Hubo o no tráfico de influencias en el caso de Adrián Daniel Erazo Rodríguez, hijo de Guadalupe Rodríguez Guzmán y Pedro Erazo Rivera, compadres de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.
Adrián Daniel Erazo fue detenido en mayo pasado en un aparatoso operativo montado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la Guardia Nacional y el Ejército para desmantelar un supuesto centro de venta de drogas que operaba en el municipio de Chiautempan, para lo cual ejecutaron una orden de cateo en una propiedad de la poderosa familia Erazo Rodríguez que también controla el sindicato de burócratas 7 de Mayo a través de Karina Erazo Rodríguez.
En la acción fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas menores de edad. Por ese hecho Adrián Daniel Erazo enfrentó las causas 317/2025 por narcomenudeo y la 322/2025 por el delito contra la formación de personas menores de edad.
Aunque la Fiscalía a cargo de Ernestina Carro Roldán presumió ese operativo y la detención de los presuntos responsables de la distribución y venta de estupefacientes (cocaína y cristal), desde el momento en que se confirmó que estaban involucrados los hijos de los compadres de la mandataria tlaxcalteca se empezaron a detectar omisiones y silencios cómplices.
La misma noche en que se ejecutó la orden de cateo se habría visto a Pedro Erazo y a Guadalupe Rodríguez haciendo antesala en la oficina del secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, para solicitar la urgente intervención de la gobernadora Cuéllar a favor de su vástago.
Aunque se confirmó que en el inmueble localizado entre las calles Ferrocarril, Cuauhtémoc y 5 de Mayo de Chiautempan había diferentes drogas, juguetes sexuales y celulares con grabaciones comprometedoras para el detenido, las autoridades estatales nunca especificaron la cantidad de estupefacientes incautada ni qué pasó con las evidencias que supuestamente había en videos.
En teoría los dos delitos que enfrentaba Adrián Daniel Erazo son considerados graves, de ahí que nadie se explica por qué los jueces –Katia Pérez Vázquez y Gerardo Felipe González Galindo– que atendieron las dos causas penales determinaron no vincular a proceso al presunto responsable que finalmente recobró su libertad ayer martes.
Se dice que González Galindo es un juez que goza de mala fama pública al interior del Tribunal Superior de Justiciad el Estado, pues cuando se desempeñó como responsable de un juzgado de lo Familiar y Civil fue acusado de incurrir en presuntos actos de corrupción que derivaron en el inicio de algunos procedimientos de responsabilidad, sin embargo como siempre casi sucede no fue encontrado como culpable de violar la ley.
Katia Pérez forma parte de los primeros jueces electos por voto y que supuestamente marcarían la diferencia al aplicar la ley. Antes de asumir su actual cargo se desempeñaba como directora del Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública, por lo que es más que obvia su relación y sometimiento a la gobernadora Lorena Cuéllar que fue la que palomeó a los aspirantes a jueces que participaron en la pasada elección.
Hoy esa lorenista es jueza en Materia Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Obviamente con su decisión perdió toda credibilidad y lo único que demostró es que los nuevos jueces que resultaron electos por el voto del pueblo tienen el mismo comportamiento y los vicios de los impartidores de justicia que consiguieron ese trabajo por recomendación, méritos o por suerte.
La liberación de Adrián Daniel Erazo deja muy mal parada a la Fiscalía General de Justicia del Estado que vuelve a demostrar que siempre se le caen los casos relevantes o importantes como ha quedado evidenciado a lo largo de los últimos años, ya que los jueces que conocen las causas que llevan los ministerios públicos son insostenibles o están mal integradas.
En este asunto se hizo mucho circo, maroma y teatro porque el castigo que le dieron al hijo de los compadres de la gobernadora fue tenerlo encerrado en la cárcel poco más de siete meses para después dejarlo libre sin enfrentar ninguna consecuencia.
Sobre este asunto en particular existe la sospecha de que hubo factores de poder y de peso para apoyar al hijo Pedro Erazo y Guadalupe Rodríguez amigos incondicionales de Lorena Cuéllar, quien podrá disfrutar las fiestas decembrinas y retomar en el siguiente año su actividad sindical (responsable del Centro de Adicciones del Sindicato de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado 7 de Mayo) para volver a cobrar su abultado salario (cerca de 50 mil pesos mensuales) que le paga el Poder Judicial de Tlaxcala.
Adrián Daniel Erazo tiene muy mala fama y antecedentes. En 2003 le fue girada una orden de aprehensión por los probables delitos de violación y privación ilegal de la libertad, sin embargo el mandamiento judicial no fue ejecutado.
En 2021 fue acusado por vecinos del barrio de Tlacomulco, Tlaxcala, de haber cometido un presunto fraude, debido a que éste individuo solicitó 100 mil pesos para entregar cartas de autorización para ser beneficiarios de un programa de vivienda.
La poca credibilidad que le quedaba a Lorena Cuéllar y a su desastrosa administración se acaba de ir al cagadero, arrastrando al Poder Judicial.
Qué pena.
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