Lorena Cuéllar ha cruzado la línea de la decencia para imponer a Alfonso Sánchez García como candidato a la gubernatura de 2027
El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros en Tlaxcala ha cruzado una línea peligrosa: la conversión del aparato estatal en instrumento de una ambición personal y familiar disfrazada de continuidad política. Lo que se presenta como defensa de la “Cuarta Transformación” no es más que una guerra sucia millonaria, financiada con recursos públicos, para imponer a Alfonso Sánchez García.
El alcalde de la capital de Tlaxcala es el “delfín” predilecto al que Lorena Cuéllar ha señalado con su dedo elector. Lo quiere como su sucesor en la gubernatura de 2027, mientras se ataca sin piedad a su también compañera de partido, Morena, la senadora Ana Lilia Rivera, que se encuentra muy por encima en todas las encuestas en las preferencias de los tlaxcaltecas para ser su próxima gobernadora.
Esta estrategia no es improvisada ni marginal; ha sido planeada, valorada y se encuentra actualmente en ejecución.
Filtraciones internas del Palacio de Gobierno apuntan a que se destinan más de 20 millones de pesos a empresas especializadas en manipulación digital y propaganda negra.
Una de ellas, confirmada por las mismas fuentes, es Demotécnia De las Heras, firma con décadas de experiencia en encuestas y estudios de opinión, pero que en este contexto se convierte en engranaje de una maquinaria de descrédito y descrédito selectivo.
La otra es Elemental Comunicación Estratégica que es encabezada por el consultor español Víctor Serrano, donde también colaboran Ximo Valls, Rodrigo González y Lucía Padrón.
El presunto desvío de fondos públicos para inflar artificialmente la imagen de un candidato y demoler a una rival interna representa no solo un abuso de poder, sino una traición flagrante a los principios que Morena proclamó en su origen: honestidad, austeridad y combate a la corrupción.
La guerra sucia se despliega con métodos probados y sofisticados. Granjas de bots operan 24/7, inundando redes sociales con mensajes repetitivos, retuits masivos y ataques coordinados contra Ana Lilia Rivera, una senadora con trayectoria en la izquierda fundacional de Morena, ajena al “clan” gobernante.
Estas cuentas carecen de originalidad: copy-paste de guiones idénticos, actividad ininterrumpida sin pausas humanas y perfiles creados en masa en periodos electorales clave.
El análisis forense digital —con herramientas como Botometer o visualizaciones en grafos con Gephi— revela patrones claros: “nados sincronizados” donde nodos densos interactúan sólo entre sí y con el beneficiario, aislados del tejido orgánico de la conversación pública.
Esta operación no es barata ni inocente, pero a Lorena Cuéllar y a su mafia en el poder no les importa el dinero; les importa que no los persigan al término de la administración, que no les inicien un proceso por corrupción que los lleve a la cárcel. Están muertos de miedo al interior de ese grupo faccioso.
Millones de pesos del erario se usan para comprar notas informativas sesgadas, inventadas, columnas pagadas y campañas de desprestigio que buscan pintar a Rivera como amenaza al “proyecto” oficial, cuando en realidad representa una voz crítica e independiente que podría romper el pacto de impunidad que, según las acusaciones, protege el destino de recursos manejados en el entorno familiar de la gobernadora.
El miedo a auditorías futuras —que podrían exponer irregularidades en el uso de fondos— impulsa esta inversión desproporcionada en propaganda. Como se señala con crudeza: “El miedo a la justicia es el motor que mueve la inversión millonaria en la propaganda oficial”.
Tlaxcala enfrenta una grave encrucijada. Lo que está en juego no es solo una sucesión partidista, sino el carácter mismo del Estado. Si el poder Ejecutivo se usa para perpetuar un control familiar mediante recursos ilegales y extorsión política, la entidad deja de ser una institución pública para convertirse en patrimonio privado de un grupo.
Esto contradice el ADN de la 4T: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la dirigencia nacional de Morena no pueden permanecer omisas ante un desvío tan evidente de recursos para fines sucesorios personales. La omisión sería complicidad.
Ana Lilia Rivera encarna la alternativa real: forjada en luchas sociales, sin vínculos con el “clan” ni garantías de impunidad, representa una amenaza genuina para quienes ven el gobierno como herencia familiar. Atacarla con saña no fortalece a Tlaxcala; la debilita, erosionando la confianza en Morena y alimentando la percepción de que el partido ha reproducido las peores prácticas del viejo régimen: imposición, manipulación y uso clientelar del erario.
La historia enseña que los “delfines” impuestos por soberbia terminan devorados por la realidad de un pueblo harto de abusos, ejecutados por guillotinas.
Tlaxcala no merece ser rehén de ambiciones dinásticas ni de una guerra sucia que contamine el debate democrático. Urge transparencia: auditorías independientes sobre los contratos con empresas como Demotécnia y otras, investigación de las granjas de bots y rendición de cuentas sobre el origen de millones desviados.
¿Se acuerdan cuando el señor vocero de la gobernadora Cuéllar dijo que la estrategia de comunicación en el gobierno sería “hacer más público lo público”? Pues volvió a mentir.
Martínez Velázquez oculta información, reserva datos, protege delincuentes y borrachos funcionarios, justifica viajes de vacaciones de su jefa y nos quedamos todos con las ganas de saber de cuánto son los millonarios convenios con los medios de comunicación tradicionales de Tlaxcala. Nunca lo hizo. Es un mentiroso.
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros debe responder y comprender que el Estado es un instrumento de servicio público y no una maquinaria para proteger intereses privados y de grupo delincuencial.
Mientras gaste millones en proteger su huida, el pueblo observa. Y tarde o temprano, la realidad impone justicia donde la soberbia la niega.
Josefina Rodríguez ha dejado la contienda por la gubernatura
De acuerdo con publicaciones y señalamientos difundidos este 26 de enero de 2026, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, habría recibido en Madrid una indicación directa de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para apoyar la candidatura de Alfonso Sánchez García a la gubernatura por Morena en 2027, a cambio de presuntos privilegios y compromisos políticos.
Horas después, allegados y enviados cercanos a Rodríguez Zamora comenzaron a posicionarla públicamente como una aspirante fuerte y decidida dentro del partido guinda, insistiendo en que se mantiene firme en sus intenciones rumbo al proceso interno.
Críticos locales acusan que tanto Josefina Rodríguez como Lorena Cuéllar pretenden subestimar a la ciudadanía tlaxcalteca con una estrategia simulada. La secretaria de Turismo no admitirá abiertamente haber sido “alineada” a un proyecto ajeno al suyo, sino que participaría en la encuesta de febrero —programada para definir la candidatura morenista— con el objetivo de fragmentar las preferencias y evitar que Ana Lilia Rivera se imponga como favorita.
Según las versiones circulantes, la instrucción fue clara: “Trabaja a favor de Alfonso Sánchez en lo oculto, te usaremos en la medición para dispersar votos; de lo contrario, todos enfrentaremos consecuencias graves, incluidas posibles acciones judiciales”.
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