Por qué ocultar los nombres.
Por qué no transparentar el proceso de entrega de futuras notarías en Tlaxcala.
Por qué el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, no abre el proceso al escrutinio público.
Esas y otras preguntas más surgen en torno al arranque del curso que la consultora “Evaluare Expertos en Políticas Públicas S. A de C.V inició ayer con los aspirantes a convertirse en nuevos fedatarios.
Luis Antonio Ramírez se comprometió a dar información sobre los nombres de los aspirantes antes de que comenzara el mencionado curso que tuvo un costo de más de 69 mil pesos, sin embargo una vez más faltó a su palabra porque es la hora que nadie sabe cuántos abogados y abogadas están registrados y si todos cumplieron con los requisitos de la convocatoria que se difundió a principios de este mes.
Los nombres siguen siendo un misterio, porque mientras unos aseguran que la actual titular de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, ya no sigue en el proceso, otros avanzan como Arturo de Casa Vega, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como Max Hernández Pulido, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y responsable del C5i, el ex consejero Jurídico del gobierno de Tlaxcala y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Miguel Sánchez Ramírez y el Consejero Jurídico de la administración estatal, Rubén Terán Águila.
A esa lista se debe agregar a Iván García Juárez, procurador de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y al ex Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, el morelense Noé Hernández Rojas.
Hace unos días exprese que el proceso para evitar señalamientos, acusaciones y probables actos de favoritismo debería ser transparente, legal, claro, preciso y nítido, sin embargo no es así lo que pone en evidencia la incongruencia del encargado de esa responsabilidad que no es otro más que el poderoso secretario de Gobierno.
Urge que el gobierno lorenista informe sobre la entrega de próximas notarías, porque también existen muchas especulaciones si sólo se designarán a los encargados de las dos vacantes o si se tiene considerado nombrar también al reemplazo del fedatario Raúl Cuevas Sánchez, quien falleciera el pasado fin de semana, junto con la patente que está en proceso de cancelación a Alejandro Moreno Morales, cuyo proceso administrativo no se sabe si ya concluyó con un fallo definitivo.
Existe el rumor que la administración de Lorena Cuéllar pretende crear las notarías número 4 en Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco y San Pablo del Monte, con lo cual se incrementaría la cantidad de patentes que se pretenden asignar en los siguientes meses.
Por lo pronto no queda más que esperar y ver hasta cuándo se dará la información precisa sobre ese procedimiento que de seguir así será tan cuestionado como el que en su momento llevó a cabo el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz que beneficio a familiares, amigos y recomendados.
Primero la hizo de comparsa y ahora le sale lo crítico
Los organismos empresariales de Tlaxcala no sólo son chafas, sino que en términos reales no representan nada más que a un “Club de Tobi” que siempre busca congraciarse con el poder para obtener negocios, una chamba dentro de la administración o un privilegio.
Resulta incongruente que el presidente de la Coparmex de Tlaxcala, César Reyes Chávez, salga a quejarse de problemas como la extorsión, cobro de piso y de otros delitos cuando llevan años siendo porristas de los gobernadores, tanto que el penúltimo ex dirigente de ese organismo, Noé Altamirano Islas, fue designado secretario de Trabajo y Competitividad en la administración lorenista, distinguiéndose por sus nulos resultados y logros.
El problema de la inseguridad en Tlaxcala no es nuevo y lleva meses y años golpeando indiscriminadamente a todos los sectores de la sociedad, por lo que ahora no se explica uno el porqué de los señalamientos de la Coparmex cuando ha callado ante los asesinatos de empresarios, ante los secuestros, ante la presencia de comandos armados que han robado negocios y domicilios y ante la ineficiencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, quien ha sido protegido por los diputados para no comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado.
Se veía mejor la Coparmex cuando permanecía callada y siendo un organismo de adorno, porque ahora que quiere verse crítica sencillamente nadie se lo cree.
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