El evidente y sistemático impulso que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros brinda al alcalde de Tlaxcala de Xicohténcatl, Alfonso Sánchez García, como su sucesor predilecto para la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027, no constituye un proceso natural de renovación partidista.
Esta operación política de la gobernadora genera una alarma generalizada por el uso indebido de recursos públicos en favor de un proyecto personal, familiar y de grupo.
Es innegable la cantidad desproporcionada de fondos públicos que se destinan a este proyecto político. La gobernadora «pasea» al alcalde por todos los rincones de la entidad: lo acompaña en eventos oficiales, le asigna presupuestos extraordinarios que los otros 59 municipios no reciben en la misma magnitud y facilita su presencia constante en los medios de comunicación locales mediante entrevistas y coberturas privilegiadas, utilizando para ello al vocero del gobierno del estado.
Lorena financia supuestas encuestas de empresas poco transparentes y de dudosa seriedad, cuyo único propósito parece ser inflar artificialmente la imagen de Sánchez García y posicionarlo como el candidato «natural».
Todo este esfuerzo se orienta a manipular la percepción de los tlaxcaltecas, haciéndoles creer que él es la opción «buena», cuando en realidad su rol principal es el de protector del legado y garante de la impunidad al término del actual sexenio.
Cuéllar hace un uso distorsionado e indebido del erario y de los servidores públicos de su gobierno para inclinar la balanza a favor de su ahijado. El dinero de la administración lorenista se emplea para construir una figura que sirva como escudo en 2027 a una gestión ampliamente cuestionada por su desempeño corrupto.
Elegir a Alfonso Sánchez García en la próxima encuesta interna de Morena es prolongar el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros con todas sus fallas: opacidad, inseguridad sin precedentes en la historia: nepotismo institucionalizado y prácticas que han erosionado la confianza en las instituciones.
El lastre que representa el gobierno de Lorena es abrumador. Su gestión ha sido percibida como una de las más deficientes en la memoria colectiva tlaxcalteca. La inseguridad ha transformado la vida cotidiana, convirtiendo lo que eran incidentes aislados en un clima de desasosiego permanente. Los habitantes se sienten cada vez más expuestos en calles, caminos, transporte público, cajeros automáticos y espacios cotidianos. Este clima de temor altera rutinas, limita la movilidad nocturna y genera un rechazo creciente hacia las autoridades que no logran revertirlo de manera convincente.
La opacidad en el manejo de recursos ha permitido que sospechas de irregularidades, enriquecimientos inexplicables, compra de propiedades y favoritismos se acumulen sin respuestas claras. El nepotismo de Lorena, ha convertido puestos clave en extensiones de círculos familiares y de lealtad personal sin importar las capacidades, más que para robar.
Cualquiera que sea impulsado por Lorena Cuéllar se convierte en un boleto seguro para la continuidad de la corrupción tolerada, la inseguridad y el nepotismo. Apoyar a un «delfín» de este tipo implica validar un sistema donde las prioridades del poder prevalecen sobre las necesidades del pueblo, y donde el blindaje político se antepone a la rendición de cuentas.
La insistencia en imponer a Sánchez García responde, en buena medida, al temor de que un sucesor o sucesora ajena al círculo íntimo pueda desencadenar revisiones serias a las cuentas públicas que lleven a Lorena a la cárcel. Aunque la decisión final sobre cualquier persecución recaería en instancias superiores —particularmente en la Presidencia de la República—, el prestigio de la actual administración ya se encuentra por los suelos.
Por su parte, Alfonso Sánchez García y su equipo difunden selectivamente encuestas “fantasma” y “patito”, gastando recursos públicos excesivos en “publicidad oficial” para presentarse como el favorito rumbo a la gubernatura de Tlaxcala 2027; sin embargo, los datos completos revelan una realidad mucho más cruda. El “favorito” se mueve bajo la sombra de un gobierno con respaldo ciudadano en contra, cuestionado y plagado de irregularidades.
Trascendido
En Tlaxcala, la cúpula morenista local parece haber encontrado en el cinismo político su nueva bandera de lucha. A finales de 2025, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Marcela González Castillo, y su esposo, el presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García, habrían emprendido una maniobra tan descarada como preocupante: impulsar una especie de “Ley Esposo” en el Congreso, con la anuencia de la gobernadora, que obligaría a que el próximo gobernador del estado en las elecciones de 2027 sea hombre.
El objetivo, según múltiples señalamientos y voces internas del propio partido, no es otro que allanarle el camino a Alfonso Sánchez hacia la candidatura a la gubernatura. En un giro que roza lo caricaturesco, la dirigente estatal —quien debería ser la principal guardiana de los principios de la Cuarta Transformación en la entidad— estaría utilizando su posición para intentar torcer las reglas del juego en favor de su núcleo familiar, perpetuando así una práctica que el movimiento de izquierda prometió erradicar: el nepotismo y la imposición dinástica.
Esta operación no se realiza a la luz del día ni con argumentos de equidad de género genuina. Todo indica que opera desde una asociación ficticia denominada “ALMA” (cuyas siglas convenientemente combinan los nombres de Alfonso y Marcela), un vehículo creado presuntamente para dar apariencia de institucionalidad a lo que en realidad son actos anticipados de campaña encubiertos, financiados con recursos de dudosa procedencia y apoyados en la estructura partidista y, posiblemente, pública. Eventos, brigadas, propaganda y posicionamientos que, lejos de fortalecer al partido, lo degradan a instrumento personal de una pareja política.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante al rechazar iniciativas similares en otros estados, como la famosa “Ley Esposa” promovida en San Luis Potosí por intereses familiares del gobernador Ricardo Gallardo. Sheinbaum ha dejado en claro que “no es necesario legislar alternancias de género con fines electorales encubiertos” y que esas leyes no son más que cortinas de humo para disfrazar ambiciones personales y dinásticas. En Tlaxcala, sin embargo, parece que tales declaraciones nacionales valen poco frente a los cálculos del poder local.
Lo más grave es el daño que esta maniobra inflige a la imagen de Morena en una entidad gobernada por una mujer, Lorena Cuéllar Cisneros, donde se supone que los avances en materia de paridad y democracia interna deberían ser ejemplares.
Las acusaciones no son nuevas: desde hace meses circulan señalamientos sobre el uso de recursos del gobierno del estado y de Morena para apuntalar al alcalde capitalino, la exigencia de cuotas en efectivo a presidentes municipales, la utilización de eventos partidistas como plataformas personales y la construcción de una estructura clientelar que huele más al viejo priismo que a transformación.
Mientras la dirigencia nacional evalúa posibles intervenciones para “limpiar la casa” en Tlaxcala, la pareja González-Sánchez sigue adelante impunemente con su proyecto, desafiando abiertamente los lineamientos del partido y el discurso de su máxima líder.
Finalmente, le cuento que anoche corría fuerte el rumor de que Óscar Flores Jiménez habría dejado la Secretaría de Finanzas del Estado de México para concentrarse de tiempo completo en Tlaxcala y en sus aspiraciones políticas.
En las próximas horas veremos si es un rumor o una realidad.
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