«No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague»
En los últimos estertores de su administración —menos de dos años para el fin—, el gobierno estatal de Tlaxcala, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, enfrenta una crisis de legitimidad que parece irreversible.
Como un paciente en cuidados intensivos, el sexenio que prometía transformación y estabilidad se debate entre el colapso de su imagen pública y una serie de escándalos acumulados que han erosionado la confianza ciudadana.
El detonante más reciente: el vandalismo perpetrado contra la Cápsula del Tiempo, un símbolo emblemático —y controvertido— de los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, que fue profanada el sábado 8 de noviembre con pintas que acusan directamente a la mandataria de nexos con la delincuencia organizada y exigen la revocación inmediata de su mandato.
Tratar de ignorar la trascendencia de los hechos, victimizar a la gobernadora o, peor aún, reducir el vandalismo a un mero incidente delictivo de jóvenes expresando su rechazo al gobierno sería un gran error. Lo que sucedió ese día no es cosa menor; para nada. Es una muestra pública del hartazgo social que inunda la actual administración estatal. Las mediciones de opinión así lo demuestran.
Lo que ocurrió en el bulevar Revolución de la capital estatal ha sido calificado por autoridades locales como un acto de «vandalismo premeditado». Imágenes captadas por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) muestran a al menos cinco jóvenes realizando las inscripciones con aerosol rojo y dejando mensajes denunciantes en cartulinas sobre la estructura de la cápsula, sellada apenas un mes atrás durante una ceremonia oficial que ya generaba críticas por su opacidad en medio de la precariedad económica del estado.
Las pintas, que incluyen frases demoledoras como «Cuéllar narcogobernadora», «Muerte a la clase política, es tiempo del pueblo, no del capital», «No más estado proxeneta» y «Revocación del sistema (mandato)», no sólo manchan el monumento diseñado para preservar «el Tlaxcala del futuro» hasta su apertura en 2075, sino que encapsulan el descontento generalizado que ha marcado el ocaso de esta administración. Horas después del hecho, brigadas gubernamentales procedieron a la limpieza de las inscripciones, pero el daño simbólico parece irreparable.
Sin embargo, la inscripción que fue dejada en el sitio y que debería realmente preocupar al sistema estatal es la que reza: “Yo me opongo a Morena, la esperanza de México, la derecha socialdemócrata que sirve para los intereses del capital, y tú te opones porque te dejaste llevar por propaganda disfrazada… NO somos iguales”; unas líneas que sintetizan ese hartazgo que sabemos todos que SÍ EXISTE en Tlaxcala en contra de la gobernadora, pero que a la administración estatal le “hace lo que el viento a Juárez”.
La Cápsula del Tiempo, inaugurada el 15 de octubre como clímax de la conmemoración de los 500 años de la fundación de Tlaxcala —en un evento que desde su anuncio fue tildado de «fallido y propagandístico»—, representa en sí misma uno de los emblemas de las grietas estructurales del gobierno de Cuéllar. Fue un gasto absurdo e innecesario de la manera como lo concibieron y realizaron, al igual que toda la millonaria festividad saturada de circo, maroma y teatro populachero, que por cierto hasta ahora nadie sabe cuánto dinero público se despilfarró en ella.
En redes sociales, lo menos que le han dicho a ese armatoste es «el mausoleo de la corrupción», un reflejo de cómo el poder busca inmortalizar una versión falsa de su legado mientras ignora las demandas urgentes de la población.
Este episodio de vandalismo es tan solo el principio —no la culminación— de las muestras de rechazo y descalificación al gobierno en turno, salpicado por acusaciones de corrupción, nepotismo y opacidad desde el principio del mandato de Cuéllar y que ha ido creciendo sin control. Aún antes de llegar a la titularidad del gobierno, ella ya arrastraba señalamientos y una estela de controversias por el manejo irregular que tuvo como delegada con el programa federal «Jóvenes Construyendo el Futuro», donde se le imputó el desvío de recursos destinados a becarios, dejando un saldo de demandas y auditorías pendientes, perdidas en el laberinto de la opacidad.
Más temprano, en 2016, durante su campaña al Senado por el PRD, se vio envuelta en un escándalo familiar cuando su sobrina la acusó de fraude y despojo de propiedades, un litigio que expuso tensiones internas y cuestionó su integridad ética.
Una vez en el poder, las críticas se multiplicaron. El asunto más que turbio de la adquisición por 56 millones de pesos a una empresa foránea envuelta en actos ilícitos de las 10 camionetas blindadas parecía ser la cúspide de los señalamientos de corrupción. Pero no: en septiembre de 2025, un medio de comunicación nacional destapó un entramado de desvío de recursos públicos en el gobierno de Cuéllar, al que denominó «nepotismo descarado»: cerca de mil millones de pesos del presupuesto estatal fueron asignados este año a las dependencias del gobierno que administran sus hijas Mariana y María Fernanda, quienes adjudican a empresas ligadas a familiares y allegados de la gobernadora contratos públicos sin licitación aparente, lo que viola los principios de transparencia y equidad.
Ese mismo mes, el tradicional Grito de Independencia en la Plaza de la Constitución derivó en un «bochornoso zafarrancho», con abucheos ciudadanos y un altercado que se viralizó, evidenciando el hartazgo popular.
Encuestas recientes ubican a la mandataria entre los tres gobernadores peor evaluados del país. Una de esas casas encuestadoras, Arias Consultores, la ubicó en septiembre a la Ejecutivo en último lugar y a su hija Mariana, también al frente del Sistema DIF Estatal, con reprobatorios en materia de combate a la corrupción y transparencia, según análisis independientes que destacan la opacidad en el manejo de fondos estatales.
El descontento se ha extendido a las redes sociales y medios locales, donde tlaxcaltecas frustrados no escatiman en calificar su gestión como «un gobierno de simulación y retrocesos».
Críticas por la distribución ilegal de propaganda electoral en octubre —un nuevo escándalo que involucra a allegados como Josefina Rodríguez Zamora— y de aparentes logros reportados en su cuarto informe, tachados de inflados y manipulados, han alimentado la narrativa de un sexenio en decadencia.
Ante el vandalismo, el Gabinete de Seguridad estatal anunció la identificación de los presuntos responsables y el refuerzo de vigilancia en sitios emblemáticos, pero estamos seguros de que dichas medidas represivas no bastarán para revertir la hemorragia de credibilidad.
Con el fin de su mandato a la vista, en 2027, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ingresa en una fase crítica donde cada acción parece agravar la sintomatología de un liderazgo en agonía. Por ello, querer ignorar la trascendencia de los hechos y los mensajes del sábado pasado será hacer a un lado la pequeña piedra de credibilidad que todavía sostiene al gobierno.
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