La opacidad de Lorena Cuéllar y el desgaste de la transformación en Tlaxcala
En un acto que pretendía ser el cierre triunfal de cuatro años de “transformación con rostro de mujer”, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó su Cuarto Informe de Gobierno ante un auditorio complaciente y a modo en la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento. Centenares de burócratas acarreados, obligados a asistir y aplaudir bajo la amenaza de que, de no hacerlo, pasarían las Navidades desempleados, abarrotaron la sede del evento. Pases de lista y seguridad desmedida para evitar que personas “indeseables” se colaran en esta fiesta política bautizada como “Lorelandia”.
El tributo que esperaba, será para otra ocasión. El gobierno federal, gobernadores y su partido político la dejaron sola. Su discurso plagado de las mismas cifras de siempre, manipuladas y oscuras, sirvieron para prolongar tanto su verborrea que los asistentes empezaron a irse antes de que finalizara el informe.
Un evento frío, aburrido; los asistentes más ocupados en ver sus teléfonos que en escucharla, fue el marco para algo que podríamos denominar: “Sola, enferma y de malas, la abandonaron”. Apenas es el cuarto año, no quiero ver el próximo y el final, serán sólo por televisión y la radio oficial, presiento que si lo hace público va a tener muchos dolores de cabeza por tantas protestas.
El discurso oficial desgranó cifras relucientes: un avance del 89 % en el Plan Estatal de Desarrollo, más de 9 mil millones de pesos en inversiones, 118 mil empleos formales y cero en deuda pública. Paz social, derrama turística de mil millones y un Polo de Desarrollo en Huamantla que promete 5 mil puestos de trabajo. Obras educativas y de salud, hechas con recursos federales pero que ella se las adjudica. Todo envuelto en la retórica de la Cuarta Transformación, con énfasis en austeridad, transparencia y bienestar.
Y destacó que vivimos en el paraíso de la seguridad, el estado con menor incidencia delictiva de México.
Pero detrás de los números maquillados y las promesas recicladas, el informe de Cuéllar no es más que un velo de humo que oculta un gobierno ahogado en escándalos, opacidad y excesos. Lo que dijo hoy —o más bien lo que no dijo— es un catálogo de logros selectivos que ignora deliberadamente los abismos éticos y administrativos que han marcado su sexenio. Tlaxcala recibió un informe de gobierno que rinde cuentas a medias; no fue toda la verdad, sino propaganda barata. Y en esa ausencia radica la traición más profunda a los principios que Cuéllar juró defender: no mentir, no robar, no traicionar.
Comencemos por lo que NO dijo.
En “Lorelandia” se podrá hablar de grandes inversiones en seguridad, de la disminución de la incidencia delictiva y de la eficacia de las estrategias de seguridad, pero la percepción de inseguridad en Tlaxcala tiene “otros datos” en un año de crecientes temores.
La percepción ciudadana de inseguridad —esa que Cuéllar piensa que solo está en la mente de los ciudadanos y que no son capaces de entender sus políticas— ha mostrado una tendencia al alza durante 2025, según las encuestas del INEGI, en contraste con las afirmaciones oficiales de avances en seguridad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que, tan solo en la capital estatal —que gobierna su “delfín” Alfonso Sánchez García—, el porcentaje de población adulta (18 años y más) que considera inseguro vivir en su ciudad pasó de 55.6 % en septiembre de 2024 a 64.2 % en diciembre de ese año, un incremento de 8.6 puntos porcentuales.
Para marzo de 2025, esta cifra subió a 65.7 %, con un crecimiento anual del 40.3 % respecto a 2024 (de 46.8 % a 65.7 %), superando incluso a ciudades como Tijuana. El pico se registró en septiembre de 2025, alcanzando el 71 %, un salto de 15.4 puntos en un año.
Los espacios más temidos incluyen cajeros automáticos en vía pública (77.3 %), transporte público (72.1 %) y bancos (73.4 %), lo que ha llevado a cambios en hábitos cotidianos, como evitar salir de noche o cargar efectivo.
Además, la ENVIPE 2025 destaca que Tlaxcala ocupa el segundo lugar nacional en prevalencia delictiva para mujeres (30 038 casos estimados por 100 000 habitantes), sólo detrás del Estado de México, y el 64.2 % de la población ve la inseguridad como el principal problema social.
