Los intentos para reducir la carga de recursos públicos que se destinan para mantener operando el Congreso del Estado han fracasado hasta ahora.
Aunque es falso que cada uno de los legisladores tlaxcaltecas implique un gasto de 16 millones de pesos al año como lo manejó el vocero del gobierno lorenista, Antonio Martínez Velázquez, tampoco se puede decir que están mal pagados porque en la actualidad cada diputado o diputada se embolsa mensualmente entre 200 mil y 250 mil pesos.
En esa cantidad se incluyen los fondos públicos que manejan los diputados y las diputadas para ofrecer apoyos a los ciudadanos y a las ciudadanas, algo que no todos hacen y llevan a cabo.
En términos reales cada uno de los 25 legisladores locales se embolsa al año entre 2.5 y 3 millones de pesos, cantidad que resulta más que atractiva y que representa un sueldo que muy pocos tlaxcaltecas pueden cobrar hoy en día.
Muchos de los actuales diputados y diputadas son privilegiados, porque al menos nueve fueron reelectos por un periodo más, aunque hay una legisladora como es Maribel León Cruz que está por completar nueve años como representante popular en Tlaxcala.
La propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de sacar adelante un plan “B” de la reforma electoral para reducir el costo de los Congresos estatales y de los ayuntamientos resulta administrativamente viable, pero políticamente complicada por las implicaciones que traerá esa medida que ayuda a la gobernabilidad.
En Tlaxcala en el 2015 el gobierno del priista Mariano González Zarur promovió una reforma para disminuir de 32 a 25 el número de integrantes del Poder Legislativo, lo cual se concretó pero en términos económicos no implicó ningún ahorro para las finanzas del Poder Legislativo o para el pueblo, porque el presupuesto destinado al Congreso local nunca se ajustó a la baja.
Prueba de lo anterior es el presupuesto (Más de 408 millones de pesos para el 2026) que han manejado las últimas cuatro legislaturas, en donde se procura que los representantes populares disfruten de una dieta muy buena que les permite darse lujos, mantener una buena vida y verse como los nuevos ricos y miembros de la clase política.
La pregunta que flota en el aire es si los actuales diputados y diputadas de Tlaxcala estarán dispuestos a aceptar que se les reduzcan sus ingresos para el siguiente año, cuando aún les quedan 8 meses para que concluyan sus cargos.
En lo personal creo que los legisladores tlaxcaltecas analizarán y meditarán muy bien los alcances que la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena intentarán imponer para reducir el costo del Congreso del Estado, de ahí que no será una decisión fácil o que se aprobará sin complicaciones en el estado.
Los diputados de Morena y sus aliados si bien ganan muy bien, tampoco tienen lo que manejaron y dispusieron los legisladores del partido guinda en la última legislatura local que también concluyó con el gobierno del priista Marco Antonio Mena Rodríguez.
Los recursos públicos que reciben los representantes populares sirve como un control político no sólo para los integrantes de la bancada mayoritaria como es Morena, sino para los aliados como el PT y el PVEM, así como de otras fuerzas políticas locales como el PAC, Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.
Me parece que la propuesta de la presidenta Sheinbaum está elaborada al vapor y no considera varios puntos importantes que tienen que ver con los criterios propios de operación de los Congresos estatales con los cuales se garantiza la gobernabilidad que requieren los mandatarios estatales para ejercer el poder sin complicaciones y sin tener en contra al Poder Legislativo.
En fin, habrá que ver qué sucede.
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