La salida del coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Gabriel Gutiérrez Morales, abre nuevamente las esperanzas al disminuido Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud, para intentar recuperar el poder que ejerció al inicio del gobierno lorenista, donde disponía de presupuesto, plazas, cargos directivos y la complicidad del sindicato para manejar a su antojo esa dependencia.
A un año de que se concretó la transferencia de servicios médicos del estado a la federación, proceso que en gran medida supervisó y controló Gabriel Gutiérrez pese a las grillas, zancadillas y golpeteo que le lanzó Rigoberto Zamudio, el primer funcionario se despidió de Tlaxcala el pasado fin de semana para asumir una coordinación a nivel federal en el IMSS-Bienestar.
El anterior cambio debilitó y desmanteló a la poderosa Secretaría de Salud en manos de Zamudio Meneses, quien intentó en varias ocasiones apoderarse de la coordinación del IMSS-Bienestar, lo cual nunca concretó pese al respaldo de la mandataria, Lorena Cuéllar Cisneros y del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, quienes en repetidas ocasiones acudieron a oficinas claves de la administración federal para lograr ese objetivo.
El principal obstáculo para que se llevara a cabo lo anterior ha sido Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, quien siempre ha tenido una pésima imagen y referencias de Rigoberto Zamudio como responsable de la Secretaría de Salud de Tlaxcala.
Entre los corrillos políticos se menciona que Robledo Aburto podría dejar en breve su cargo, situación que daría la pauta para que nuevamente se proponga al secretario de salud de la entidad para asumir la coordinación estatal del IMSS-Bienestar, hecho que para muchos sería una pésima decisión porque sí se revisa el desorden, la falta de personal capacitado y preparado que abunda en la dependencia estatal se comprobará que las clínicas y hospitales bajo el control del gobierno federal que medio funcionan bien se convertirán en poco tiempo en un naufragio.
El problema de abasto de medicamentos, materiales de curación y utensilios en hospitales y clínicas se mantiene y ahora esa situación también se ha hecho presente en los módulos dentales donde abundan los odontólogos recomendados, amigos o practicantes, quienes deben pedir a los pacientes que compren gasas, jeringas y hasta los amalgamas que se van a usar para poder ser atendidos.
Lo anterior resulta inexplicable cuando se comenta que la Secretaría de Salud arrastraría en este año un subejercicio superior a los mil millones de pesos, de acuerdo con la información que circula en esa área del gobierno y en la Secretaría de Finanzas.
Dicen que esa situación influyó, entre otras cosas más, para remover de la Dirección Administrativa de la Sesa a Pamela Popocatl Sandoval, quien desde hace unos días maneja las finanzas del Despacho de la Gobernadora.
Por lo pronto sólo queda esperar y verificar si Rigoberto Zamudio puede o no apoderarse de la coordinación de IMSS-Bienestar para recuperar la influencia y poder que antes tenía y que lo convertía en un protagónico funcionario lorenista.
A quién le creemos
Durante la inauguración de las nuevas oficinas que albergan las diferentes áreas de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala se ratificó el discurso oficial de que la entidad es la más segura y que por cuatro meses seguidos se ha reportado una baja en la incidencia delictiva.
Los datos y cifras manejados por la fiscal, Ernestina Carro Roldán, fueron más de lo mismo, pero ninguno que ayude a convencer o dispersar la mala imagen que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en la entidad.
El gobierno lorenista ve una realidad y resultados que el pueblo sencillamente no percibe ni siente.
Si hoy se trabaja mejor y hay avances, la realidad es que esa situación no permea a los ciudadanos y a las ciudadanas que tienen una opinión muy diferente del gobierno estatal, de ahí que quizá las autoridades deberían buscar otra forma y método para vender su discurso oficial que lejos de atraer respaldo provoca molestia y fuertes señalamientos.
Porque lo que se ve no se puede negar.
La obra que anoche se presumió tuvo un costo de 115 millones de pesos y gracias a Ernestina Carro se supo que la misma fue ejecutada por los consentidos constructores poblanos que han concentrado la mayoría de la inversión en obra pública en la actual administración.
Estuvieron presentes y sentados en primera fila. Ahí se vio a Edgar Nava, Sergio Martínez y Pablo Kuri.
Que detallazo.
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