Los operadores y responsables de la estrategia y de la campaña del alcalde capitalino se están equivocando, porque se están precipitando en ciertas decisiones y acciones que se han venido presentando en los últimos días.

 

 

Las señales que están enviando los lorenistas en torno a la sucesión, donde el delfín Alfonso Sánchez García está participando para conseguir la candidatura de Morena al gobierno de Tlaxcala, simplemente no son las correctas.

 

Ayer, se habría registrado el primer despido masivo de empleados del gobierno estatal. La dependencia el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala y Centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte-Emsad). La cantidad involucró en una primera etapa a 14 trabajadores, sin embargo se habla que la intención es perjudicar a cien. El motivo por no apoyar ni hacer campaña de proselitismo a favor de Alfonso Sánchez.

 

Entre los cesados destaca la hermana del secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, Jacqueline Meneses Rangel, fundadora y consejera estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tlaxcala, quien previamente fungió como Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal.

 

El responsable de ponerles el dedo, recabar la evidencia de su insubordinación y ejecutar la orden del despido de esos empleados fue el director general de ese subsistema educativo, Darwin Pérez y Pérez, quien se distingue más por su afición al alcohol y en ser un fantoche operador morenista y del delfín.

 

Las consecuencias de tal decisión pronto se conocerán, porque obviamente la baja de ese personal se da casi al final del presente ciclo escolar, por lo que en los siguientes días probablemente surjan protestas y se presenten las demandas laborales bajo el argumento de que se trató de despidos injustificados.

 

Esa política de represión laboral seguramente se replicará en otras instituciones educativas como el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y otras más, pues a los trabajadores de esas áreas y de otras dependencias estatales no sólo se les ha obligado a participar en brigadas de promoción, sino a levantar registros en una plataforma de internet de ciudadanos que supuestamente están respaldado las aspiraciones políticas del hijo del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya.

 

En mayo se registraron los primeros despidos selectivos. En la secretaría de Educación Pública se removió a Omar Cuatianquiz Ávila, ex director de Planeación Educativa de la USET y a la poderosa Secretaría Técnica, Mónica Ortiz González, considerados piezas claves del titular de esa dependencia, Homero Meneses Hernández.

 

También causó baja Serafín Ríos Elorza, como director del Colegio de Tlaxcala, cuyo lugar fue ocupado de manera irregular por Germán Mendoza Papalotzi, quien al parecer no cumple el requisito para ser responsable de esa institución, toda vez que carece del grado académico de Doctor.

 

Otro que fue cesado de la dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala fue Abimael Cuatianquiz Ávila, hermano de Omar Cuatianquiz, de quien se dice que ya encontró trabajo en la Secretaría de Educación Pública federal.

 

Ayer también trascendió el despido de Víctor Manuel Báez Alvarado, titular de la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación de Nivel Superior. Su lugar sería ocupado por un ex orticista de cuestionables antecedentes de nombre Enrique Portillo Cisneros.

 

Por lo que se refiere a los cambios y ajustes en el gabinete de Lorena Cuéllar Cisneros, ayer se confirmó la salida de Maximino Hernández Pulido del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), uno de los hombres de mayor confianza y cercanía hacia la mandataria tlaxcalteca.

 

A su lugar llega el intrascendente Neri Toshiro León Sauza, quien se venía desempeñando como director de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Finanzas de Tlaxcala, un área que no hizo nada y que prácticamente ha sido un oneroso adorno en la administración estatal.

 

El cambio no resultará positivo para el gobierno lorenista, sin embargo tampoco habrá mucho que esperar porque al sexenio sólo le quedan 14 meses de vida, tiempo en que se trabajará para tratr de entregar una administración en orden, sin señalamientos de corrupción y sin problemas financieros.

 

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