Desde que en el sexenio del hacendado gobernador Mariano González Zarur se optó por reducir drásticamente el número de policías estatales, Tlaxcala no ha podido incrementar el número de elementos y conforme pasan los años la entidad se encuentra más acotada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas.
En esa administración se habla que fueron dados de baja entre 800 y 1000 policías estatales, lo que implicó al rancio gobernador obtener ahorros que le permitieron hacer obras y otras acciones para hacer lucir a su administración, la cual fue castigada por el entonces presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto.
El entonces mandatario del país nunca perdonó que en las elecciones del 2012 él no hubiera ganado las votaciones en la entidad (el triunfo lo obtuvo en Tlaxcala, Andrés Manuel López Obrador) y que el PRI hubiera perdido el Senado y dos de las tres diputaciones federales que estuvieron en juego.
Durante la administración de Peña Nieto nunca hubo algún apoyo o proyecto detonante para Tlaxcala, lo que obligó a Mariano González ajustar la nómina y obtener ahorros que le permitieran realizar obras.
Y su pésima decisión de disminuir el número de policías estatales hoy la estamos pagando, porque de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala en la actualidad el aumento anual de número de efectivos desde el 2022 a la fecha apenas si es del 1.5 por ciento.
Lo anterior quiere decir que al año se integran en promedio 30 nuevos policías a la corporación encargada de garantizar la seguridad para más de un millón 300 mil tlaxcaltecas.
Entre el 2015 (cuando había mil 760 policías estatales) y el 2023 la fuerza policíaca estatal ha aumentado apenas 18.4 por ciento, lo que quiere decir que en esos ocho años sólo ingresaron 324 nuevos elementos.
En este año se habla que por turno hay entre 400 y 450 policías en las calles, situación que coloca a Tlaxcala entre las entidades con la menor tasa de elementos, pues en términos reales se tendría menos de un uniformado por cada mil habitantes, cuando lo recomendable es contar tres agentes por cada mil habitantes.
La versión de que Tlaxcala es de los estados más seguros del país es debatible, así como los indicadores que muestran que los delitos van a la baja, porque ni lo uno ni lo otro son posturas creíbles.
Sí Tlaxcala con una fuerza policiaca tan limitada es capaz de contener a los criminales locales y foráneos como se dice y se presume, entonces es innecesario pensar en contratar más policías estatales y municipales, porque al parecer la solución es invertir en tecnología como lo ha hecho la administración lorenista.
De los 8 mil millones de pesos que dice el gobierno estatal que ha invertido en los últimos cuatro años, se desconoce cuántos pesos se canalizaron para aumentar la fuerza policiaca porque cada vez hay menos uniformados cuidando a los tlaxcaltecas y eso es algo que cada vez se percibe más.
Prueba de lo anterior, es que casi siempre los delincuentes que cometen un ilícito en el estado logran escapar impunemente.
O es evidente que ciertos delitos van a la alza, como el huachicol que de mayo a junio de este año reportó un incremento en las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. En Tlaxcala en ese lapso de tiempo pasaron de 109 a 123 carpetas, lo cual revela que los delincuentes operan sin ningún problema.
La inseguridad será un tema inevitable en la sucesión y en las próximas campañas. Difícilmente el gobierno saldrá bien librado, al contrario seguramente será cuestionado y señalado porque está claro que los ciudadanos y las ciudadanas no están contentos con los supuestos logros alcanzados.
El pasado domingo durante la visita del líder nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, éste aprovechó para criticar a la administración lorenista a quien acusó de recurrir a funcionarios foráneos que desconocen la realidad del estado para gobernar, lo cual desplazó a los tlaxcaltecas.
El golpeteo al gobierno de Lorena Cuéllar será permanente.
Lo malo es que ningún morenista o lorenista sale a defender a la actual administración.
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