En Tlaxcala no sólo el combate a la corrupción es a cuentagotas, sino que cada vez crece más la sospecha de que la aplicación de la ley contra ex presidentes municipales acusados de malversar millones de pesos es selectiva.
En teoría las 140 denuncias que supuestamente investiga la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en manos de Gustavo Tlatzimatzi Flores se desprendieron de auditorías y revisiones contables realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior, de ahí que si esos análisis financieros dieron para proceder contra ex alcalde de Tlaltelulco, Marco Antonio N. y el ex edil de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, por mencionar dos ejemplos, lo justo sería que otras ex autoridades siguieran el mismo camino.
Como se recordará, el asunto penal de Hildeberto Pérez, alias “El Cachorro”, se resolvió en seis meses, tiempo en el cual se llevó a cabo el juicio que lo declaró culpable de desviar dos millones de pesos y no los casi once millones que se acusó inicialmente.
El caso del ex edil del Partido Verde Ecologista de México que mal gobernó por tres años el municipio de Tlaltelulco es entendible, sobre todo cuando la actual alcaldesa Rocío Meléndez Pluma fue de las pocas que hizo señalamientos de quebrantos en el ayuntamiento y pidió que se aplicará la ley a su antecesor.
Marco Antonio N, fue acusado de desviar más de 45 millones de pesos, sin embargo su aprehensión que se registró el pasado viernes se debió a que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pudo acreditar un desfalco de 4.7 millones de pesos.
El asunto seguramente correrá la misma suerte que el ex presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez, quien recibió una sentencia de seis meses de cárcel y la devolución a las arcas del ayuntamiento de 2 millones de pesos, cuando obviamente el monto de los recursos públicos sustraídos fue mucho mayor.
En pocas palabras al maltratado “Cachorro” le dieron un escarmiento y para que el caso fuera creíble ante la opinión pública lo obligaron a regresar una mínima parte de los fondos del ayuntamiento que supuestamente se llevó.
Dudo que de los 60 ex alcaldes que dejaron sus cargos el pasado 30 de agosto del 2024 sólo sean dos los que deberían enfrentar la ley, porque hasta donde se sabe había por lo menos 15 ex ediles que tenían problemas por no haber justificado la correcta aplicación del erario.
Por ejemplo está el caso de Gustavo Jiménez Romero, ex edil de Chiautempan o de María Anita Chamorro Badillo, ex alcaldesa de Yauhquemehcan o de Marcelino Ramos Montiel, ex presidente municipal de Tzompantepec, sólo por mencionar algunos.
Valdría la pena que Gustavo Tlatzimatzi diera detalles del estado que guardan las denuncias penales y qué explicara por qué algunas sí avanzan y por qué otras siguen guardadas en el archivero de la fiscalía. Y no se trata de pedirle que cometa una indiscreción o que de detalles indebidos de cada una, pero sí que comente porque unas si logran judicializarse y otras no, cuando la base de las denuncias son las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior.
Si ese limitado funcionario alertó al ex director del Cereso de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, sobre una orden de aprehensión en contra, lo cual fue utilizado por ese ex funcionario para darse a la fuga, bien puede ofrecer información precisa y clara sobre las denuncias contra los ex alcaldes y explicar porque no todas tienen los mismos avances.
Porque la percepción que se tiene es que hay una aplicación selectiva de la ley, es decir, hay varios ex presidentes municipales que por no acatar las instrucciones de ciertos personajes de la burbuja lorenista que están siendo hostigados y presionados, lo cual pronto podría salir a la luz pública porque esa acción la consideran una extorsión.
Veremos qué pasa.
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