Los procesos de fiscalización se están convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza para algunos funcionarios lorenistas y presidentes municipales que no saben cómo solventar las observaciones y los señalamientos de presunto daño patrimonial.
En el caso de los ex presidentes municipales de la entidad, éstos se han visto obligados a llevar a cabo una buena esgrima legal para evitar no sólo ser sancionado con cárcel, sino a regresar a los ayuntamientos que gobernaron importantes sumas de recursos públicos que fueron observados.
Las revisiones contables de los entes fiscalizables siguen y el proceso para solventar las observaciones de los auditores ha concluido, de ahí que ya se están trabajando los dictámenes correspondientes a fin de determinar qué cuentas públicas serán avaladas y qué cuentas públicas serán reprobadas por los actuales diputados y diputadas locales.
Las actuales administraciones municipales la están pasando mal porque sus primeros meses arrojan muchos errores e inconsistencias en su operación y gasto que, si bien no representan actos de corrupción, sí se trataría de movimientos contables irregulares que serán señalados y observados.
Otros que también están enfrentando ciertos problemas, son los ex presidentes municipales que han tenido que litigar sus asuntos en los ministerios públicos y en juzgados estatales y federales para defenderse y demostrar su inocencia en las acusaciones de presuntos actos de corrupción.
Jorge Corichi Fragoso, actualmente funcionario de la Secretaría de Economía del gobierno federal, no ha dejado de atender legalmente su proceso que se le sigue como ex alcalde capitalino de Tlaxcala.
Cuentan que poco a poco ha ido ganando en el terreno jurídico y en el contable, al grado que el monto que se le documentó de presunto daño ha disminuido sustancialmente. Además estaría por ganar el asunto penal que la Fiscalía General de Justicia del Estado le inició luego de recibir la denuncia que presentó el Órgano de Fiscalización Superior.
Otro que también anda movido es el ex alcalde de Contla y ex tesorero del ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, Eddy Roldán Xolocotzi, quien no sólo está siendo requerido para solventar y justificar el destino de recursos de su administración como edil, sino cuando manejó los fondos del segundo municipio y que estarían relacionados con la construcción de un puente.
Los que saben del tema de la fiscalización y las denuncias penales relacionadas con las pasadas administraciones municipales aseguran que si bien el año pasado se aplicó la ley a Hildeberto Pérez Álvarez, entonces alcalde en funciones de Zacatelco a quien se le acusó de malversar más de 10 millones de pesos, hoy corre el rumor que no sólo un ex edil podría correr la misma suerte, sino una alcaldesa en ejercicio del poder que en su pasada feria organizó un espectáculo para varones con mujeres semidesnudas, evento que le valió una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, instancia que al parecer tiene mucho interés en integrar y proceder en su contra.
Los detalles de la denuncia que habría sido presentada por el Órgano de Fiscalización Superior no se conocen, pero lo que es un hecho es que ésta existe y que el personal de la fiscalía sí busca concretar como si fuera una consigna.
Veremos qué pasa en los próximos días.
El desgaste de los actuales alcaldes
A casi diez meses de que asumieron sus funciones los presidentes municipales en Tlaxcala, algunos han empezado a enfrentar la molestia de sus gobernados por diferentes razones.
En Apizaco los comerciantes informales salieron ayer a las calles para demandar atención y el cumplimiento de los ofrecimientos que recibieron por parte del edil morenista Javier Rivera Bonilla, quien si no se aplica en ese asunto y en otros más seguramente no tardará en enfrentar la inconformidad de los locatarios del mercado municipal que también se sienten marginados por el ayuntamiento.
En San Pablo del Monte los ciudadanos y dueños de comercios se organizaron y al parecer frenaron la política de regularización de negocios que emprendió la alcaldesa verde ecologista, Ana Lucia Arce Luna, pues ayer prácticamente obligaron al secretario del Ayuntamiento, Alejandro Martínez Sánchez, a retirar los sellos de suspensión, con lo cual la autoridad municipal cedió a la presión de los habitantes.
En ese municipio del sur de la entidad ha venido creciendo el malestar hacia la alcaldesa que ha enfrentado muchas dificultades para poner orden en el ayuntamiento.
En otros como en San Lucas Tecopilco la inconformidad contra la presidenta municipal va en aumento, debido a la prepotencia y arrogancia de la familia de la alcaldesa Guadalupe García Cervantes.
El pasado fin de semana se supo que el hermano de la munícipe agredió físicamente a un joven de 17 años, sin embargo el familiar fue protegido y no fue detenido por la policía municipal, hecho que generó molestia entre los habitantes que sólo esperan el pretexto para mostrar su inconformidad contra su autoridad.
Por lo que se ve sólo es cuestión de tiempo para que los presidentes municipales y las presidentas municipales empiecen a enfrentar problemas.
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