El dedazo que vuelve en su peor versión de “pulpos chupeteadores”.
En Tlaxcala se está cocinando, a plena luz del día, una de las maniobras políticas más burdas, perversas y ofensivas para la democracia local en los últimos años. No se trata de un simple “proceso interno” ni de una legítima competencia por la candidatura de Morena rumbo a 2027.
Lo que ocurre en el estado tiene nombre y apellido: la terquedad autoritaria de Lorena Cuéllar Cisneros por imponer, a como dé lugar, a Alfonso Sánchez García como su sucesor. Y, con ello, arrastrar al gobierno, a las instituciones y a la ciudadanía a una degradación política que ya huele a impunidad y a cinismo.
Porque esto ya no es política: es un secuestro del poder. Y, como todo secuestro, se ejecuta con amenazas, con dinero público o ajeno y con la complicidad de quienes deberían estar del lado de la ley.
Lo más indignante es que ni siquiera se guardan las formas. La gobernadora y su “delfín” actúan como si las leyes electorales fueran simples sugerencias para los ingenuos, para los “pobres” tlaxcaltecas que se tragan todas sus mentiras; como si el marco legal existiera únicamente para castigar al adversario y no para contener sus excesos de poder.
Actos anticipados de campaña: el 2 de febrero, las tradicionales “tamalizas” fueron convertidas en un acto político, como dice el manual del viejo PRI; propaganda disfrazada, promoción personal descarada, calcomanías, pegotes, bardas y pasquines (con la complicidad degradante de algunos medios de comunicación impresos que gozan de jugosos convenios, esos que el “Pinocho” vocero dijo que iba a transparentar), diseminados por toda la entidad.
Hay un derroche de lana de origen “desconocido” que alimenta la porquería de autoritarismo e imposición que se manda desde el Palacio de Gobierno. Una movilización de estructuras, de burócratas amenazados, que alimenta una sucia presencia política invasiva en todo el estado. Esto es una campaña política impuesta y anticipada, porque Lorena no quiere ser juzgada.
A estas alturas, ya ni la pregunta cabe: ¿de dónde sale el dinero para esta grotesca exhibición de recursos? La respuesta es tan obvia como insultante: del dinero público.
Del dinero de nuestros impuestos. Del dinero que debería estar en medicinas, seguridad, infraestructura, servicios municipales, apoyo al campo, agua potable, alumbrado y atención ciudadana. Pero no. En Tlaxcala, el presupuesto se ha convertido en gasolina para una campaña vulgar, adelantada, descarada y ofensiva.
Lo que se ve en las calles no es espontáneo: es un teatro político. O, como decía de los políticos priistas el gran Jesús Martínez “Palillo” en las carpas de la Ciudad de México: “Malditos políticos abusivos, rateros, lacras, pocaluchas (o variaciones similares, refiriéndose a gente sinvergüenza o de poca madre), debería darles vergüenza robarles a los infelices. Qué escasa madre tienen: nacieron en incubadora, descastados”.
Y remataba: estos políticos del PRI (como los que ahora gobiernan Tlaxcala y quieren seguir haciéndolo) son unos “pulpos chupeteadores” (este les queda “como anillo al dedo” a Lorena Cuéllar y su banda).
Lo que estamos viendo, y siendo testigos de lo que está pasando en Tlaxcala, no es un movimiento del pueblo. No es una ola de simpatía hacia el iluso que cree que por sus grandes capacidades lo eligieron. Es propaganda comprada, colocada, distribuida y sostenida con una maquinaria que sólo puede existir con recursos, favores y presión institucional. Una maquinaria que se alimenta del abuso del poder.
Y aquí viene el punto más grave: la extorsión política como método de operación, porque los servidores públicos del estado están siendo obligados a hacer campaña, no por convicción, sino por miedo. “Si no colaboras, te corro; si ayudas, tendrás trabajo en la próxima administración”.
Ese es el nuevo lenguaje del gobierno estatal: el chantaje laboral convertido en estrategia electoral. El empleo público convertido en moneda de cambio. El derecho al trabajo convertido en castigo o recompensa según la obediencia al dedo elector de la gobernadora.
Así opera el Clan. Así se impone el Clan. Así se construye el “proyecto” del Clan.
Porque esto no es Morena, ni es transformación, ni es democracia interna. Esto es el viejo PRI con nueva camiseta. Es el ADN priista respirando con normalidad en el cuerpo del gobierno actual. Es la misma práctica de siempre: usar el aparato del Estado para fabricar candidaturas, someter estructuras, comprar voluntades, presionar funcionarios y aplastar disidencias.
