Inverosímil la información y postura de los funcionarios lorenistas ante los trágicos hechos registrados en Tlaxcala.
Para ellos no es alarmante, ni preocupante que una organización criminal se haya adentrado a la entidad y abandonado impunemente seis cabezas humanas en el municipio de Ixtacuixtla.
Tampoco resulta delicado que el ex director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, haya sido acusado por un interno de extorsión y otros delitos graves y menos que no hubiera sido detenido para enfrentar la ley, porque como se sabe ahora éste funcionario logró en tiempo récord un amparo que impidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutar la orden de aprehensión en su contra.
Cuando entenderán los funcionarios estatales que los ciudadanos y las ciudadanas no comparten la visión de lorelandia que tratan de vender y que según ellos Tlaxcala destaca por ser el estado más seguro del país y que es un gran atractivo para los inversionistas, pues lo que impera en el ambiente y en la percepción de los tlaxcaltecas es miedo y una gran incertidumbre por los últimos acontecimientos relacionados con el crimen organizado y la enorme corrupción de las autoridades.
El secretario de Desarrollo Económico, el poblano Javier Marroquín Calderón, no sólo minimizó la grave inseguridad que prevalece en la entidad, sino que además mantuvo el hueco y fallido discurso oficial en el sentido de que en Tlaxcala hay una coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales para brindar seguridad, cuando los hechos demuestran que lo anterior ha sido un fracaso porque los delincuentes hacen y deshacen en nuestro territorio lo que quieren y a la hora que se les antoja sin enfrentar ninguna consecuencia legal.
O sino es así, que nos digan qué avances tienen del macabro hallazgo de seis cabezas de personas localizadas en Ixtacuixtla. Cuántas personas están detenidas por ese hecho. Entre las víctimas hay o no tlaxcaltecas. La amenaza del grupo criminal que se atribuyó esa masacre es real o no. En fin, son muchas preguntas que siguen sin respuesta.
Al coordinador de comunicación social del gobierno lorenista, Antonio Martínez Velázquez, le ganó su protagonismo y sólo salió a declarar lo obvio, es decir, el sesudo vocero sostuvo ante los reporteros que ya andan investigando dónde asesinaron a las personas, porque según él eso no ocurrió en Tlaxcala, también dijo que están trabajando en la identificación de las víctimas y por último expresó que están analizando si está o no involucrado el crimen organizado en ese atroz suceso.
Sin embargo, nadie explicó por qué el funcionario tiene detalles de la investigación y por qué habló del caso cuando se supone que la Fiscalía General de Justicia del Estado es autónoma y no depende del Poder Ejecutivo. Será que ese abogado metido a un aprendiz de comunicólogo es un experto investigador CSI (Investigador de la escena del crimen) y que no sabíamos que tenía ese talento o que su enorme deseo de llamar la atención no se está usando para defender a la actual administración estatal, sino para cometer más errores e indiscreciones.
Dudo que la Fiscal Ernestina Carro Roldán o que el celoso y evasivo secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, hayan autorizado tales indiscreciones que sólo demuestran que las autoridades tlaxcaltecas están rebasadas y que un funcionario narcisista los está perjudicando más que ayudarlos.
Y lo comento por qué así como Martínez Velázquez salió a defender al ex director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez, con el pueril argumento de que no se dio la fuga porque está localizable pero amparado, entonces que detalle quién le avisó a ese funcionario sobre la orden de aprehensión que pesaba en contra y cómo le hizo para conseguir la protección de la justicia federal si en teoría la acusación que se hizo está fundamentada porque hay un custodio que sí fue detenido y el principal responsable de ese presunto ilícito es el mencionado ex servidor público.
Si Antonio Martínez anda hablando de más, pues que nos diga qué juez y cuando se emitió la orden de aprehensión y también que nos aclare cuándo y a qué hora el ex director del Cereso de Tlaxcala solicitó el amparo.
Lo anterior para determinar cuántas horas pasaron de un acto jurídico al otro y entonces preguntar qué funcionarios sabían y se enteraron de la orden de aprehensión y deducir quién le pasó el “pitazo” al ex director del Cereso, porque se supone que esa acción que llevan a cabo los elementos de la Policía de Investigación debe guardar secrecía, algo que en este caso no existió porque a leguas se ve que el gobierno lorenista busca proteger a ese servidor público.
Y si voy mal me dicen.
Pero la realidad es que existen muchas dudas.
O no coincide conmigo.
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