Desgaste por nepotismo, corrupción e inseguridad amenaza derrotas locales de Morena en 2027 pese a posibles ventajas nacionales.
Tlaxcala, una entidad históricamente tranquila y de bajo perfil nacional, enfrenta hoy una crisis de confianza en sus instituciones. El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y la administración municipal de su delfín, Alfonso Sánchez García, en la capital, han concentrado un capital político negativo que trasciende las encuestas y se ha convertido en un lastre para su partido.
Lejos de consolidar la “Cuarta Transformación”, ambos han proyectado una imagen de continuidad dinástica, marcada por acusaciones reiteradas de nepotismo, manejo opaco de recursos, corrupción deterioro en el bienestar de los tlaxcaltecas en salud, educación y una inseguridad alarmante que sistemáticamente se minimiza o niega.
Uno de los aspectos más visibles y criticados es el presunto nepotismo. Reportajes de Latinus y Carlos Loret de Mola han señalado la colocación de familiares de Cuéllar en posiciones estratégicas con manejo de presupuestos millonarios, particularmente en áreas sociales y asistenciales. Hijas de la mandataria, un ahijado como secretario de Gobierno y un cuñado en Turismo figuran entre los señalamientos.
El vocero del gobierno ha minimizado estos casos argumentando “resultados”, pero la percepción ciudadana y el contraste con el discurso nacional de Morena contra el nepotismo han generado escándalo.
Críticas similares pesan sobre Sánchez García, percibido como parte de esta estructura familiar extendida, un pasado familiar muy cuestionable sobre todo por todas las revelaciones negativas de su padre, el ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya.
La narrativa de un “Clan Cuéllar-Sánchez” se ha instalado en el debate local, alimentada por la percepción de que el poder se hereda más que se ejerce con mérito y transparencia.
Las mediciones demoscópicas serias reflejan un malestar profundo. En diversas encuestas de 2025-2026 (Cripeso, Massive Caller, Arias Consultores, Rubrum), Cuéllar ha registrado aprobaciones entre el 30% y 38%, ubicándose consistentemente entre las peores evaluadas.
La variabilidad sugiere polarización, pero el consenso en casas independientes apunta a reprobación en rubros clave: seguridad, cercanía ciudadana y desempeño general.
Alfonso Sánchez García presenta un panorama aún más desfavorable en su rol como alcalde capitalino. En rankings de Rubrum, ha ocupado posiciones entre las peores de las capitales mexicanas, con calificaciones reprobatorias en desempeño (alrededor de 4.0/10), servicios públicos, cercanía y percepción de seguridad. Ciudadanos y analistas locales lo describen como incapaz de resolver problemas básicos como baches, alumbrado, recolección de basura e inseguridad en la capital.
Estas cifras no son meros números: reflejan el hartazgo de una población que percibe prioridades invertidas: más propaganda y obras visibles selectivas que soluciones reales.
La violación permanente de las leyes electorales por el binomio, por la terquedad de imponer al Delfín como candidato con una campaña millonaria y abusiva, ya cobra factura entre la población.
Quizá el punto más grave sea la seguridad. Tlaxcala, tradicionalmente uno de los estados más pacíficos, ha visto un aumento perceptible en extorsiones, cobro de piso, desapariciones (casi 1,200 en el sexenio según reportes) y presencia de grupos como el CJNG. La gobernadora ha insistido en negar la existencia de crimen organizado, atribuyendo incidentes a “pleitos entre particulares” o minimizándolos.
Esta postura contrasta con operativos federales, hallazgos de fosas y detenciones que evidencian infiltración delictiva.
El negacionismo genera sospechas de tolerancia, encubrimiento o al menos ineficacia grave. Comerciantes y empresarios reportan extorsiones crecientes, mientras colectivos de desaparecidos denuncian abandono.
La entrega parcial de la seguridad a fuerzas federales en 2026 reconoce implícitamente la saturación de las capacidades estatales y municipales.
Acusaciones de desvío de recursos, opacidad en contratos y uso de programas sociales con fines políticos acompañan a Cuéllar desde su paso por la delegación de Bienestar.
En el gobierno estatal persisten señalamientos de irregularidades en compras, obras y programas. Sánchez García enfrenta críticas similares por ineficiencia y posibles solapamientos de corrupción en el municipio.
El resultado es una percepción de impunidad y priorización de intereses personales o de grupo sobre el bien común.
Este cuestionado gobierno se ha convertido en un activo opositor formidable. Aunque Morena mantiene preferencias partidistas nacionales favorables, Cuéllar o Sánchez pareciera que son un muy mal ejemplo de gobernar. El desgaste local es evidente.
El “Clan” concentra el rechazo: nepotismo descarado, inseguridad negada y desempeño mediocre erosionan la marca Morena en alcaldías, regidurías y diputaciones locales. Analistas locales advierten que imponer a Sánchez como candidato podría condenar al partido a pérdidas significativas en el Congreso local y municipios, incluso si retiene la gubernatura.
Las ambiciones dinásticas y los excesos han generado un capital en contra que trasciende ideologías. Tlaxcala demanda resultados, no herencias familiares. La dirigencia nacional de Morena enfrenta un dilema: continuar tolerando un modelo que genera rechazo o corregir el rumbo antes de que el desastre sea irreversible.
El Clan Cuéllar-Sánchez no solo ha desgastado su propia imagen; amenaza con heredar a Morena un saldo rojo difícil de revertir en las urnas de 2027. La ciudadanía tlaxcalteca, cada vez más crítica y movilizada, ya está punto de empezar a cobrar cuentas pendientes.
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