las mismas mañas, el mismo manual de corrupción, tráfico de influencias y herencia del poder a familiares y castas políticas. Pero las bases empiezan a hacerle ruido al disfrazado gobierno de izquierda de Lorena Cuéllar.
La descomposición ya es inocultable. Es tan delicada la intromisión del antiguo régimen en el gobierno estatal y en los municipios de la llamada 4T que ahora las propias bases fundadoras de Morena exigen la expulsión de Alfonso Sánchez García y de Marcela González Castillo, actual dirigente estatal del partido y esposa del aspirante. El reclamo no viene de la oposición: viene desde dentro.
La exigencia de la expulsión del matrimonio secuestrador de Morena la encabeza Edvino Delgado Rodríguez, militante fundador, quien en representación de las bases alza la voz para frenar lo que consideran un atropello a los principios del movimiento. Ante la omisión de los órganos internos, el caso ya escaló a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y existe una queja formal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (expediente CNHJ-TLAX-279/2025).
La acusación es demoledora: uso sistemático de la estructura partidista para posicionar electoralmente a Alfonso Sánchez García rumbo a 2027, violando de manera flagrante el artículo 43 de los estatutos de Morena, que prohíbe a dirigentes promover a familiares o cónyuges. En Tlaxcala, la ley interna es letra muerta.
El viejo régimen que pudre todo lo que toca.
Lo que ocurre en Tlaxcala es un modelo perfectamente aceitado de captura del Estado. Un sistema creado para reciclar apellidos, blanquear trayectorias y perpetuar privilegios bajo nuevas siglas. La llamada transición nunca existió; fue solo un cambio de escenografía.
Aquí no hay izquierda ni derecha. Hay una casta que entiende el poder como patrimonio familiar y al gobierno como botín hereditario. Tlaxcala no padece alternancia fallida: padece secuestro institucional. Las elecciones se han vuelto rituales vacíos y los partidos simples vehículos desechables.
Morena, que prometió ruptura, terminó siendo coartada. En lugar de erradicar al viejo régimen, lo legitimó. Le dio discurso, cobertura y blindaje moral. El dinosaurio priista no solo sobrevivió: aprendió a hablar el lenguaje de la transformación mientras seguía devorando instituciones, presupuestos y futuro.
La imposición familiar no es un exceso: es el método. La ilegalidad no es anomalía: es práctica cotidiana. El uso patrimonial del partido y de sus estructuras está denunciado y judicializado, y aun así la impunidad persiste. El silencio del poder central no es ingenuidad: es complicidad.
El caso Tlaxcala ya no es local. Es una advertencia nacional. Si esta simulación se consuma, el mensaje será devastador: que los estatutos no importan, que la ética es decorativa y que la 4T puede ser colonizada sin consecuencias por aquello que juró combatir. No sería solo una derrota electoral, sino una derrota moral.
Tlaxcala está ante una encrucijada histórica. O rompe con el régimen de herederos, o acepta vivir bajo su sombra otros treinta años. Porque un estado gobernado por apellidos no progresa, un estado secuestrado por clanes no respira y un estado donde la ley se viola desde la dirigencia partidista está condenado a repetir eternamente su peor pasado.
Tlaxcala no merece esto. No merece ser rehén de una ambición personal. No merece que se le trate como territorio conquistado. No merece que su presupuesto sea drenado para financiar espectaculares, bardas, lonas y acarreados. No merece que sus servidores públicos sean obligados a hacer campaña bajo amenaza. No merece que se pisotee la ley con la arrogancia de quien cree que el poder es eterno.
La democracia no se construye con propaganda, se construye con respeto. Y aquí no hay respeto: hay imposición. No hay competencia: hay dedazo. No hay proyecto: hay clan.
El dinosaurio sigue vivo. Y mientras siga respirando, Tlaxcala seguirá atrapada en la corrupción y la impunidad.
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