Es la misma receta de los cacicazgos: el poder como botín, el gobierno como propiedad privada, la sucesión como herencia de “castas divinas”.
Lorena Cuéllar no quiere un sucesor: quiere un títere. Alguien que llegue al despacho principal del Palacio de Gobierno con los hilos de cáñamo bien amarrados, listo para ser manipulado o levantado a la bodega como pieza de museo.
Para muchos, Alfonso Sánchez García es un personaje administrable, dócil, silencioso, ciego y cómplice, sin iniciativa propia. Porque sólo así se garantiza la continuidad de lo verdaderamente importante para el Clan: el control, la impunidad y la posibilidad de seguir saqueando sin rendir cuentas.
Y, mientras tanto, la ciudadanía mira con asco el espectáculo degradante: ese de continuar haciendo de la política un tiradero de basura electoral.
Porque Alfonso Sánchez García no es precisamente el ejemplo de eficacia, liderazgo o buen gobierno que entusiasme a Tlaxcala. Los habitantes de la capital lo han reprobado una y otra vez. Ahí están las encuestas por si hay alguna duda.
Su desempeño es evaluado mes con mes por debajo de los niveles mínimos de aceptación. En encuestas serias, su calificación ronda lo vergonzoso, lo indefendible; lo que, en cualquier democracia funcional, significaría el fin de una carrera política. Pero aquí no. Aquí, en el Tlaxcala del Clan, la evaluación ciudadana no importa.
La legitimidad no importa. El mérito no importa. Sólo importa el oscurantismo de un gobierno de roedores que mira a los tlaxcaltecas desde el balcón principal del Palacio de Gobierno.
Y lo más ridículo, lo más insultante, es que además pretenden vendernos la mentira de que “va ganando”. De pronto aparecen encuestas fantasma de empresas que no existen, mediciones inventadas, estudios comprados o maquillados que lo colocan como puntero en la carrera interna de Morena.
¿A quién creen engañar? ¿De verdad suponen que la gente es tan ingenua como para creer que un alcalde reprobado se convierte mágicamente en líder popular sólo porque lo dice una hoja pagada?
Esa es otra forma de propaganda: la propaganda disfrazada de “opinión pública”, a la que se prestan medios necesitados y sumisos. La manipulación disfrazada de “datos”. La compra de percepción como sustituto de la realidad.
Pero el cochinero no termina ahí. Alfonso Sánchez, en su desesperación por posicionarse, está violando disposiciones municipales y normas básicas de convivencia. Ha llenado calles y espacios públicos con basura electoral.
Ha invadido bardas, postes, banquetas y mobiliario urbano. Ha pegado propaganda en casas de tlaxcaltecas sin autorización, como si la propiedad privada fuera extensión de su ambición. Ha contaminado visualmente al estado con un bombardeo propagandístico que no informa, no propone, no dialoga: sólo ensucia.
Eso no es campaña: es contaminación política. Es la imposición como estilo. Es el “aquí estoy porque puedo” convertido en mantra.
Y detrás de todo está el sello del Clan: soberbia, abuso y cinismo.
La ambición del Clan Cuéllar–Sánchez García ha rebasado todos los límites de la decencia política. Decir que lo que hacen con Tlaxcala es un cochinero es, incluso, ser amable. Porque un cochinero al menos se limpia. Lo que están haciendo es degradar la vida pública, normalizar la ilegalidad y convertir al Estado en una oficina electoral al servicio de una sola persona.
Lo peor es que este tipo de prácticas no sólo corrompen el proceso rumbo a 2027: corrompen a Morena, corrompen a las instituciones y corrompen la confianza social. Porque cuando la gente ve que la ley no aplica para los poderosos, entiende que el sistema está diseñado para proteger al Clan, no al ciudadano. Y cuando eso ocurre, lo que se pierde no es una elección: se pierde la esperanza de que la política pueda ser un instrumento de justicia y no de saqueo.
La gobernadora, además, no disimula el miedo. Lo demuestra en privado y lo filtra en público: manotazos, regaños, presiones a secretarios y directores, advertencias disfrazadas de liderazgo. “O se ponen las pilas o nos lleva la chingada con Ana Lilia Rivera”. Esa frase, que circula como amenaza interna, revela el verdadero motor de esta imposición: el pánico a perder el control. El terror de que alguien llegue sin deberle nada al Clan. El miedo de que se rompa la cadena de complicidades.
Y ahí está el fondo del asunto: no se trata de ganar por convicción, se trata de ganar por supervivencia para beneficio de un solo grupo. En Tlaxcala no hay competencia: hay dedazo. No hay proyecto: hay clan.
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