Bueno, y la “trata de personas”, ese terrible mal que nos carcome todos los días y que en “Lorelandia no existe”, es una de las negaciones más vergonzosas que aumenta las sospechas y las dudas de saber a quiénes se protegen, quiénes están involucrados: por qué Cuéllar se niega a admitirlo como un fenómeno delictivo degradante para nosotros y que nos ridiculiza a nivel nacional y mundial. Esta omisión, va más allá de una simple declaración “boquifloja” de ocultamiento de algo muy, pero muy serio, que está pasando en los altos círculos del poder de Tlaxcala.
Esta brecha entre datos oficiales —que reportan bajas en delitos como homicidios— y la realidad percibida genera preocupación, con un 36.8 % de tlaxcaltecas reportando conflictos vecinales recientes. Expertos llaman a políticas focalizadas para cerrar esta distancia y restaurar la confianza.
Es un estado donde la inseguridad ha escalado con narcolaboratorios desmantelados en 2025, la negación oficial de la presencia del crimen organizado en el territorio —aunque hasta el gobierno norteamericano la exhibe en sus informes— y los linchamientos e intentos recurrentes. En su discurso, Cuéllar evadió cualquier mención a la adquisición de 10 camionetas blindadas Chevrolet Suburban High Country, compradas por 56 millones 259 mil pesos mediante adjudicación directa en 2024. Estas unidades, valuadas en 4.85 millones cada una y equipadas con blindaje nivel V+ para resistir balas de calibre militar, no se destinaron a patrullajes ciudadanos, sino a resguardar a la gobernadora, su familia y allegados.
La Oficialía Mayor clasificó los contratos como “reservados” hasta 2030, argumentando “urgencia por seguridad pública”, mientras la ciudadanía enfrenta una inseguridad que se refleja en cada una de las encuestas. El vocero Antonio Martínez Velázquez intentó justificar el dispendio de las “blindadas” comparándolo con compras priistas de exgobernadores como Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena —precisamente el partido al que perteneció Cuéllar durante casi 30 años—, admitiendo implícitamente que la “transformación” es mera continuidad de vicios tricolores. ¿A qué le temen tanto que blindan no solo vehículos, sino la verdad? En un estado que presume ser el más pacífico, esta compra millonaria, financiada con impuestos, es un insulto a la austeridad republicana que Cuéllar pregona.
La opacidad presupuestal, otro elefante en la habitación, tampoco mereció una palabra. El Presupuesto de Egresos 2025, aprobado en diciembre de 2024, y su réplica para 2026 —30 mil 86 millones de pesos, sin aumentos de impuestos ni deuda— incluyen más de 10 mil millones de pesos en asignaciones directas no etiquetadas, es decir, a discreción del Ejecutivo.
Esto representa más de la mitad de los recursos para dependencias y entidades, con posibilidad de reasignaciones de hasta el 10 % sin escrutinio previo. Dependencias como el Despacho de la Gobernadora (109 millones) o la Secretaría de Gobierno (179 millones) manejan todo sin destino específico, lo que facilita el flujo a empresas ligadas a familiares y amigos. El Congreso, dominado por morenistas, aprobó estos “cheques en blanco” por unanimidad, consintiendo el manejo discrecional que ha caracterizado a Cuéllar desde su llegada. En un contexto de proveedores fantasma en la Secretaría de Bienestar —señalados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en 2024 por contratos millonarios en alimentos—, esta laxitud presupuestal no es eficiencia; es un caldo de cultivo para el “sospechosismo” que alimenta la corrupción. ¿Dónde están las auditorías independientes? ¿Por qué no se licitan estos fondos, como exige la Ley de Adquisiciones?
El nepotismo familiar alcanza su cima en la asignación de más de mil millones de pesos a dependencias “manejadas” por las hijas de Cuéllar, un detalle que el informe evadió como si fuera secreto de Estado. Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, como presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF (Sedif), controla un presupuesto de 519 millones 974 mil 071 pesos para 2025, mientras que su hermana Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de la Secretaría de Bienestar Estatal, dispone de 571 millones 787 mil 228 pesos. En conjunto, superan los 1091 millones de pesos, un incremento de 144 millones sobre la proyección inicial. Para 2026, la cifra escalará a 1219 millones: 602 millones para el DIF y 617 millones para Bienestar, con la mayor parte no etiquetada, permitiendo movimientos discrecionales de hasta 330 millones en el DIF y 502 millones en Bienestar.
