El fin de semana en Michoacán se tiñó de sangre y rabia, un recordatorio brutal de que la violencia no da tregua.
En Uruapan, el alcalde Carlos Manzo fue acribillado a balazos durante las celebraciones del Día de Muertos, un atentado que no solo segó su vida, sino que desató protestas furiosas en las calles de esa ciudad y en Morelia, la capital estatal, donde estudiantes y ciudadanos irrumpieron en el Palacio Municipal exigiendo justicia y un alto a la ola de terror.
A esos riesgos no escapa Tlaxcala, que en el discurso oficial finge ser un oasis en medio del caos. Aquí, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, nos guste o no ha sido reprobada en todo, los tlaxcaltecas la acusan de darle impunidad a los delincuentes, de nepotismo en su gobierno, de servicios de salud deplorables, de la protección descarada a los excesos de sus colaboradores, además de ser evidenciada en que le miente a los tlaxcaltecas constantemente.
Pero la mandataria tlaxcalteca, ha sido reprobada en donde más duele, en la seguridad del estado. Los ciudadanos han decidido con la evaluación de desempeño de su gobernadora, reprobarla, y no serán cómplices de su administración con su silencio. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insiste en acusar al pasado de las desgracias de la inseguridad del país, lo que no resuelve nada ni alivia el sufrimiento de los mexicanos.
Lorena Cuéllar, en cambio, no puede hacer lo mismo, culpar al pasado.
Cuéllar Cisneros no puede refugiarse en esa excusa sin quemarse con su propio fuego, porque el «pasado» son sus aliados de hoy, ex gobernadores que orbitan su poder y que, de ser señalados, la arrastrarían al abismo en el que ya se encuentra en plena orilla.
Alfonso Sánchez Anaya, padre del presidente municipal de Tlaxcala capital y uno de los delfines para sucederla en 2027. Acusado de haber colocado en la Procuraduría General de Justicia del Estado a un delincuente confeso —secuestrador y extorsionador de apellido Bayardo, ya fallecido—, su sombra de corrupción se proyecta directamente sobre el actual régimen.
Héctor Ortiz Ortiz, diputado local e incondicional, aprueba toda iniciativa que a la gobernadora le interesa. Lo hace mientras le convenga, tiene metido a parientes en la nómina estatal y así logra blindar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) de cualquier auditoría. Esa institución, patrimonio público, es un barril sin fondo de recursos públicos desviados, un feudo económico de la familia Ortiz donde el dinero se esfuma sin rastro ni explicación.
No olvidemos a Mariano González Zarur, a quien la propia Cuéllar acusó de orquestar un atentado contra su vida, sin pruebas ni denuncia formal. Es padre de Marianito González, ese personaje tenebroso envuelto en desvíos de fondos electorales y el uso irregular de recursos del FONDEN, hoy milita en Morena, el partido de la gobernadora, en una reconciliación que huele a pacto sucio.
Y qué decir de Marco Antonio Mena Rodríguez, el priista que «vendió» la gubernatura a Morena para blindarse de la cárcel por desvíos millonarios durante su sexenio. Premiado por AMLO con la Lotería Nacional y ahora con un consulado en Estados Unidos; Marco es hermano de Fabricio Mena, casualmente cuñado de Cuéllar y secretario de Turismo del Estado, quien ha movido hilos presupuestales para su hermano gobernador en el pasado y los mueve hoy para la actual mandataria.
Por eso, Lorena Cuéllar no puede culpar al pasado de la terrible realidad de inseguridad en Tlaxcala, ni de ninguna de sus tragedias: sería acusarse a sí misma y a su partido. Ella es la única responsable de este fracaso colectivo, y eso la ha convertido en la peor gobernadora de México. Sus mentiras “endulzan” el fracaso de su gobierno y la complacencia de los excesos de su familia y de sus más cercanos colaboradores, resulta ser intolerable.
O usted qué piensa.
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