Una ejecución que no puede quedar impune y sin resolver, es el asesinato de Óscar Luna Capilla, director administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala (Cecyte).
La mañana de ayer el funcionario lorenista fue acribillado por dos sujetos en el barrio de San Cosme del violento municipio de San Pablo del Monte. Su cuerpo quedó sobre la calle Morelos Norte esquina con Melchor Ocampo.
El artero crimen sucedió a las siete de la mañana. Las autoridades tlaxcaltecas sólo se limitaron a confirmar el homicidio doloso perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes después de disparar sus armas de fuego huyeron del lugar ante la ineptitud de los policías municipales y estatales que, supuestamente mantienen, un mando coordinado en San Pablo del Monte para disque mejorar la seguridad.
Las horas pasaron y como suele suceder, el gobierno estatal apostó al silencio y a que el hecho se perdiera conforme avanzaran las horas y surgieran nuevas noticias, pero no faltaron las dudas y las interrogantes que rodean ese crimen, pues al parecer la víctima era un político que buscó ser presidente municipal de San Pablo del Monte y diputado local por Morena que, ante su fracaso, terminó como funcionario lorenista en la actual administración estatal.
Aunque algunos no descartaron que su ejecución pudiera estar relacionado a rencillas personales por el carácter explosivo del político, también corrió el rumor de que el hecho pudiera vincularse a una relación extramarital, sin embargo otros aseguran que el homicidio tendría que ver con el desempeño de su trabajo y la información que tenía sobre arreglos con proveedores y ciertos funcionarios encargados de las compras del gobierno estatal.
En los últimos tres años y nueve meses Óscar Luna fue responsable del área administrativa de varias dependencias estatales como la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala y últimamente en el Cecyte, curiosamente donde se han detectado anomalías financieras y presuntos actos de corrupción.
Dicen que su rotación de una dependencia a otra en gran parte se debió a que el contador siempre terminaba enterándose de supuestas anomalías en las compras y en la contratación de algunos servicios a cargo de la poderosa y rejuvenecida Edna Oded Pérez García, encargada de la Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios de la Oficialía Mayor de Gobierno, a quien por cierto le han venido acotando últimamente su margen de maniobra e influencia con los proveedores que han recibido la instrucción de reportarse en otra oficina más importante dentro de gobierno estatal.
No es la primera vez que un funcionario tlaxcalteca relacionado con las compras y proveedores es asesinado. En agosto del 2016 se supo que Jorge Capiz Jasso, director de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno de Tlaxcala, fue localizado sin vida en el Estado de México.
Se trataba de un funcionario cercano al entonces gobernador priista Mariano González Zarur.
En el 2014 también se conoció que fue asesinado el ex secretario de Finanzas del gobierno de Tlaxcala, Andrés Hernández Ramírez. Su jefe fue el hoy ex mandatario estatal y diputado local, Héctor Israel Ortiz Ortiz.
La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala tiene muchos pendientes, pero para evitar especulaciones, rumores u otros problemas, deberá aplicarse y resolver la ejecución de Óscar Luna, para lo cual es urgente e indispensable que presente no sólo a los autores materiales del crimen, sino al autor intelectual en caso de que éste exista.
Las autoridades deben estar preocupadas por este artero crimen. No es posible que ahora no puedas salir de tu casa sin el riesgo de que en la calle te estén esperando algunos sicarios a quienes se les haya ocurrido asesinarte sólo porque decidiste caminar.
En San Pablo del Monte hay varios homicidios que no se han esclarecido y siguen impunes, como es el caso de Brenda N., quien falleció a finales de abril tras recibir un balazo al participar en una protesta contra la policía que rescató a unos presuntos delincuentes de ser linchados por los habitantes del barrio El Cristo de ese violento municipio.
La respuesta del gobierno estatal sobre el asesinato de uno de sus funcionarios debe ser contundente y aclarar el hecho.
Es lo mínimo que puede hacer.
O no.
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