La continuidad que Tlaxcala no quiere

En ocasiones, quienes estamos en la obligación de informar, de comunicar la realidad en la que se desarrolla la vida en Tlaxcala, resulta un tanto complicado cuando nos tenemos que referir a quien, hace cuatro años —incluyéndome a mí—, veíamos como el inicio de la gran transformación que nuestra entidad requería para salir del estancamiento al que parecía estar condenado los más recientes 30 años.

 

 

Gobiernos estatales de derecha, de centro y de izquierda no pudieron sentar las bases de un futuro de esperanza para las generaciones venideras; abusos y malas decisiones terminaron con alguna buena intención que hubiesen tenido para cambiar el rumbo de Tlaxcala.

 

Por ello, es una obligación decir y reflexionar sobre la actual imagen pública del gobierno estatal y de su titular, Lorena Cuéllar Cisneros, que todos vemos y percibimos.

 

No sé quién le canta al oído para decirle que todo está bien, que todos los demás estamos equivocados y que la única poseedora de la verdad es ella.

 

Hace dos días, en un ejercicio de autocomplacencia que roza lo grotesco y en cinismo, la gobernadora Cuéllar Cisneros se presentó ante los tlaxcaltecas con la frente en alto, declarando que su conciencia está tranquila porque ha dado lo mejor para Tlaxcala.

 

Habla de un balance positivo al cierre de su administración y clama por la “continuidad” en el relevo de 2027, como si el futuro del estado dependiera de perpetuar un modelo que ha hundido a la entidad en el descrédito y el descontento generalizado.

 

Pide la gobernadora evitar confrontaciones rumbo a ese cambio, pero la pregunta más que obligada es: ¿con qué autoridad moral lo dice? Su llamado suena a súplica interesada, un intento desesperado por blindar un legado que, en la percepción ciudadana, no pasa de ser un catálogo de fracasos y excesos.

 

La verdad, no comprendemos a qué continuidad se refiere la gobernadora; quizá a la del nepotismo insultante, donde su familia entera ocupa puestos clave en la administración, convirtiendo el gobierno en un feudo personal.

 

O al manejo irresponsable de los dineros públicos estatales y la asignación desmedida de miles de millones del presupuesto estatal en cuatro años a dependencias encabezadas por sus propias hijas, priorizando el negocio y el enriquecimiento inexplicable de quienes la unen sus lazos sanguíneos, sobre el bien común.

 

La falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto no solo despierta sospechas: confirma un patrón de cómo el saqueo se convierte en un modus operandi. Nadie se traga que un lapicero que cuesta menos de 5 pesos se adquiera por miles en más de 20, o que cada obra pública que se realiza está inflada como globo aerostático y que, además, corresponde a construcciones salidas de la “ocurrencia”, sin planeación, sin saber por qué las hacen, si es lo que realmente le sirve a los habitantes o más bien es el estilo Moreno Valle que sus asesores poblanos le enjaretan: “entre más obras realices, más y mayormente jugosos moches tenemos”.

 

Lo que la administración estatal es, y no otra cosa, un compendio de la opacidad que envuelve cada decisión, una falta de transparencia que convierte al erario en un pozo sin fondo donde rendir cuentas es un lujo que los pinches tlaxcaltecas no merecemos.

 

Ni siquiera conocemos las declaraciones patrimoniales de tres años de la gobernadora, ni se tomó la molestia de mostrarlas —alteradas seguramente— para taparle el ojo al macho.

 

No, la continuidad que defiende no es la de un progreso genuino, sino la de una corrupción que inunda todos los niveles de su gestión, un cáncer que carcome la confianza pública y deja al estado vulnerable ante sus propias sombras.

 

Es la continuidad de una inseguridad que ha escalado a niveles inéditos durante su mandato, rompiendo la promesa de paz social que alguna vez agitó como estandarte. Ya nadie ve esa tranquilidad en las calles ni dentro de las casas que juró darnos y en las que todos podíamos vivir sin preocupaciones. En su lugar, Tlaxcala arrastra una violencia cotidiana que aterroriza a sus habitantes, mientras el gobierno mira para otro lado.

 

Y no hablemos de los excesos permitidos a los titulares de su gabinete legal y ampliado, un séquito de allegados que opera con impunidad absoluta, dilapidando lo que debería ser trabajo para el pueblo, pura simulación. Las respuestas tardías ante desastres naturales, tormentas, sequías, emergencias que azotan a los más vulnerables, revelan no sólo negligencia, sino una desconexión total con la realidad tlaxcalteca.

 

En medio de esa crisis, la gobernadora se permite frivolidades: una vida privada salpicada de fiestas y viajes ostentosos, eventos privados en la Casa de Gobierno donde el despilfarro es la norma, no la excepción. ¿Es eso lo “mejor” que ha dado? ¿Un ejemplo de austeridad para un estado con tantas necesidades?

 

Peor aún, esta continuidad arrastra en su estela de desaprobación a los alcaldes tlaxcaltecas, calificados como los peores de México en su desempeño, y a la presidenta del Poder Judicial, que ocupa el último lugar en eficacia y rectitud.

 

Toda la estructura colapsa bajo el peso de una visión que ve la política como un bien familiar, un coto cerrado para intereses de grupo, excluyendo sistemáticamente a quienes no forman parte del círculo privilegiado.

 

Es la continuidad de hacer política con un cinismo y descaro que ofende: impulsar la sucesión con todos los recursos públicos puestos al servicio de su delfín, el alcalde de la capital Alfonso Sánchez García, no por méritos propios, sino porque garantiza que ella se vaya sin que “le pisen la cola”. Un relevo orquestado no para Tlaxcala, sino para blindar impunidades.

 

No, definitivamente no. Esa no es la continuidad que los tlaxcaltecas quieren ni merecen. Quieren un quiebre radical con este modelo de poder concentrado y abusivo, un gobierno que priorice la justicia social sobre los caprichos de una élite.

 

La gobernadora puede dormir con la conciencia tranquila, pero Tlaxcala no: despierta cada día exigiendo cuentas, repudiando la herencia de un sexenio que prometió transformación y entregó solo deudas morales.

 

El relevo de 2027 no debe ser una mera sustitución de caras conservando un modelo abusivo de gobernar; debe ser una purga profunda, un rechazo rotundo a la continuidad que Cuéllar Cisneros defiende con tanta vehemencia.

 

Solo así, Tlaxcala podrá mirar al futuro sin el lastre de un pasado que sigue doliendo, porque es presente también.

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