No han pasado ni 15 días de que asumieron sus cargos y los señalamientos contra los nuevos jueces y magistrados que fueron electos en los comicios extraordinarios del pasado 1 de junio se acumulan, evidenciando que ese ejercicio fue una gran simulación porque los que ganaron o no saben de leyes o de plano son corruptos.
Las quejas no sólo han sido para magistrados y sino para algunos jueces que en menos de dos semanas han sido evidenciados por su evidente falta de conocimientos.
Los señalamientos contra el recién electo integrante del Órgano de Administración Judicial, Germán Mendoza Papalotzi, son graves y preocupantes, porque no sólo se habla de corrupción, sino de cómo estarían utilizando su puesto para vender la ley al mejor postor.
Ese abogado que se venía desempeñando como representante del Poder Legislativo en el extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tlaxcala, prácticamente opera una red de corrupción al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que no pasa desapercibida.
El junto con su personal que cobra en el Poder Judicial de Tlaxcala han establecido una cadena de complicidades que el personal del TSJE puede describir y documentar. Cuando a Germán Mendoza le llega un asunto y ha pactado la suma para intervenir, envía a personal a su gente de confianza como a Miguel Ángel Martínez Sánchez, Adela García Sánchez o a Ulises Ramírez Barrientos a los juzgados a fin de tener acceso a los expedientes y saber cómo se encuentra el caso para elaborar los escritos y documentos que se requieran para obtener un fallo que le favorezca a su cliente.
Es decir, utilizarían no sólo su influencia, sino las instalaciones y la infraestructura del TSJE como computadoras y copiadoras para “trabajar el caso”, operación que les ha venido dejado buenos dividendos que se reparten como se haría en cualquier otro bufete de abogados.
Las pruebas de sus supuestos excesos existen y de cómo han utilizado las oficinas para atender asuntos particulares de clientes que los contratan para litigar, lo cual representaría una grave falta que se comete pero que nadie quiere ver y menos sancionar.
Este caso se suma al expuesto la semana pasada contra la magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, Águeda Zempoalteca Pérez, a quien se le acusó de aprovechar su nueva posición para favorecer sus intereses personales y cobrar laudos millonarios.
La abogada se niega a cumplir con el procedimiento de excusa que exigen los artículos 117 al 120 de la Ley Laboral, pues legalmente estaría obligada a no intervenir en los expedientes en los que mantuvo vínculos como litigante.
Zempoalteca Pérez fue representante legal del ex líder de burócratas, Edgar Tlapale Ramírez, personaje que por varios años controló el poderoso Sindicato “7 de Mayo”.
Otra queja tiene que ver con el pésimo desempeño del bisoño e inexperto juez, Yair Castillo Pérez, quien en una audiencia que no supo conducir, ordenó notificar una decisión a la víctima, pero con la salvedad de que ésta ya falleció.
Yair Castillo fue líder juvenil de Morena y su llegada a su cargo como juez se la debe al impulso que recibió de la actual gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.
Alguien deberá poner atención a lo que está pasando en el Poder Judicial de Tlaxcala, porque es obvio que los escándalos de los magistrados y jueces que resultaron electos y que ya entraron en funciones dañarán aún más la imagen del gobierno morenista que prometió que con la elección de esos funcionarios se acabaría con la corrupción y las injusticias.
El fracaso de la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial resultó un fracaso.
Las evidencias y hechos así lo demuestran.
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