Lorena pretende darnos clases de periodismo y ética
Confunde la gobernadora el papel de la prensa como «pilar democrático» con un retrógrado e inquisidor «megáfono oficial».
Empiezo por expresar que lo que a continuación planteo es un legítimo ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión, con algunos conceptos que sé que a la gobernadora le serán difíciles de comprender. Pero, así como su vocero le escribió tales barbaridades sobre el papel de la prensa en sociedades democráticas —una verdadera joya, por cierto—, así también que se lo explique, bueno, si la leen.
Las recientes declaraciones de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, sobre el papel de la prensa en la democracia y la «transformación del Estado» merecen un análisis crítico y urgente. Al afirmar que «el periodismo serio es pilar de la democracia» y destacar su importancia para la «visibilización de los logros del Gobierno», la mandataria estatal parece revelar una concepción peligrosamente limitada y sesgada de lo que significa el ejercicio periodístico en una sociedad libre. Una alerta para la prensa libre, sin duda.
El lenguaje utilizado por la gobernadora sugiere una ecuación simple y alarmante: periodismo serio = periodismo que habla bien del gobierno y difunde sus «logros». En esta óptica retrógrada, cualquier trabajo de fiscalización, cualquier crítica fundada o cualquier revelación de fallas o actos de corrupción es susceptible de ser catalogado automáticamente como «desinformación» o, peor aún, como periodismo que carece de la supuesta «seriedad» que ella avala.
Asesorada por un distinguido vocero que no mide las consecuencias al exponer a su jefa a tales ridiculeces, esta visión de la que habla es un atentado directo contra la función esencial de la prensa en cualquier democracia contemporánea. El papel del periodismo no es ser un departamento de relaciones públicas del poder en turno, sino el de ser un instrumento de información que actúa como contrapeso crítico, vigilante y garante de la rendición de cuentas y del desempeño de los gobernantes; más cuando se trata de Tlaxcala, donde hay mucha tela de donde cortar porque, desgraciadamente, tenemos a la peor mandataria de todo el país.
Las visiones contemporáneas del papel de la prensa (como la teoría de la esfera pública de Habermas o el concepto de la prensa como «watchdog» o perro guardián) enfatizan, por ejemplo, que su valor democrático reside precisamente en su capacidad para cuestionar al poder, dar voz a los silenciados y exponer las deficiencias, no en celebrar acríticamente los actos del gobierno, de su gobierno, señora gobernadora.
La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones «graciosas o bondadosas» de ninguna administración, ni dependen de la validación o el visto bueno de quien ostenta el poder. Son mandatos y derechos constitucionales inalienables de los mexicanos y de los medios de comunicación.
Intentar manipular a la prensa a través de la publicidad oficial o estigmatizarla dividiéndola entre «seria» (la que apoya) y «desinformación» (la que critica) es una táctica que busca silenciar las voces disidentes y coartar la pluralidad informativa. Cuando el criterio para definir la «verdadera información» es su alineación con el discurso oficial, la democracia se debilita y se acerca peligrosamente al autoritarismo. Un gobierno democrático debe ser capaz de soportar la crítica y la fiscalización, no de intentar controlarlas.
El informe más reciente de Política Colectiva y ARTICLE 19 México y Centroamérica subraya la gravedad de la situación en Tlaxcala al revelar que la entidad se encuentra entre los estados con la mayor variación en el gasto de comunicación social, registrando una ampliación presupuestal del 45.5 % sobre su presupuesto originalmente aprobado para 2024, una inconsistencia que las organizaciones señalan como evidencia de discrecionalidad, falta de planeación y ausencia de criterios claros para el ejercicio del gasto público en publicidad.
La publicidad oficial, el gasto que los gobiernos realizan para difundir información de interés público, es legalmente concebida como una herramienta para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica política mexicana —y Tlaxcala no es la excepción—, se ha consolidado como un mecanismo discrecional de control y censura indirecta.
La gobernadora Cuéllar no puede, entonces, arrogantemente, apropiarse del derecho de determinar quiénes son los periodistas «serios» con los que posa para fotografías, utilizando esos encuentros como un sello de legitimidad para su visión parcial de la información. Este tipo de actos sólo refuerza la percepción de un control selectivo sobre los medios locales.
En un ejercicio de transparencia que de ninguna manera es una virtud distintiva de su administración, la gobernadora debería informar públicamente a la ciudadanía:
– ¿Cuál es el criterio objetivo para clasificar a un periodista o medio como «serio»?
– ¿Quiénes son, específicamente, los medios y periodistas a los que su gobierno otorga pauta publicitaria oficial?
– ¿Cuáles son los montos exactos pagados a cada uno de ellos (esos que posaron con ella), desglosados y justificados?, para que la sociedad tlaxcalteca pueda evaluar si la «visibilización de los logros» está siendo comprada con recursos públicos y si la ausencia de crítica es directamente proporcional al volumen de la pauta.
Mientras esta información permanezca oculta o sea parcial, mientras la frase dominguera del vocero de «hacer más público lo público» siga siendo una burla, la afirmación de que la prensa es un «pilar democrático» sonará hueca como la mente de algunos de nuestros gobernantes locales. En realidad, solo habrá evidenciado la intención de utilizar el púlpito del poder para transformar el pilar en un mero pedestal que sostenga y legitime exclusivamente la narrativa del gobierno en turno.
Si sigue con esas afirmaciones tan aventuradas, la gobernadora tendrá que cambiar el «banco» que le ponen para no hacerla ver tan «chiquita» en los eventos por uno menos alto, para ya no exponerse a tantas mentadas.
El gobierno de Tlaxcala de Lorena Cuéllar maneja un presupuesto significativo destinado a convenios con los medios. La crítica se centra en la ausencia de criterios claros, equitativos y transparentes para la asignación de esos recursos, que por cierto se comprometieron a transparentar, pero obviamente no será así.
Lo que es un hecho es que los medios que alinean su línea editorial con la narrativa oficial de Lorena, que «visibilizan los logros del gobierno» y evitan la crítica profunda, reciben una asignación desproporcionada de pauta publicitaria. Este dinero garantiza su viabilidad financiera, actuando como un subsidio de facto a la complacencia. En el lenguaje de la gobernadora, estos son los medios «serios».
Pero aquellos medios o periodistas que ejercen su función de fiscalización, que denuncian la corrupción, su corrupción, la ineficiencia o la falta de transparencia, ven sus convenios abruptamente cancelados o reducidos a la mínima expresión. Se les asfixia económicamente, obligándolos a autocensurarse para sobrevivir.
El velo sobre los convenios de medios de Lorena hace urgente la exigencia de transparentar a quiénes y cuánto les paga, conocer si los criterios de asignación son la afinidad política o la docilidad editorial, y no el alcance, la calidad o la relevancia del medio para la sociedad tlaxcalteca. La gobernadora debería entender que la transparencia no es una virtud opcional de su gobierno, sino un mandato legal y un pilar de la rendición de cuentas. Su negativa a ser clara sobre la pauta es, en sí misma, una confirmación de la naturaleza clientelar del gasto.
En conclusión, mientras el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros no transparente con rigor y sin sesgos la distribución de su publicidad oficial y continúe utilizando términos ambiguos como «periodismo serio» para validar a quienes le son afines, se estará comportando no como defensora de la democracia, sino como la «Reina de la Censura», negando a los ciudadanos de Tlaxcala su derecho a una prensa libre y crítica.
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