En los últimos días los reportes de problemas que podrían llevar a la inestabilidad en ciertos municipios de la entidad van en aumento, ya sea por problemas del control y cobro por el servicio de agua potable, por la inseguridad y por los conflictos entre miembros de los cabildos.
Hasta ahora la débil Dirección de Gobernación de la Secretaría de Gobierno ha podido medio contener y medio intervenir en cada uno de los conflictos, pero la realidad es que la molestia existe y la gobernanza está sostenida con alfileres.
Basta con ver las muestras de rechazo que ha recibido la administración del alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, no sólo por los comerciantes que se quejan de malos tratos y cobros excesivos, sino de vecinos de diferentes colonias que están desesperados por las pésimas obras realizadas y por la multiplicación de baches que hacen intransitables las calles.
Incluso, no se descarta que en la inauguración de los festejos de los 500 años de la fundación de Tlaxcala se lleven a cabo actos de protesta que empañen la pomposa celebración.
Otro asunto que ha generado inconformidad entre los habitantes de Ocotlán, es la disputa que existe por el control y cobro del servicio de agua potable por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO), misma que enfrenta acusaciones de manejos poco claros, el desvío de recursos y adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad.
El problema no es menor porque entre los vecinos corre el rumor que el ayuntamiento que preside Alfonso Sánchez quiere ejercer dominio sobre la CAPAO, con la intención de disponer de más recursos y controlar el suministro del vital líquido, una acción que los habitantes de esa comunidad no están dispuestos a ceder.
Una situación similar se vive en la comunidad de Santa Anita Huiloac del municipio de Apizaco, donde los ciudadanos optaron por tomar ayer las instalaciones de la presidencia de comunidad para exigir que se solucione el surtido del agua que desde hace días es irregular y con baja presión, lo que impide a las personas desarrollar sus actividades en sus hogares y comercios.
Según los vecinos, el gobierno estatal en complicidad con los alcaldes trata de asfixiar a los organismos operadores del agua potable para que sean ellos los que controlen el cobro y la distribución del vital líquido.
Además de lo anterior, en Apizaco los ciudadanos están cansados de los constantes robos a cuentahabientes que acuden a realizar movimientos bancarios. En los últimos diez días se sabe de al menos cuatro hechos de esa naturaleza, sin que la policía municipal sea capaz de detener a la peligrosa banda que opera con total impunidad.
En el municipio de San Damián Texoloc, los integrantes del Cabildo se encuentran divididos y confrontados, por lo que no se descarta que los regidores emprendan acciones, apoyados por los habitantes para tomar la alcaldía y exigir la destitución del edil David Sánchez Rincón.
De acuerdo con la información disponible, los regidores Salomón Flores Cervantes del PAC y Yamilet Real Cervantes del PRI el alcalde no rinde cuentas y aprobó en lo oscurito con el respaldo de unos integrantes del Cabildo la Ley de Ingresos del municipio correspondiente al próximo año.
Esa acción calentó más los ánimos y no se descarta que en los próximos días los habitantes y algunos regidores cierren la presidencia municipal.
Por lo que corresponde al municipio de Papalotla, los habitantes están cansados de la creciente inseguridad y de la detección de bodegas utilizadas por criminales para llevar a cabo sus actos ilícitos, hecho que según sus comentarios se han multiplicado desde que asumió el control del ayuntamiento, Sergio Lara Muñoz.
El malestar ciudadano contra su alcalde no es un invento y de un momento a otro se podría presentar una protesta o un movimiento para exigir al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros su intervención ante lo que consideran falta de capacidad.
La anticipada sucesión gubernamental ha alterado la gobernabilidad en varios municipios tlaxcaltecas, donde la tranquilidad y la paz está sostenida por delgados hilos que en caso de romperse obligarán a la administración lorenista a intervenir con firmeza y con una buena mano política para solucionar esos conflictos, pues si no lo hace se correrá el riesgo de que los problemas en los ayuntamientos se multipliquen.
Así las cosas en el convulsionado estado.
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