Esta “consentida” asignación contrasta con los míseros 20 millones para la nueva Secretaría de las Mujeres —aumentados apenas en 4 millones—, exponiendo la hipocresía de un gobierno que clama empoderamiento femenino mientras reserva los recursos gordos para el clan familiar. ¿Es esto bienestar social o un fideicomiso privado? El informe presume 485 millones invertidos en programas de Bienestar, pero omite cómo estos fondos, bajo control filial, se destinan a proveedores cuestionados y propaganda personalizada.
Y si de transparencia hablamos, el silencio sobre las declaraciones patrimoniales de Cuéllar es ensordecedor. La Plataforma Nacional de Transparencia solo muestra la de 2021; las de 2022, 2023, 2024 y 2025 permanecen ocultas, pese a ser obligatorias por ley. El gobierno estatal atribuye el vacío a un “problema técnico” en el sistema federal, pero en el portal local DeclaraNet la información tampoco fluye con claridad. El vocero Martínez Velázquez asegura cumplimiento, pero ¿dónde está la prueba? Esta opacidad no es un error; es un patrón que socava la rendición de cuentas y alimenta dudas sobre enriquecimientos inexplicables en un sexenio de supuesta honestidad al estilo de Cuba o Venezuela.
Los excesos del gabinete —plagado de violentadores familiares, abusadores sexuales, deudores alimentarios y borrachos—, otro capítulo omitido, pintan un cuadro de nepotismo y derroche. Figuras como Fabricio Mena, esposo de la hermana de Cuéllar y secretario de Turismo, y una pléyade de parientes de Cuéllar trabajando y cobrando sueldos excesivos en todas las dependencias públicas forman un círculo de lealtades que prioriza lo privado sobre lo público.
Reportes de 2025 señalan negociaciones opacas en adquisiciones de insumos para la administración pública, obras públicas, rutas de transporte y negocios familiares en contratos alimentarios, excesos tan grandes que ni Héctor Ortiz, Mariano González Zarur ni Marco Mena se atrevieron a tanto. Estos excesos contradicen la austeridad que hoy se autoalaba.
Incluso el manejo de desechos sanitarios, presentado como avance ambiental en el informe, oculta sombras. Cuéllar anunció la remediación de cuatro rellenos (Nanacamilpa, Panotla, Huamantla y Apizaco) con una inversión millonaria en diagnósticos. Pero la transición a una “economía circular” —con posible planta de reciclaje— se financia con asignaciones directas, sin detalles sobre beneficiarios. ¿Empresas familiares? El Sistema Estatal de Cambio Climático, instalado en agosto, suena bien, pero sin licitaciones públicas huele a negocio privado, como lo será la inversión en el río Zahuapan, disfrazada de política verde y ambiental. Quizá el señor secretario de Gobierno nos podría dar una “orientadita” sobre quiénes serán los beneficiarios de este jugoso negocio.
Y no hablemos de las fiestas privadas: aunque no dominan los titulares de 2025, filtraciones en redes y columnas aluden a derroches en eventos cerrados en la Casa de Gobierno, donde el erario se confunde con lo personal. En un estado de pobreza persistente, estos excesos —desde remodelaciones palaciegas hasta galas no rendidas— son el colofón de un gobierno que predica igualdad mientras acumula privilegios.
Hoy, mientras Cuéllar recibe aplausos de su círculo, Tlaxcala clama por la revocación de mandato y considera a Cuéllar “mentirosa”. El informe no cierra brechas; las ensancha. Todos exigen investigaciones independientes, publicación inmediata de declaraciones y presupuestos, y un Congreso que no sea sello de goma ni oficialía de partes. La transformación no es un eslogan; es un mandato. Si Cuéllar no lo entiende, que la historia —esa que Tlaxcala forjó— la juzgue sin piedad.
La lista de omisiones es aún más extensa, pero ya sonaría a burla y a vanagloriar la desfachatez del desempeño del gobierno de Lorena Cuéllar, la peor gobernadora de todo el país. No lo decimos nosotros; lo dice la entidad entera.
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